Hace 44 años, el gobierno militar de Guatemala asaltaba y quemaba la Embajada española

El 31 de enero de 1980 agentes del Estado de Guatemala invadieron la Embajada española y asesinaron a 37 personas  que protestaban por  las graves violaciones de los derechos humanos que sufría la población maya en zonas rurales. La Comisión de la Verdad (febrero de 1999) sentenció implacablemente la culpabilidad y responsabilidad del presidente y gobernantes de las mal llamadas fuerzas del orden guatemaltecas. La orden había sido: que no haya testigos.

El único guatemalteco que logró salir vivo de la embajada, Gregorio Yujá Xoná, fue llevado a un hospital, de donde fue secuestrado, asesinado, y su cuerpo tirado con un mensaje de terror, convirtiéndose en la víctima 38.

Aquel día, frente a la negativa y resistencia expresa del embajador español y contraviniendo violentamente todo principio de derecho internacional conocido, asaltaron la Embajada de España en la ciudad de Guatemala.

El vandálico acto fue condenado unánimemente por toda la comunidad internacional. La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas sacaría a la luz, con toda su crudeza, la barbarie ocurrida.

El embajador era don Máximo Cajal, que presentó testimonio de los hechos en Asturias a través de uno de sus libros: «Saber quién puso el fuego ahí».

Le recordamos por siempre como víctima y excepcional sobreviviente.

El caso sigue vigente, por cuanto se quiere destruir la jurisdicción universal, y el genocidio en Guatemala era uno de los casos presentados en la Audiencia Nacional.

Recordamos que aquel mismo año del asalto e incendio de la Embajada española en Guatemala, donde uno de los asesinados fue Vicente Menchú, el padre de la posterior Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, era asesinado en San Salvador el arzobispo Romero, el 24 de marzo.

De su tiempo es también el diplomático Yago Pico de Coaña. Tal pareciera que sus tareas al servicio del Estado español, en su carácter de diplomáticos, los llevaron a tomar protagonismos decisivos en Centroamérica, y Colombia en el caso de Yago, que todavía en 2006 participaba en un encuentro para la paz en Oviedo, auspiciado por el Gobierno asturiano.

Don Yago escribía en la prensa asturiana que:

“Yo llegué a Guatemala al día siguiente del Asalto a la Embajada. Permanecí cuatro meses y medio investigando a fondo con ayuda de expertos locales. Fui testigo presencial de las muchas barbaridades cometidas por el Gobierno guatemalteco: secuestro en el Hospital Herrera Llerandi y posterior asesinato del superviviente Gregorio Yujá, intento fallido de hacer lo propio, con el fin de silenciarlo, con el embajador Cajal, evitado por el embajador de Costa Rica Mario Esquivel; traslado del embajador Cajal con la colaboración de otros embajadores a la residencia del embajador de los Estado Unidos Frank Ortiz para salvaguardar su vida; especial referencia merecen en este caso el embajador de Venezuela Jesús Elías, encargado de los intereses españoles (quien se enfrentó dignamente con la Policía judicial que trató de evitar el traslado), y la cooperación eficaz del equipo de seguridad estadounidense; distintas reuniones con el canciller de Guatemala Castillo Valdez, que no sabía qué decir… y un larguísimo etcétera que figura claramente explicado en mi mencionado libro “34 años después. El asalto a la Embajada de España en Guatemala”.

Yago Pico de Coaña, en esa ocasión también recordaba que:

“Los tres misioneros del Sagrado Corazón asesinados José María Gran, Faustino Villanueva y Juan Alonso, acaban de ser propuestos por el Vaticano para ser beatificados como mártires.”

Juan Alonso era de Aller-Asturias.

Dicho asalto y quema de la Embajada provocó como respuesta la ruptura de las relaciones diplomáticas españolas con Guatemala desde 1980 hasta 1984.

Además de campesinos e indígenas maya, entre las víctimas mortales del asalto se encontraban el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres Lehnhoff y el excanciller Adolfo Molina Orantes, quienes se encontraban de visita en la sección consular.

También fueron asesinados el entonces cónsul español Jaime Ruiz del Árbol y otros dos españoles, Luis Felipe Sanz y María Teresa Villa.

El Ministerio español ha aludido tanto al informe «Guatemala: Memorias del silencio», de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas de 1999, que «investigó y condenó lo sucedido», como a la condena de la justicia guatemalteca de «aquel lamentable episodio», 35 años después.

