El Ministerio de Consumo logra la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb y denuncia otros 55.000 sin número de registro
- FACUA valora positivamente la campaña del ministerio de Pablo Bustinduy e insta a las comunidades autónomas a trabajar en la misma línea.
- Bustinduy: «No vamos a cejar en nuestro compromiso de hacer cumplir la legalidad y garantizar el derecho constitucional a la vivienda por encima de los beneficios de las grandes multinacionales».
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha logrado que Airbnb, plataforma especializada en alquiler de alojamientos turísticos, retire de su web los cerca de 65.000 anuncios sin licencia que fueron requeridos por el departamento que dirige Pablo Bustinduy.
FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la actuación del ministerio e insta a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos a tomar ejemplo y a trabajar en la misma línea ante los fraudes inmobiliarios. La asociación recuerda que la inmensa mayoría de las agencias inmobiliarias operan en una sola comunidad, por lo que únicamente las administraciones de ámbito autonómico y municipal tienen competencias para multarlas si se saltan la legislación.
La retirada de estos anuncios ilegales llega después de que la multinacional recurriera la decisión ante los tribunales en varias ocasiones y que la Justicia respaldara las actuaciones de Consumo, según ha informado este miércoles el Ministerio en un comunicado.
Tras estas actuaciones, la Unidad de Análisis de Consumo ha identificado otros 55.000 anuncios (54.728) que no disponen del número de registro oficial, obligatorio por la legislación vigente desde el pasado 1 de julio.
Así, el Ministerio dirigido por Bustinduy dará traslado de la información recabada conforme a lo previsto en el ordenamiento legal vigente con el fin de que los anuncios sean eliminados o subsanados por la plataforma.
El archivo digital elaborado por Consumo contiene también información de interés como la tipología de la vivienda (si es habitación o alojamiento completo); su información geográfica (localidad, provincia y comunidad autónoma); o los datos disponibles de los anfitriones.
Con esta acción, Consumo ratifica su compromiso de hacer cumplir la legalidad y garantizar el derecho constitucional a la vivienda «por encima de los beneficios de las grandes multinacionales», como ha manifestado el ministro en diversas intervenciones públicas.
Por esta razón, la Unidad de Análisis de Consumo va a continuar trabajando para identificar y denunciar potenciales anuncios ilegales en las diferentes plataformas digitales especializadas en el alquiler de alojamientos turísticos.
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