Convocada en Sevilla manifestación el 14 de febrero contra las últimas medidas de la Ley de Vivienda del PP que agravan el acceso a este derecho
- Mientras fondos de inversión acceden a edificios enteros de VPO a precio de saldo, se esté ofreciendo a las familias trabajadoras viviendas protegidas que superan los 300.000 euros en Sevilla, alquileres por por más de 800 euros o directamente se las empuje al desahucio.
- La Ley de Vivienda del PP, que empeora la situación para este derecho, se suma al rechazo de la ley ómnibus junto a Vox, UPN y Junts. Más de 60.000 —o hasta 70.000— familias vulnerables quedan sin protección legal, lo que significa que sus procesos de desahucio pueden reactivarse sin freno automático si no existe otra alternativa de vivienda garantizada. La moratoria de desahucios no se aplicaba a cualquier propietario, sino únicamente a los grandes tenedores, dueños de diez o más inmuebles—fondos de inversión, bancos o personas jurídicas con un elevado número de viviendas—. “No se trataba de una expropiación ni de un ataque a la propiedad privada”, señalan desde la PAH, “sino de frenar desahucios sin solución habitacional por parte de quienes concentran vivienda como negocio”.
Decenas de colectivos sociales llaman conjuntamente a movilizarse el próximo 14 de febrero tras el rechazo en el Congreso a la moratoria de desahucios y la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda del PP en Andalucía, decisiones que, denuncian, protegen a grandes tenedores y fondos buitre y dejan a puerta de desahucios a más de 60.000 familias.
Desde Barrios Hartos denuncian, uniéndose a más de un centenar de organizaciones a nivel estatal, que la no renovación de la moratoria de desahucios deja en una situación de máxima vulnerabilidad a miles de familias y agrava conflictos como el que se vive en el barrio obrero de Palmete, en Sevilla, con el bloque de la calle Verdad, aún pendiente de resolución desde que la movilización social lograra aplazar el lanzamiento previsto para el pasado 5 de diciembre.
En este caso, un fondo buitre italiano, con el apoyo de los servicios del Banco Santander, se ha adjudicado el bloque completo por 532.117,14 euros. Se trata, además, de viviendas de protección oficial (VPO) construidas con financiación pública, que hoy están siendo utilizadas para la especulación y el intento de desahucio de 11 familias trabajadoras.
Resulta escandaloso que, mientras fondos de inversión acceden a edificios enteros de VPO a precio de saldo, se esté ofreciendo a las familias trabajadoras viviendas protegidas que superan los 300.000 euros en Sevilla, alquileres por por más de 800 euros o directamente se las empuje al desahucio. Para la organización, esta situación es la que está detrás de la “creciente ola de sinhogarismo que se vive con especial dureza en Andalucía, donde hay más de 600.000 viviendas vacías”.
Frente a ello, la caída de la moratoria estatal y la nueva ley de vivienda aprobada por el PP en Andalucía refuerzan un modelo que criminaliza la precariedad, protege a los grandes tenedores y fondos buitre y castiga a los barrios obreros, víctimas de una crisis provocada por quienes hoy se benefician de ella. Recuerdan además que se trata de la misma banca que recibió más de 65.000 millones de euros de dinero público que nunca han devuelto.
Desde Barrios Hartos se lleva años denunciando esta realidad en los barrios obreros: desahucios, pobreza energética, cortes de suministro eléctrico y precariedad habitacional. No son problemas aislados, sino el resultado de “un modelo que convierte derechos básicos en pura mercancía”.
Por todo ello, hacen un llamamiento a participar en la manifestación del próximo 14 de febrero por el derecho a la vivienda, convocada junto a otros colectivos, que partirá a las 12:00 desde Gran Plaza hasta la Consejería de Fomento y Vivienda. “Hoy más que nunca”, subrayan desde la convocatoria, “es urgente movilizarse para defender que la vivienda no sirva nunca más para especular y para frenar el intento de vulnerar la vida de las familias de la calle Verdad a manos de quienes hoy aplauden las medidas impulsadas por la derecha, tanto en el Congreso como en la Junta de Andalucía”.
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