Comunicado de Izquierda Unida por el archivo por parte de la Fiscalía de las actuaciones sobre las actividades ilícitas de Juan Carlos de Borbón

Izquierda Unida expresa, lamentablemente, que no le sorprende que la Fiscalía del Tribunal Supremo dé carpetazo a unas supuestas investigaciones sobre el todavía rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y que renuncie a plantear una querella criminal por las actividades ilícitas que ha llevado a cabo de forma continuada, de las que se conocen públicamente multitud de datos desde hace años, de las que los medios han informado profusamente y cuya existencia reconoce hasta la propia Fiscalía de forma estéril, reforzando así la imagen de impunidad que sobre determinadas personas y hechos se repite en España.

Izquierda Unida ha denunciado de manera reiterada que las instituciones judiciales y la Fiscalía han trabajado de forma opaca a la hora de abordar las responsabilidades penales del anterior jefe del Estado. Esto ha sido así a pesar de que se han acumulado innumerables pruebas e indicios sobre el carácter ilícito y penalmente relevante del proceder de Juan Carlos de Borbón.

Esta actuación desde las instancias judiciales y la Fiscalía responde exclusivamente al ánimo de proteger al rey emérito y a la institución monárquica. Existen, además, fundadas sospechas de que Juan Carlos de Borbón pudo recibir información privilegiada sobre el inicio y evolución de dichas actuaciones, lo que habría utilizado para anularlas, como se puede comprobar ahora en la práctica, a través de regularizaciones millonarias ante la hacienda pública de nuestro país de importantísimas cantidades de dinero cuya procedencia nunca ha sido aclarada suficientemente.

Izquierda Unida ha llamado la atención durante meses sobre la insuficiencia y el descrédito de esas supuestas investigaciones, toda vez que nunca tuvieron valor de investigación judicial en el procedimiento penal español al carecer tanto de capacidad para adoptar medidas personales, de capacidad para delimitar la labor que podrían realizar los juzgados y tribunales, y de valor de cosa juzgada.

El archivo definitivo que realiza ahora la Fiscalía evidencia la pérdida de tiempo que han supuesto unas actuaciones que, en la práctica, solo han servido para alcanzar la prescripción judicial.
Es sorprendente que en la información facilitada por esta misma Fiscalía, y en una muestra más de opacidad, no se hagan públicos los decretos de archivo de la Fiscalía ni sus actuaciones, se indique que están prescritos los delitos fiscales y otros que pudieran haberse cometido entre 2008 a 2011, y que respecto al de 2012 la propia Fiscalía se arrogue la capacidad de interpretar si le es aplicable a Juan Carlos de Borbón la inviolabilidad, sin que el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional hayan realizado una interpretación al respecto.

No es admisible que sea la Fiscalía quien interprete si hay delito o no, así como cuál es la determinación en un proceso penal del concepto constitucional de inviolabilidad, interpretación que solo les corresponde a los jueces.

Resulta igualmente decepcionante que sobre los delitos fiscales relativos a hechos acaecidos entre 2015 y 2018, actuaciones que motivaron sendas regularizaciones extemporáneas por parte del rey emérito tras conocer que estaba siendo investigado, la Fiscalía, sin mayor trámite, las dé por buenas a pesar de haberse realizado solo después de que Juan Carlos de Borbón comprobara que la sociedad española era conocedora de sus actividades fraudulentas.

Izquierda Unida vuelve a denunciar el papel jugado por el Tribunal Supremo, que es quien debía haber impulsado una verdadera investigación, como así tienen encomendado constitucionalmente los juzgados y tribunales. Sin embargo, el Alto Tribunal ha permitido todo este tiempo que la actuación recayera exclusivamente sobre la Fiscalía, en unas diligencias opacas que han impedido la personación de acusación popular y no han delimitado de forma efectiva el plazo de prescripción de los delitos.

Por todo ello, Izquierda Unida lamenta que las actuaciones de Juan Carlos de Borbón hayan estado siempre en situación de absoluta impunidad judicial, sin ningún tipo de investigación real.

Mientras, en todo este tiempo, la única querella presentada contra el anterior jefe del Estado es la que en su día formalizaron Izquierda Unida, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas, que el Tribunal Supremo se encargó de archivar sin abrir ningún tipo de investigación. Este mismo tribunal volvió a archivar sin investigación alguna la ampliación de querella presentada cuando apareció nueva información sobre más cuentas en Suiza del rey emérito.