Ante las informaciones aparecidas en el diario El País sobre la gestión del gobierno autonómico de la crisis sanitaria en las residencias de mayores de nuestra comunidad

La información publicada hoy por El País, una serie de correos electrónicos entre el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero y su homólogo en Sanidad Enrique Ruíz Escudero, tan solo confirman una realidad que hemos venido denunciando durante prácticamente toda la crisis sanitaria. Que la gestión de la emergencia en las residencias de mayores por parte del gobierno autonómico se ha caracterizado de forma dramática por la dejadez y la negligencia.

Desde las primeras semanas, el desdén se hizo presente en la actitud del gobierno autonómico. El ejecutivo de Díaz Ayuso rechazó la ayuda ofrecida por parte de la vicepresidencia del gobierno, no aceptando siquiera el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias contra el criterio de su propio consejero[1]. Cuando los dramáticos efectos de la epidemia se empezaron a hacer patentes en estas residencias, se negó a asumir su medicalización, llegando a retirar las competencias a la Consejería de Políticas Sociales[2], entregándosela a Sanidad y creando un grupo externalizado para gestionar la situación en el que se nombró a Encarnación Burgueño[3], de la cual no volvimos a tener noticias jamás, para coordinarlo.

No mucho más tarde, usuarios y familiares de numerosas residencias comenzaron a denunciar hechos dramáticos, como la recomendación explícita a los familiares de trasladasen a los residentes a otros domicilios, o la negativa de centros hospitalarios a atender a personas alojadas en los centro de mayores[4].

Desde nuestro grupo parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida, se aprovecharon los escasos medios permitidos por la actividad parlamentaria reducida para exigir información y medidas al gobierno autonómico. Primero haciendo uso del registro, y mediante preguntas al gobierno cuando se volvió a permitir la celebración de sesiones reducidas. Paloma García, portavoz en la Comisión de Políticas Sociales[5], y Vanessa Lillo, de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Sanidad[6], insistieron en las escasas sesiones de las comisiones celebradas, en que el gobierno clarificase la situación, explicase las órdenes dadas a residencias y hospitales, y acometiese la medicalización de residencias, exigida incluso por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en varias ocasiones desde el 21 de abril[7].

Así mismo, desde el ámbito municipal, los grupos de Izquierda Unida y las confluencias en las que participa, han denunciado en innumerables ocasiones las situaciones concretas de las residencias locales, no recibiendo ninguna reacción por parte del gobierno autonómico.

La respuesta, el silencio y la opacidad en un primer momento, y, después, los juegos de despiste y acusaciones al gobierno central evadiendo su propia responsabilidad (actitud que la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso mantiene de forma insistente y machacona).

Finalmente, la situación llevó a que todos los grupos de oposición exigiésemos una Comisión de Investigación para esclarecer, hasta sus últimas consecuencias, los hechos tras la gestión de las residencias durante la epidemia de Covid-19[8].

En las últimas semanas, la salida a la luz de protocolos remitidos desde el gobierno autonómico a los centros hospitalarios, han evidenciado y confirmado los peores temores que se han mantenido durante la crisis sanitaria: que el ejecutivo dio indicaciones explícitas para que los centros hospitalarios no atendiesen a los residentes en centros de mayores[9].

Mientras tanto, el gobierno de Isabel Díaz, demasiado ocupada en su labor de oposición al gobierno central y en sus ataques obsesivo a nuestra confluencia. El dramático relato de los acontecimientos evidencia que, por acción, dando órdenes para que no se atendiese a los residentes, y por omisión, rechazando la ayuda del gobierno central al que no cesaba de atacar y no poniendo en marcha la medicalización de las residencias sobre la que tenía responsabilidad, muestran un nivel de, en el mejor de los casos, negligencia que no permite más que exigir la inmediata dimisión del consejero de Sanidad Enrique Ruíz Escudero, de la presidenta del gobierno autonómico, Isabel Díaz Ayuso, y la puesta en marcha inmediata de la Comisión de Investigación que permita esclarecer todo los detalles sobre los acontecimientos.