Comunicado: Los otros puntos negros de la DGT

En los últimos días se suceden las informaciones en la prensa acerca del último escándalo de la DGT, las

 

conversaciones entre la subdirectora adjunta de conocimiento vial y el presidente la CNAE. La reacción por

 

parte de María Seguí, la Directora General «provisional», consiste en intentar escurrir el bulto haciendo gala de

 

su habitual falta de autocrítica. Ante una situación de tal gravedad (que salpica incluso a su marido), se nos

 

remite a una investigación interna sobre irregularidades de las que ya había indicios y denuncias desde hace

 

tiempo, sin tomar por el momento ninguna medida ni judicial ni disciplinaria contra la responsable de lo

 

ocurrido.

 

Lamentablemente, los trabajadores de la DGT nos empezamos a acostumbrar a este tipo de revuelos. Por

 

ejemplo, hace aproximadamente medio año aparecía en los medios que al marido de la Directora General se le

 

investigaba por falsificación de firma en la documentación de unos cadáveres usados en un proyecto de estudio

 

sobre el efecto de los accidentes de tráfico. El asunto adquirió tintes grotescos cuando se publicaron fotos de la

 

propia María Seguí manipulando los cuerpos sin usar la vestimenta reglamentaria en este tipo de tareas.

 

El negocio de la DGT

 

La máxima responsable de la DGT también rehuye afrontar las responsabilidades de su gestión respecto al

 

ascenso del número de víctimas mortales por accidentes de tráfico. El problema lo constituye, según ella, el uso

 

de las carreteras convencionales y vehículos con demasiada antigüedad. Es decir, la solución pasa

 

necesariamente por el negocio de empresas externas a esta dirección general.

 

Las situaciones descritas no constituyen hechos aislados, sino que responden a la forma de entender la

 

seguridad vial como un negocio que María Seguí ha hecho patente desde que ostenta el cargo. Por ello, si se

 

indaga en aspectos menos mediáticos de su gestión no extraña que el proceso de privatización de las funciones

 

de este organismo se haya acentuado en los últimos años. Los beneficiarios de todo este proceso son las

 

entidades privadas que gravitan alrededor de la DGT: centros médicos, gestorías, autoescuelas o desguaces, a

 

los que el ciudadano tiene que pagar por hacer uso de un servicio que debería ser público (sin dejar, eso sí, de

 

abonar las pertinentes tasas a través de otros beneficiados, los bancos). A estos elementos tenemos que sumar

 

ahora empresas como Indra, a las que han sido encargadas la realización de los nuevos sistemas informáticos.

 

Estas tareas podrían haber sido realizada por el cuerpo de técnicos informáticos que ya posee el organismo pero

 

se ha elegido pagar cantidades astronómicas por nuevas aplicaciones que, como estamos comprobando en

 

nuestro trabajo diario, dejan mucho que desear.

 

Pero todo esto no acaba aquí, continua con la subcontratación de los trabajadores que se dedican a la seguridad,

 

limpieza o mantenimiento informático. Las empresas ganan los concursos y, una vez conseguido el dinero por

 

parte de la administración, impagan sistemáticamente a sus empleados, que en algunos casos no tienen ni

 

siquiera derecho a la subrogación. Desde la Dirección no se hace ningún seguimiento del cumplimiento de lo

 

firmado por parte de estas empresas respecto a las jornadas laborales y cotizaciones de trabajadores que llevan a

 

cabo sus tareas en las jefaturas provinciales. Por otra parte, las obras de acondicionamiento y reforma de las

 

jefaturas presentan concursos con falta de publicidad y presupuestos que exceden en mucho lo que los

 

trabajadores de la DGT estimamos que debería ser su costo.