PP, Junts y Vox ponen en riesgo el hogar y la vida de miles de familias al tumbar en el Congreso el escudo social que evitaba desahuciarlas

En el momento más duro de la crisis de la vivienda, el Congreso de los Diputados rechazó ayer con los votos de esos partidos prorrogar la moratoria de desahucios que mantiene paralizados unos 70.000 desalojos de personas en situación de vulnerabilidad. La medida, incluida dentro del escudo social, había conseguido detener uno de cada cuatro desahucios desde su puesta en marcha en 2020, en plena crisis por la Covid19. Junto a ella, decaen otras medidas tan importantes como la prohibición del corte de suministro de luz y agua o la prórroga del bono social eléctrico para hogares vulnerables.

Aunque la moratoria antidesahucios requería mejoras notables para ampliar su cobertura, era la única medida que había demostrado su efectividad a la hora de detener los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Por ello, la FRAVM y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), al igual que hicieran el pasado 27 de enero con la Plataforma #NiUnDesahucioMás, denuncian la enorme irresponsabilidad que supone que se haya dejado caer el decreto, causando inseguridad e incertidumbre a las familias.

Unas 70.000 familias podrían quedarse en la calle en las próximas semanas, y todo, por el cálculo electoral y partidista de unas formaciones a las que no ha bastado el recorte realizado por el Gobierno al decreto del escudo social para contentar a la derecha parlamentaria. Como sucedió el 27 de enero, PP, Vox y Junts volvieron a imponer su voto negativo, con la manida excusa de no favorecer la okupación, un fenómeno conscientemente exagerado que en la realidad presenta unas cifras ridículas.

Las que no son ridículas sino cada vez más monstruosas son las cifras del precio de los alquileres y de la compra de viviendas, así como las condiciones para acceder a un hogar, por muy modesto que sea. La situación residencial sigue siendo profundamente alarmante. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2024 se practicaron en España 27.564 lanzamientos, un 3,4 % más que en 2023, de los cuales el 74,6 % estuvieron vinculados a procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, fundamentalmente por impago del alquiler. Solo en el primer trimestre de 2025, los juzgados acordaron 7.334 desahucios, en torno al 77 % también por impago de rentas. ¿Se imaginan cuántos desahucios más se hubieran ejecutado sin la moratoria que ayer las derechas tumbaron en el Parlamento?

Tras la lamentable votación en el Congreso, las asociaciones vecinales vuelven a reclamar la aprobación de un plan de actuación urgente que asegure el mantenimiento de la vivienda -o un realojo digno- con la movilización de fondos del Plan Estatal de Vivienda, el despliegue del tanteo y retracto para movilizar viviendas privadas en manos de grandes tenedores y la puesta a disposición de las viviendas de la SAREB, entre otras medidas que sirvan para dar respuesta al mayor problema de nuestra sociedad, la dificultad de acceso a una vivienda digna.