Notitia Criminis •  20/07/2010

El Tribunal de Cuentas traslada su informe sobre Seseña a Anticorrupción y pide que se reactive el caso de las cartas de pago falsas

Hoy se ha hecho pública la noticia de que el Tribunal de Cuentas traslada sus conclusiones sobre Seseña y la urbanización de El Pocero, a la Fiscalía Anticorrupción, por considerar que lo descubierto por el organismo fiscalizador presenta indicios serios de delito.

Según informa hoy El Mundo, el Tribunal de Cuentas, además, insta a la Fiscalía Anticorrupción a que reactive la denuncia presentada por Manuel Fuentes en 2003 relativa a cinco cartas de pago presuntamente falsas, con las que ONDE 2000 pretendió acreditar que había saldado con el ayuntamiento de Seseña una deuda de 1,29 Millones de €.

El episodio de las cinco cartas de pago –presuntamente– falsas lo narran detalladamente Ruth Ugalde y Alejandra Ramón en su libro “El Pocero de Seseña”.

En 2003, cuando IU ganó a la alcaldía, las primeras pesquisas de Manuel Fuentes y su equipo de gobierno en las cuentas del Ayuntamiento, desvelaron varios apuntes contables pendientes de cobro relativos a cesiones de aprovechamientos y licencias de urbanización. Según esa documentación ONDE-2000 adeudaba al Ayuntamiento de Seseña 1.29 Millones de €.

Cuando se reclamó el dinero al Pocero, éste presentó cinco cartas de pago, supuestamente acreditativas de tener saldada esa deuda, pero firmadas por un “tesorero” que en aquella época no existía. La contabilidad del Ayuntamiento se llevaba en “Papelería Escribano”, la cual, a petición de Manuel Fuentes, certificó que “una vez revisada la contabilidad de ingresos de 2002, no aparece ninguno de los conceptos, cantidades y fechas anteriormente citadas”.

Esta fue la causa de que IU solicitara la fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento al Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha. Pese a la gravedad del hecho, la Sidicatura de Cuentas, dependiente del Gobierno de Bono, dio carpetazo al asunto. Este organismo no vio “ningún motivo para realizar la fiscalización”.

Manuel Fuentes llevó el caso ante los juzgados: “Dos semanas después –continua el libro citado– el 27 de octubre de 2003, Fuentes llevó ante la justicia a Francisco Hernando del Saz, hijo del Pocero y administrador de ONDE 2000, a Felipe Sancho Ricoy, concejal de Hacienda del ayuntamiento de Seseña entre 1999 y 2003, y a Fermín Martín Carrillo, ex secretario-interventor del consistorio, por impago y por un posible delito de falsificación de documento público. Ese mismo día, el portavoz de la corporación municipal socialista, Carlos Aguilar Sandoval, presentó su renuncia como concejal alegando ‘razones personales y de conciencia‘, y fue sustituido, precisamente, por Felipe Sancho Ricoy, el hombre que mandó al secretario-interventor del ayuntamiento elaborar las cinco cartas de pago falsas y rubricarlas con un garabato donde debería aparecer la firma del tesorero. Al menos, eso fue lo que confesó Fermín Martín Carrillo a Fuentes, según aparece en la denuncia presentada en Anticorrupción”.

Ante esa denuncia Francisco Hernando respondió, según su acostumbrada rutina, asegurando que denunciaría a Fuentas como autor de un delito de denuncia falsa. No obstante, las pruebas eran irrefutables: “Esta vez, las amenazas de Hernando cayeron en saco roto –escriben Alejandra Ramón y Ruth Ugalde– Fuentes le había ganado la mano, tras constatar que no existía registro alguno del pago en la contabilidad municipal, el empresario terminó reconociendo la deuda, a cambio de que el alcalde retirase la denuncia contra su hijo. Un movimiento que, de facto, significaba reconocer que las cartas de pago presentadas ante el ayuntamiento eran falsas. Sin embargo, en el escrito donde se comprometía a saldar la deuda, Francisco Hernando del Saz apuntaba hacia errores contables como fuente de todo el conflicto”.

Llegados a este acuerdo y hecho el pago, Manuel Fuentes retiró la denuncia y la fiscalía tampoco acusó, de modo que sin acusación, ni pública ni privada, el Juzgado de Illescas tuvo que archivar las diligencias.

Pues bien, este episodio de la larga batalla de Seseña, es el que ahora resucita el Tribunal de Cuentas al remitir su informe a la Fiscalía Anticorrupción y advertirla que los delitos denunciados entonces, especialmente los de malversación de fondos públicos y de falsedad de documento público, son delitos perseguibles de oficio, de modo que llegada la notitia criminis a los órganos obligados a actuar, estos deben dar cumplimiento a esa obligación con independencia de que el denunciante mantenga o retire su denuncia.

El hecho tiene una importancia trascendental y la primera consecuencia, salvo que la Fiscalía Anticorrupción persista en su teoría de que Francisco Hernando es ajeno al caso, podría ser la inmediata imputación del famoso constructor, conocido por todo lo descubierto como El Pocero.


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