Despoblación, movimientos sociales y el caso Fraguas

19/02/2019

Estirando las interpretaciones legales hasta límites delirantes, también defendió la acusación un delito contra la ordenación del territorio. Con decenas de urbanizaciones ilegales en la provincia, las Cañadas Reales invadidas por terrenos edificados o cultivos extendidos hasta más allá de sus límites legales, estructuras industriales abandonadas cargadas de residuos... sólo se le ocurre denunciar por promoción inmobiliaria a seis jóvenes que invierten sus (pocos) dineros y sus (muchos) esfuerzos en levantar piedra por piedra un pueblo que ellos mismos expropiaron y luego destruyeron con prácticas militares.

Comunicado Asociación de Repobladores de la Sierra Norte de Guadalajara

En los años 50 y 60 se produjo en toda Europa, pero intensificado enormemente en España, un movimiento demográfico desde el medio rural hasta las ciudades. Posteriormente lo conocimos como el “éxodo rural”. Este movimiento fue promovido y alentado por el gobierno del Estado Español. Se ejecutó una política caracterizada por las innumerables expropiaciones forzosas para convertir antiguos pueblos vivos en plantaciones de pinos o vasos de embalse. Se impulsaron las concentraciones parcelarias para adaptar la tierra al nuevo concepto de agricultura: la extensiva e industrial. Y también se llevaron a cabo anulaciones o serias limitaciones de los antiguos derechos a pastos, a bosques, a cultivos... en definitiva al modo de vida rural. Paralelamente, no interesaba una política que dotara de infraestructuras básicas a centenares de pueblos y aldeas: negativa a instalar alumbrado, línea telefónica e incluso red eléctrica y alcantarillado.

Tantas y tantas intervenciones, ¿para qué? Pues para que miles de personas acudiesen a los centros donde era necesaria la mano de obra según los planes del desarrollismo franquista: las ciudades. La prioridad era alimentar el naciente sector servicios y la futura sociedad de consumo. Asimismo, convertir la periferia de los grandes núcleos de población en los corredores industriales, para llenar las fábricas que habrían de homologar el régimen con el resto de países europeos. Esos servicios, esas fábricas se llenaron con las mismas manos que antes trabajaban la tierra y vivían de ella.

Ninguno de los gobiernos que desde entonces se han sucedido ha elaborado medida alguna para compensar este movimiento de población. Sus políticas han sido, de hecho, continuistas en este sentido respecto a las del régimen franquista. Han seguido estableciendo en las poblaciones grandes las infraestructuras, la industria, centralizando allí los servicios públicos. Han seguido contemplando el medio rural como una fuente de recursos para el desarrollo de la vida urbana, como un vertedero donde apartar de la vista “ciudadana”, los abundantísimos residuos que ésta genera, como un escenario turístico, para el solaz de las personas que realmente cuentan en los planes de futuro: las que viven en ciudades.

La consecuencia de estas insensatas políticas se manifiesta ahora como un gran problema, la despoblación del medio rural, ante el que declaman y hacen aspavientos los mismos políticos que mediante sus acciones no hacen más que agravar la situación. Gastan millones de euros anuales en, supuestamente, detener la sangría demográfica, y los resultados que consiguen están a la vista de toda la sociedad. Pese a sus deplorables resultados sólo ofrecen más de las mismas recetas que se han demostrado fracasadas una y otra vez.

Los movimientos sociales, sin embargo, están demostrando una lúcida capacidad de analizar la situación y actuar, aquí y ahora, en consecuencia. El movimiento neorrural, en su amplia heterogeneidad, está consiguiendo fijar población, además joven y activa, en pequeños municipios de todo el Estado, incluyendo la provincia de Guadalajara. Santamera, Albendiego, Ujados, Olmeda de Jadraque o Fraguas son ejemplos de poblaciones muy reducidas en las que se está invirtiendo el proceso demográfico general: ganan población. Su único secreto es acoger a grupos de jóvenes con ganas de instalarse en el medio rural y abordar formas de vida en equilibrio con el medio natural, autónomas en sus decisiones y con un horizonte de vida colaborativa y autosuficiente. Con la ayuda de la población local, que ceden espacios y tierras, y sin subvenciones de ningún tipo, la ciudadanía en marcha consigue combatir un problema frente al que los burócratas no sólo no tienen respuesta, sino que agravan retirando servicios públicos en las zonas despobladas y malgastando el dinero destinado a frenar la despoblación.

La administración no sólo no asume su negligencia y cambia de rumbo, sino que persigue y pretende encarcelar a los activistas que actúan sobre el terreno. En el año 2013 la Asociación de Repobladores de la Sierra Norte de Guadalajara, junto con otras muchísimas personas vinculadas a los movimientos sociales, inicia la reconstrucción de un pueblo expropiado (que no abandonado) en la Sierra Gorda de Guadalajara, con la aquiescencia, cuando menos, y el apoyo activo, cuando más, de los antiguos pobladores. Dicho pueblo es Fraguas. Los terrenos pertenecen a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, la misma administración que pregona la movilización de “todos sus recursos disponibles” para combatir la despoblación. Sin embargo, las personas que comenzaron la reconstrucción de Fraguas con el objetivo de establecer población permanente en la comarca fueron inmediatamente denunciadas por dicha Junta de Comunidades encabezada en ese momento por el PP de Cospedal por un delito de usurpación. Parece ser que las tierras y las casas de titularidad pública, no son “recursos disponibles” sino la propiedad privada del gobierno correspondiente.

