“Somos una democracia plena”, “no tenemos necesidad de un relator”, “esto es una ofensa al estado”, “una ofensa a España”, “una vergüenza”…cosas como estas se escuchan de la boca y las letras de medios de comunicación, (incluso algunos que se dicen de izquierdas), convencionales, aquellos que denomino medios del régimen del 78, y también de “políticos demócratas como Inés Arrimadas, Albert Rivera, Pablo Casado, etc.
Asistimos a un esperpéntico espectáculo de antidemocracia en el que participan los países que se autoproclaman mas democráticos del mundo, y quizás por la costumbre de autoproclamarse es por lo que les parece normal que Guaidó se autoproclame presidente de Venezuela. Pero, ¿cuál es el problema real?, ¿la democracia?. No queridos lectores, el problema real es el dinero, y lo es porque solo hace falta hacer unos números, y recoger hechos del pasado y observaremos cual es el factor determinante de la crisis del país caribeño
Estábamos en pleno debate sobre la denominación de la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres, que si violencia de genero, que si violencia machista, y apareció la ultra-derecha para llamarle violencia intrafamiliar, aparecio la ultraderecha para condicionar el léxico del Partido Popular que ahora juega con la denominación "violencia familiar"
(Caso Puigdemont, Referendum 1-Oct, ni rebelión, ni sedición)
La justicia prevé, en teoría, que cualquier ciudadano tenga las garantías de un juicio justo, para ello, y entre otras cosas, existe el principio del juez natural, que significa que un ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez ordinario predeterminado por ley, (artículo 24.2 de la constitución), pero con el independentismo Catalán y con Puigdemont esto no ocurre
