DD.HH. Derecho a la paz: La herencia a Petro…
Gustavo Petro asciende al palacio de Nariño con el bulto de una herencia deshonrosa en el marco de derechos humanos, producto del manejo y las resultas históricas de un conflicto armado interno de al menos seis décadas, y de un proceso de paz que impacta la realidad regional y gravita en el tablero geopolítico mundial. (1).
Hay que recordar que el derecho a la paz comporta el principio 152 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, 60/1: “Reafirmamos que los Estados Miembros han conferido al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, actuando en su nombre, de conformidad con lo dispuesto en la Carta”. (P.35). (2).
Con base en este principio, las garantías del elemental derecho humano a la vida, contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), firmado por el Estado colombiano el 21 de diciembre de 1966 y ratificado el 29 de octubre de 1969, siguen constituyendo un desafío que no ha cesado con la firma del Tratado de Paz de 2016. (3).
El informe más reciente de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/49/19, emitido el 25 de febrero de este 2022, confirma en su ítem III, “Seguridad y derechos humanos” la urgencia de frenar las masacres en Colombia. (4).
“El ACNUDH recibió información sobre 100 casos de posibles masacres en 2021, de las cuales ha verificado 78 casos (…). En las 78 masacres verificadas se han registrado 292 víctimas (…).Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca”. (P.6). (4).
Sin embargo, en lo que va de 2022, de acuerdo al Observatorio de DDHH, conflictividades y Paz (Indepaz) del pasado 31 de julio–depaz.org.co- en su “corte al 01 de agosto de 2022”, contabilizó un total de “58 masacres”, con “205 víctimas”. (5).
A este respecto, el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, en su balance 5, “Paramilitarismo, balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico”, alertaba que “los múltiples y diversos fenómenos de privatización de la violencia y la seguridad en Colombia, han impedido la consolidación del Estado en los territorios y actualmente son una amenaza para la implementación de la paz. En 40 años, los grupos paramilitares fueron responsables de 21.000 asesinatos”. (sic). (s/n). (6).
Esa cifra contrasta con las emanadas por la Comisión de la Verdad. Según news.un.org del 14 de julio pasado, en el marco del conflicto armado hubo “50.770 secuestros, 121.768 desapariciones, 450.664 asesinatos y 7,7 millones de personas desplazadas”. (sic). (s/n). (7)
Por tanto, no es de extrañar el reciente Informe de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU en Colombia, “Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el nuevo gobierno”, publicado por prensarural.com este 27 de julio, que refiere se hizo basado en “la Observación directa (…)” y “la documentación de la situación de DD.HH en los lugares más afectados del país”. (s/n). (8).
De este informe destacan los puntos 7 y 8: “7. A pesar de los esfuerzos del Estado, la respuesta predominantemente militar para combatir estos grupos no ha logrado frenar su expansión y la violencia que generan. Además, la debilidad del estado de derecho y de alternativas de desarrollo en los territorios afectados por la violencia ha exacerbado la situación”. (s/n). (8).
“8. Las comunidades afectadas denuncian un abandono estatal y la ausencia o limitada presencia de autoridades estatales civiles para enfrentar esta situación. En varios territorios, la desconfianza en el Estado crece y en algunos casos se han denunciado hechos de connivencia de autoridades con actores armados no estatales”. (s/n). (8)
El informe ofrece en sus ítems 11, 12 y 13, recomendaciones sustantivas para conducir la situación, que como lo han advertido investigaciones científicas con anterioridad (9), desborda la realidad nacional, con el riesgo de generar un perfil de lo que en DD.HH se denomina la “responsabilidad de proteger” (R2P). (8). (9).
Garretón, R. en su artículo científico “El concepto de la responsabilidad de proteger”, advierte que la primera dimensión de éste es “la prevención y el agotamiento de las opciones preventivas antes de abordar una intervención (…)”. (P.6). No obstante, en Colombia hace años se conoce de este riesgo. (10).
Duro, R., advertía en 2002 en su artículo científico “Plan Colombia o la Paz Narcótica”: “La Colombia del nuevo siglo enfrenta graves retos (…).Los fenómenos que configuran la actualidad nacional más dramática (conflicto armado, crisis económica, narcotráfico, violación de los derechos humanos, migraciones ilegales, corrupción), despiertan cada vez mayor interés en una Comunidad Internacional que, liderada por Estados Unidos, coincide en afirmar que la situación del país pone en riesgo la estabilidad regional y mundial”. (P.89). (11).
La docente de la Universidad de Externado en Colombia, avizoraba que “la solución de los problemas que aquejan al país desbordará las fronteras domésticas para involucrar con mayor intensidad a los distintos actores del sistema mundial que se sienten amenazados por ellos. Colombia tendrá que definir si esa creciente intervención en sus asuntos internos le sirve para preservar sus intereses como Nación o sí, por el contrario, agudiza y profundiza una situación de por sí crítica”. (P.89). (11).
Esta es pues, la herencia que recibe Petro: Una situación llena de matices (12) para el mundo interconectado en el que vivimos. Los ojos de América Latina y el resto del mundo miran Colombia.
Referencias:
3. https://indicators.ohchr.org/
5. https://indepaz.org.co/
6. http://www.
7. https://news.un.org/es/story/
8. https://www.prensarural.org/
9.https://www.google.com/
11. https://revistas.uexternado.
*Ramaris Vásquez, periodista especializada en Derechos Humanos.
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