En 2015, un tribunal guatemalteco condenó a 90 años de prisión al exjefe de un comando de la extinta Policía Nacional Pedro García por hallarlo culpable de la masacre, tras demostrar que había ordenado que ninguna de las personas que estaban en el interior de la Embajada saliera con vida.

Por razones diversas Guatemala y Asturias tienen una relación, más allá de las distancias culturales, que se ha mantenido en el tiempo.

En el tiempo de la expulsión de curas asturianos en el Quiché en 1980, y del mencionado Juan Alonso, asesinado por los militares.

En el tiempo del genocidio cometido por los militares contra la población indígena maya.

En el tiempo del COSAL de Avilés que atendía preferencialmente Guatemala y sus poblaciones más vulnerables.

En el tiempo presente en que misioneros como el poleso Toño Noval (que antes fue cura ganadero en Tineo) acompañan a las comunidades guatemaltecas más pobres, propugnan premios de DDHH como el de Siero, a donde llegó para recibirlo la señora Florildana y el obispo Ramazzini, y en el tiempo en que al menos dos ONGs locales mantienen un trabajo con comunidades guates, y que la axencia asturiana de cooperación destine más proyectos a Guatemala que a ningún otro país.

 En 2008 más de 40 indígenas guatemaltecos llegaron a Madrid para testificar en tres grupos separados, marcando la primera vez que una corte nacional oyera evidencia de sobrevivientes Mayas sobre uno de los genocidios más grandes del último siglo.

En julio de 2011 el juez Santiago Pedraz admitió una ampliación de la querella inicial para investigar también crímenes de género contra mujeres como violaciones, esterilizaciones forzadas y la esclavitud sexual.

Benedicto Lucas, (que era jefe de estado mayor del ejército guatemalteco durante el asalto a nuestra embajada), fue detenido en enero del 2016 junto a 18 altos mandos del ejército, acusado por delitos de lesa humanidad por la detención y desaparición más grande de América: 558 osamentas exhumadas en la zona militar, conocida como “Caso Creompaz” o Zona militar número 21 de Cobán, Alta Verapaz.

El genocidio contra el pueblo maya provocó más de 250.000 víctimas, de las que más de 45.000 siguen hoy desaparecidas, después de que el Ejército guatemalteco arrasara 448 aldeas de la población maya y llevara a cabo un plan sistemático de torturas y asesinatos.

Un millón de personas sufrieron desplazamiento forzado, de entre ellas 30mil huyeron a las montañas donde permanecieron escondidas en las CPR, comunidades de población en resistencia, cuyos representantes dieron testimonios varios en Asturias, y 150mil salieron del país, estableciéndose campamentos de refugiadas, en Chiapas, donde gente asturiana trabajó con ellas, y en Honduras.

En 2014 fallecía Máximo Cajal, embajador sobreviviente y víctima del asalto y destrucción de la Embajada española en Guatemala.

Memoria digna para las víctimas de la masacre en la Embajada española de Guatemala.

Agradecimientos continuados a quienes cumplieron con su deber ético, humanista y diplomático como don Máximo Cajal y don Yago Pico de Coaña.

Cuando se cumplían 35 años, D. Yago Pico de Coaña de Valicourt y Dña. Marta Elena Casaús Arzú, en la conferencia: “Guatemala: 35años después del asalto a la embajada de España”, organizado por el Instituto de Desarrollo y Cooperación IUDC-UCM, explicaban de nuevo los hechos.

Hablaron de la sentencia condenatoria por crímenes de lesa humanidad contra Pedro García Arredondo – Jefe del Comando 6 de la Policía Nacional- por el Asalto a la Embajada de España en Guatemala y como el único culpable que sigue vivo, tras tantos  años de impunidad y de tergiversación de la realidad por las elites políticas y los medios de comunicación. Sentencia que por un lado ha causado alivio en las víctimas o en sus hijos e hijas y, por el otro, enfado e incredulidad en las elites políticas y simbólicas, a pesar de que la sentencia fue firme e inobjetable. Además, la sentencia ratifica de forma inapelable una buena parte de todos los testimonios que desde el año 1980 se han ido produciendo; así como por los informes de las autoridades y diplomáticos españoles que acudieron al lugar de los hechos al día siguiente del suceso.