La Junta solicitó en 2015 el desalojo inmediato de los jóvenes que reconstruyen, cosa que le es denegada en un primer juicio.

El movimiento represivo basado en el delito de usurpación, esperable, se agudizó al poco tiempo mediante la imputación de otros dos delitos: daños medioambientales y un delito contra la ordenación del territorio. En total se pedían cuatro años de cárcel para cada una de las seis personas encausadas. El 25 de mayo de 2018 se celebró el juicio.

La acusación, ahora formada por el PSOE de Garcia-Page y con Garcia Molina como vicepresidente por parte de Podemos, defendió que existía un delito de daños medioambientales por situarse Fraguas dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Pero tuvo que retirarlo debido a que Agentes Forestales y Guardia Civil (Seprona en este caso) declararon que el proyecto de rehabilitación de Fraguas no implicaba ningún daño medioambiental. Es significativo que la Junta intentase incriminar por este motivo a un proyecto de profundas raíces, discursos y prácticas ecologistas, cuyo planteamiento no se entiende sin esa coexistencia con el medio natural en el cual se desarrolla (con el apoyo explícito de Ecologistas en Acción, quienes han homenajeado con la distinción Jose Luis Sampedro en su Gala de premios de Medio Ambiente celebrada este 8 de febrero, por ejemplo), mientras permite los cotos de caza exactamente en el pueblo de Fraguas, las extracciones de madera también allí mismo y la instalación de industrias en ese mismo parque. Su ecologismo impostado, ahora al servicio de la represión, es demasiado burdo.

Así mismo, es de gran importancia recalcar que en este Parque Natural se hallan 35 municipios, de entre los cuales alguno ha sido reconstruido tras su expropiación y viven nuevos pobladores, como es el caso de La Vereda. No solo eso, sino que un sin fin de actividades, a través de concesiones, se desarrollan en el Parque como actividades ganaderas, apícolas, agrícolas… para las cuales se han construido infraestructuras nuevas o se han rehabilitado ruinas preexistentes. Y es que la ley del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara prevé la rehabilitación de ruinas preexistentes, manteniendo la tipología tradicional y sin superar las dos plantas. Exactamente como se hace en Fraguas y se hizo en su momento en La Vereda.

Si la ley ampara la actividad realizada en Fraguas, pudiendo ser autorizable, ¿por qué perseguirla penalmente?

Estirando las interpretaciones legales hasta límites delirantes, también defendió la acusación un delito contra la ordenación del territorio. Con decenas de urbanizaciones ilegales en la provincia, las Cañadas Reales invadidas por terrenos edificados o cultivos extendidos hasta más allá de sus límites legales, estructuras industriales abandonadas cargadas de residuos... sólo se le ocurre denunciar por promoción inmobiliaria a seis jóvenes que invierten sus (pocos) dineros y sus (muchos) esfuerzos en levantar piedra por piedra un pueblo que ellos mismos expropiaron y luego destruyeron con prácticas militares. Fiel retrato de por dónde respiran, de a quién miman y a quien desprecian nuestros sabios dirigentes.

La sentencia es de un año y nueve meses de cárcel a cada una de las seis personas encusadas, y una sanción en total de 16.380 euros; más solventar el coste de la demolición de lo reconstruido en concepto de responsabilidad civil, cuya última tasación realizada en 2017 se valoraba en 27.000 euros. Si no se hace efectivo el importe de las sanciones supondría entrada en prisión ya que la condena pasa a convertirse en 2 años y 3 meses debido a que cada día de impago suma uno de pena.

Esta sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Guadalajara, que se reunió el 14 de noviembre de 2018 para dirimir la cuestión. El 17 de enero de 2019 la Audiencia desestima el recurso, confirmando la sentencia del tribunal ordinario de Guadalajara.

La situación actual es muy comprometida: si la Junta no retira la responsabilidad civil seis personas ingresarán en prisión. De ellas dos residen en Fraguas y dos en Ujados, ambos pueblos en plena España vacía. Las personas encausadas se niegan a pagar la responsabilidad civil pues dicho concepto implica la demolición del proyecto. Un proyecto no sólo necesario en sí mismo sino reproducible en otros muchos lugares, de maneras similares o diferentes, para hacer frente al vacío poblacional y además (y sobre todo) poner sobre la mesa un cambio profundo en nuestra relación con la naturaleza y con el sistema económico, cuya única promesa ya es que las cosas no empeoren demasiado, mientras nos arrastra a todas al colapso medioambiental.

El plan contra la despoblación de la JCCM consiste en despilfarrar el dinero europeo, subvencionar actividades industriales y turísticas que poco tienen que ver con el hecho de fijar población y encarcelar a las personas de los movimientos sociales que actúan sobre el terreno.

Para denunciar este engaño generalizado, para exigir la no demolición y la libertad incondicional de las seis personas encausadas está convocada una manifestación en Madrid, el día 23 de febrero de 2019, a las 12:00h en Tirso de Molina.

Posteriormente tendrán lugar charlas y debates sobre la despoblación y el papel de los movimientos sociales. Se pretende que la Junta recule, retirando la responsabilidad civil y de este modo evitando la entrada en prisión. Y se pretende también que cambien las lógicas con las que la administración se enfrenta al problema de la despoblación, y que la ciudadanía, en movimiento, defienda unos pueblos vivos por sí mismos, y no dependientes de los caprichos burocráticos del gobierno de turno.

VÍDEO DOCUMENTAL PROYECTO DE FRAGUAS:

 

 

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