DD.HH. Colombia: Desaprender la guerra
En los derechos humanos (DD.HH.) la paz lleva la guerra como anverso, nacidos como reza la Declaración Universal de los DD.HH en su preámbulo, “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” (tras dos guerras mundiales devastadoras) y de que se tuviera “un régimen de Derecho” que concitara estos haberes a la humanidad. (1)
Sin embargo, la conflictividad es una constante en la vida humana. En América Latina, Colombia ha batido el triste récord de tener el conflicto armado interno más añejo del continente americano y, ahora, ante la reciente emisión del Informe final de la Comisión por la Verdad y los cambios políticos en Bogotá, es imprescindible iniciar el proceso de desaprender la guerra en el país suramericano, para poder ejercer el derecho a una paz que persista. (2).
En consonancia, Latinoamérica ha de reaprender -en la evolución imprescindible hacia una paz duradera en Colombia y la región- nuevos modos de relacionamiento y esfuerzos pacíficos frente a este proceso. La Comisión del Esclarecimiento de la Verdad (CEV) -en ohchr.org-, ha expresado su preocupación respecto a la superación real del conflicto en Colombia: “Sin verdad, la reconciliación no es posible. Sin reconciliación, el riesgo de repetición sigue siendo real”. (3).
En este contexto, esa instancia -que viene a ser una de las tres instituciones que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y No Repetición creado en virtud del acuerdo de paz colombiano de 2016- concluye: “El apoyo de la Oficina de DD.HH. de la ONU en este ámbito continuará, incluso para el Comité que supervisará la implementación de las recomendaciones de la Comisión”. (3).
No es tarea fácil. Este 1 de julio, bbc.com publicó datos espeluznantes del Informe Final de la CEV presentado recientemente en Colombia: “450.664 homicidios fueron reportados entre 1985 y 2018” y “de acuerdo con la CEV, el 80% de esas víctimas fueron civiles desarmados”. (sic).(s/n).(4).
De acuerdo a bbc.com, que cita el proyecto JEP-CEV-HRDAG, los responsables de estos homicidios fueron: “45% paramilitares; 21% FARC-EP, 12% agentes del Estado; otro 9%, múltiple 6%, ELN 4% y otra guerrilla 2%”. De ellos, bbc.com expone que “91% de los muertos fueron hombres por un 9% de mujeres”. (4)
Por su parte, el diario estadounidense The New York Times, en reportaje firmado por Julie Turkewitz, y Genevieve Glatsky, develó que –presuntamente- documentos desclasificados obtenidos por este medio de comunicación y sumados al informe de Colombia, confirmarían que durante años “Washington creía que el ejército colombiano estaba involucrado en ejecuciones extrajudiciales y que trabajaba con paramilitares de derecha” y, aun así, “continuó profundizando su relación con las fuerzas armadas”.(sic). (s/n). (5).
Esta fuente asegura que “el informe fue muy crítico con la estrategia de seguridad que dominó en el país durante décadas —que, según sus autores, trataba como enemigos internos a gran parte de la población— y pidió una transformación amplia de la policía y el ejército”.(sic). (s/n). (5).
Esa experiencia en torno al informe del caso colombiano, da valor estratégico al artículo 8, numeral 1, de la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz (2010): “Las personas y los pueblos tienen derecho a recibir y a acceder a una información procedente de diversas fuentes y sin censura, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, con el fin de no verse manipulados a favor de objetivos bélicos o agresivos”. (sic). (6).
También son de gran valía los esfuerzos de las partes que trabajaron en la emisión del Informe de la Verdad, como proceso vital para recuperar la memoria, de cara al ejercicio del derecho internacional humanitario y de los DD.HH. En 2020, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de la ONU, Fabián Salvioli lo advertía en ohchr.org: “Proteger y acceder a los archivos es otro elemento clave”. (7).
Salvioli recalcaba que, en situaciones como éstas, la recuperación de los archivos se enfrenta a la “militarización de la memoria”, que –como lo publicara en ohchr.or el 5 de octubre de 2020- “supone la tendencia creciente a manipular información y la memoria en detrimento de las víctimas, así como para estigmatizar a determinadas comunidades y propagar el discurso de odio que alienta la violencia”. (sic) (s/n).(7).
Efectivamente, reconstruir los hechos y establecer responsabilidades en procesos de búsqueda de concordia es esencial. ¿En qué contribuye remover el pasado y presentar las heridas de la guerra? Salvioli lo explicaba así: “El reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario es vital para devolver la dignidad a las víctimas y permitir que la sociedad recupere la confianza, y para avanzar hacia una cultura de paz”. (sic) (s/n). (7).
Por ello, el relator exhortaba a “los Estados a todos los niveles” a garantizar “un acceso sin restricciones a archivos documentales” y a la ONU, a “establecer procedimientos para compartir sus propios archivos, lo que es importante para poder aclarar el pasado de muchas sociedades, ayudando de ese modo a hacer cumplir el derecho a la verdad”. (7). Es decir, no hay paz sin dignificar a la víctima, sin el cese de la violencia, y sin la reparación de los daños.
La revelación de responsabilidades durante el conflicto armado en Colombia exige de los actores involucrados en la búsqueda de garantías para la paz, un alto nivel de humanidad y acompañamiento internacional estratégico para asegurar verdad, justicia, reparación y conclusión del conflicto, pasando por una profunda transformación del estamento estatal y demás medidas para la no repetición de los hechos. Es el camino a desaprender la costumbre de vivir en conflicto.
¿Se puede desaprender la guerra? Sí. ¿Luce quijotesco? El camino hacia la paz –que no es solo ausencia de guerra- es duro, pero cabe recordar que depende de todos los sectores nacionales para llegar a buen término. Los recientes resultados electorales en Colombia develan–a gritos- la búsqueda de una paz con justicia social.
Por lo pronto, el nuevo mandatario colombiano, Gustavo Petro, dejó una estela de concienciación al respecto cuando recibió de manos de Francisco de Roux, director de la Comisión de la Verdad, el capítulo sobre las recomendaciones (“de casi 600 páginas”), de acuerdo a declaraciones publicadas por espectador.com el 28 de junio pasado. (8).
Petro afirmó: “Creo que este esfuerzo que se entrega al país no puede ser considerado como un espacio de venganza, como su extensión de las mismas armas vueltas palabras, ideas, concepciones e interpretaciones de lo que ha acontecido”. (8).
Visto en la praxis, el caso colombiano enarbola el valor del trabajo alcanzado en la Declaración de Santiago sobre el derecho a la paz. En su artículo 2, numeral 1, el documento ofrece la llave para abrir la conciencia y las mentes a principios que deberían hacerse vinculantes para toda la Comunidad de Naciones: “La educación y socialización por la paz es condición sine qua non para desaprender la guerra y construir identidades desligadas de la violencia”. (6).
Finalmente, cada ser humano da de lo que tiene.
Referencias:
1.- http://www.ohchr.org/english/
https://www.un.org/
3. https://www.ohchr.org/es/
https://www.cinep.org.co/es/
4. https://www.bbc.com/mundo/
https://www.bbc.com/mundo/
5. https://www.nytimes.com/es/
https://www.nytimes.com/es/
7. https://www.ohchr.org/es/
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