Colombia. Wola: “ESMAD tiene historial atroz de violaciones a DD.HH.”
En el marco de la situación que vive Colombia, la Oficina de Washington para América Latina (Wola, por sus siglas en inglés) advierte que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Colombia “no debe recibir asistencia de Estados Unidos”, puesto que “tiene un historial atroz de cometer graves violaciones de los derechos humanos con impunidad”, por lo que solicitó que Washington “suspenda la venta de materiales antidisturbios a Colombia”. (1)
Asimismo, la Wola pide al gobierno de Joseph Biden, y al Congreso de EE.UU que exija al gobierno colombiano “reformar el ESMAD y responsabilizar a quienes han violado los derechos humanos desde el inicio de las protestas el 28 de abril”. De acuerdo a esta instancia, que se pronunció en su web –wola.org este 5 de mayo- el apoyo financiero que vendría recibiendo la ESMAD colombiana, viola la “Ley Leahy, la cual prohíbe la financiación estadounidense a fuerzas de seguridad implicadas en violaciones de DD.HH”. (1)
No obstante, según lo que sostiene el análisis “Presencia material, patrimonio y activos de EE.UU. en Colombia”, de Barona, García y Romano (2020) la relación económica entre Washington y Bogotá sería estrecha: “existe un extensa red de EE.UU que intervienen el sector Defensa y Seguridad (…) en Colombia” y que su ingreso “como socio global de la OTAN en 2017”, le dio “un prestigio a las FF.AA colombianas y una calificación para proveer de medios y adiestramiento a otras fuerzas de la región”, en una “suerte de tercerización”. (s/n). (2).
Según esta fuente “para participar en licitaciones, las empresas estadounidenses pueden hacerlo únicamente a través de empresas registradas en Colombia, su participación accionaria debe ser minoritaria y el directorio estar presidido por una persona de nacionalidad colombiana”.(2)
Estos investigadores advertían que “las falencias en los mecanismos de control y transparencia se suman al pedido de casi un centenar de parlamentarios estadounidenses que presentaron varias mociones para investigar el uso de tecnología y material adquirido por parte de FF.AA. colombianas con fondos de asistencia extranjera en espionaje ilegal y de otras violaciones a los DD.HH.” (s/n). (2)
Y precisamente, respecto a la vulneración de DD.HH, Wola condenó “el uso desproporcionado de la fuerza utilizado contra los manifestantes por el ESMAD y otras unidades policiales, así como las declaraciones hostiles de altos funcionarios y políticos influyentes”, en el Paro Nacional contra el gobierno colombiano ante la imposición de la reforma tributaria. (1).
Según la Wola, “datos recopilados por la Campaña para Defender la Vida”, sostienen que, en Colombia, por estos hechos “las fuerzas de seguridad pública son responsables de 21 homicidios, varios de los cuales eran jóvenes; 208 personas heridas, incluidos 18 casos de lesiones oculares graves; 42 agresiones y abusos cometidos contra defensores de los derechos humanos y periodistas: 10 casos de agresiones sexuales contra mujeres; y 503 detenciones, en su mayoría arbitrarias”. (1).
Pero la Wola no es la única que ha develado exceso del uso de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad colombianos. Veteranos por Colombia, organización de militares en retiro y defensora de Derechos Humanos, emitió un comunicado este 3 de mayo de 2021, publicado por radiomacondo.fm., advirtiendo al respecto. (3).
“Hacemos énfasis en que el armamento que posee el Ejército Nacional de Colombia es de alta letalidad, y recordamos que los Estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de las Fuerzas Militares para el control de disturbios internos (…). Le hacemos saber a nuestros compañeros en actividad las pocas garantías que brinda nuestro Estado en materia de representación jurídica a los miembros de la fuerza pública”. (3).
Y agregaron: “Nosotros somos testigos de cómo en la actualidad un gran número de nuestros compañeros se encuentran en cárceles en total abandono institucional, al haber sido acusados y condenados por ejecuciones extrajudiciales. Sumado a lo anterior, muchos de ellos han recibido presiones para auto inculparse, con el fin de proteger a sus superiores jerárquicos”. (…) lo debido es rechazar una orden contraria a los DD.HH”. (3).
Este panorama solo viene a confirmar la violencia histórica que han sufrido los colombianos en las zonas rurales del país, donde masacres (4) y asesinatos a líderes sociales (5) constituyen noticia frecuente, violencia que ahora experimentan las ciudades en las recientes manifestaciones antigubernamentales, donde un equipo de la ONU recibió disparos.
La representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (DD.HH.) en Colombia, Juliette de Rivero, denunció en la cuenta de Twitter ONU Derechos Humanos Colombia: “#Hilp Mientras dábamos seguimiento a situación de #DD.HH #Cali no hubo disparos directos contra equipo ONU Derechos Humanos. Sin embargo, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía, sin que nadie resultara impactado”. (6).
Ante este panorama, el liderazgo regional consciente, frente a la hegemonía internacional, ha de ver con detenimiento estos hechos, y buscar a tiempo la paz y estabilidad colectiva para la garantía de los DD.HH de tod@s.
Referencias:
(1) «La violencia policial en Colombia es inadmisible, los legisladores estadounidenses deben tomar medidas» https://www.wola.org/es/2021/
(2) Presencia Material, patrimonio y activos de EE.UU. en Colombia https://www.celag.org/
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