Demanda en curso contra La Caixa para reclamar 231.000 € de IBI cobrados ilegalmente a las inquilinas en huelga

En medio de la huelga de alquileres más contundente que se ha organizado en Cataluña contra un único propietario, el Juzgado de Primera Instancia nº 35 de Barcelona ha admitido a trámite la demanda colectiva interpuesta por el Sindicat de Llogateres y las inquilinas en huelga.

Las huelguistas y demandantes son 61 familias de promociones de vivienda protegida en Sitges, Banyoles y Sentmenat que, desde abril, están reteniendo el pago del alquiler.

En lugar de pagar la renta a La Caixa, la acumulan en un depósito común como forma de protesta y herramienta de presión para que la empresa propietaria se siente a negociar. En estos dos meses de huelga, se han retenido un total de 60.165,68 € al casero privado con más viviendas de Cataluña.

Reclaman detener el proceso de privatización de las viviendas protegidas y que pasen a manos del Incasòl (Instituto catalán de suelo) para que sean públicas y protegidas para siempre. Además, exigen la retirada de las cláusulas abusivas (incluida la que carga el IBI a las inquilinas), acabar con los desahucios y procedimientos judiciales, la eliminación de sobreprecios impuestos y que se haga el mantenimiento pertinente de los edificios.

Las vecinas y el Sindicat reclaman una negociación y reiteran su voluntad de pago cuando se den las condiciones. La respuesta de La Caixa, sin embargo, ha sido iniciar represalias, ya que el Departamento de Morosidad ha enviado a las inquilinas en huelga comunicaciones amenazantes (adjuntas abajo).