El PCE en Madrid irrumpe en la Agencia de Vivienda Social para denunciar que se ha convertido en un “fondo buitre”

Madrid, 30 de junio de 2025. Un centenario de militantes del Partido Comunista de España (PCE) en Madrid y de la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) en Madrid irrumpieron el pasado viernes en la sede de la Agencia de Vivienda Social (AVS) para protestar por la inacción de este organismo público dependiente de la Comunidad de Madrid ante la grave crisis habitacional que sufre actualmente la región.

Los manifestantes denunciaron que la Agencia de Vivienda Social, el antiguo IVIMA, funciona actualmente “como un fondo buitre” y que se pliega a los intereses del mercado, tratando de echar a los inquilinos de sus casas para venderlas y sin rehabilitar las viviendas públicas, convirtiéndolas en infraviviendas.

Prueba de ello es que, solo en 2024, la AVS ejecutó 121 desahucios de pisos sociales, el mayor volumen en una década, lo que denota, de nuevo, la falta de empatía de este Gobierno con las personas en riesgo de exclusión social.

En palabras del secretario general del PCE en Madrid, Miguel Montero, “exigimos que este ente trabaje realmente para garantizar el acceso a vivienda pública, que se amplíe el parque público de vivienda y que regule directamente el precio de los alquileres, más allá de limitarse a gestionar las fianzas, tal y como está haciendo actualmente”.

En definitiva, asegura Miguel Montero, exigimos “una política diametralmente distinta a la que nos condena al Partido Popular de Ayuso en materia de vivienda, basada exclusivamente en las necesidades del mercado, de los grandes tenedores y de los fondos buitres, a la vez de en las condiciones de vida de la clase trabajadora”.

La protesta del pasado viernes culmina una serie de acciones que han tenido lugar en los últimos meses en toda la Comunidad de Madrid para protestar y dar a conocer la insostenible situación de la vivienda en la región. El PCE en Madrid propone combatir la especulación urbanística y la gentrificación de barrios enteros frenando la impunidad de los grandes tenedores incentivando la cesión para la gestión pública de la vivienda como un bien necesario.

De este modo, se plantea fijar un porcentaje de los ingresos habituales de las personas y unidades de convivencia para limitar el coste de la vivienda sobre el conjunto del salario, adecuando así tamaño de la vivienda, necesidades y umbral de ingresos en el acceso a la vivienda del parque público en régimen de alquiler social. Particular se atención prestará a la situación de las personas jóvenes, donde la tasa de emancipación actual es muy baja y predomina la imposibilidad de elegir como o hasta cuando compartir un piso.