Casi 50 personas siguen durmiendo bajo un puente en Badalona, diez días después del desalojo del B9

Unas 50 personas continúan durmiendo a la intemperie bajo el puente de la autopista C-31, en el barrio de Sant Roc de Badalona, diez días después del desalojo del antiguo Instituto B9, donde vivían en un asentamiento informal desde hace años. La situación ha sido calificada por organizaciones sociales como “totalmente inhumana”, debido a las condiciones de frío, lluvia y viento en pleno invierno.

El desalojo del B9 se produjo el 17 de diciembre en una actuación policial que dejó a muchas personas sin alternativa habitacional inmediata, pese a que el edificio albergaba a cientos de personas. Desde entonces, la Generalitat y diversas entidades sociales han estado trabajando en dispositivos de reubicación y atención a los más vulnerables.

Hasta ahora, 153 personas han sido reubicadas en alojamientos temporales gracias a la coordinación entre el Departamento de Derechos Sociales, entidades como Cruz Roja y Cáritas, y algunas administraciones locales. Sin embargo, decenas de personas siguen sin un lugar estable donde pasar la noche, lo que pone de manifiesto las limitaciones de las medidas activadas hasta ahora.

La consellera de Derechos Sociales y Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha reconocido que el dispositivo de realojamiento continúa activo y que la intención del Govern es seguir trabajando para encontrar soluciones dignas para todas las personas afectadas, especialmente las más vulnerables. También ha señalado que el problema del sinhogarismo no se soluciona en pocos días, y que se necesita una respuesta estructural para abordar esta realidad social compleja.

Martínez Bravo ha insistido en la importancia de la colaboración entre administraciones, defendiendo que no se trata solo de brindar albergues temporales, sino de crear planes de inclusión y acompañamiento que permitan a las personas recuperar estabilidad y autonomía. Asimismo, ha llamado a reflexionar conjuntamente sobre la forma de abordar estas crisis sociales, y ha pedido al Ayuntamiento de Badalona que asuma responsabilidades y colabore estrechamente en las soluciones.

Testimonios de personas afectadas

Mamadou, uno de los antiguos residentes del B9 que ahora se encuentra temporalmente en un hostal en Calella, volvió al campamento para buscar una solución más cercana a su trabajo. “Hay 30 personas en Senegal que dependen de mí”, dijo, señalando la enorme presión personal y familiar que acompaña a su situación de precariedad sin una vivienda estable.

En redes sociales, otro habitante desalojado expresó directamente al alcalde de Badalona: “Si nos dejan entrar a todos en España, después no nos pueden dejar abandonados. España no puede hacernos esto. Ya que te permiten entrar, tienen que darnos una solución, no dejarnos así sin nada”, subrayando la sensación de abandono y falta de políticas que acompañen a las personas migrantes sin recursos.

Otra persona afectada comentó cómo, tras el desalojo, muchas de las familias y personas vulnerables se encontraron de repente sin acceso a servicios básicos ni a espacios dignos para vivir, lo que ha provocado momentos de desesperación y agotamiento físico y mental entre quienes aún duermen bajo el puente.

Se está vulnerando el derecho a una vivienda digna

Organizaciones como Badalona Acull han denunciado que la situación de dormir bajo un puente en pleno invierno revela una falla grave en la garantía del derecho a una vivienda digna, considerado un derecho fundamental recogido en la Constitución española y en tratados internacionales de derechos humanos. Según su portavoz, Carles Sagués, esta situación es “totalmente inhumana” y pone en riesgo la salud y la dignidad de las personas afectadas.

Además, voluntarios del municipio continúan apoyando al colectivo con comida caliente, ropa de abrigo y asistencia básica, subrayando que mientras no se encuentren soluciones de alojamiento duraderas, estas ayudas son insuficientes ante el frío y la falta de recursos.

La crisis también ha generado tensiones en algunos barrios. En días recientes, grupos racistas bloquearon la entrada de una parroquia que había sido habilitada como albergue provisional para algunas de las personas desalojadas, lo que obligó a cancelar trasladados previstos. Este episodio ha puesto de manifiesto las divergencias sociales y políticas en torno a cómo atender a quienes quedan sin hogar, así como las dificultades de implementar soluciones incluso cuando existen recursos disponibles.

Otros vecinos defienden que desalojar a personas sin garantizar alternativas de alojamiento viola principios básicos de dignidad humana, y han pedido que las autoridades adopten medidas que vayan más allá de soluciones temporales.