CCOO de Madrid presenta propuestas al reglamento que regulará las viviendas de protección pública en la región

CCOO de Madrid constata a diario que la dificultad de acceso a la vivienda es, no solo una preocupación de los ciudadanos, como argumenta el gobierno regional del PP, sino el mayor de los problemas por el que estamos atravesando las madrileñas y los madrileños.

La Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructura ha abierto una consulta pública previa al desarrollo de un reglamento que regulará las viviendas de protección pública.

Aplicar la Ley

CCOO de Madrid ha presentado propuestas a este futuro reglamento, pero considera imprescindible que el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid aplique los cambios normativos que establece la Ley por el Derecho a la Vivienda, y deje de declararse insumiso en su aplicación.

Desde Comisiones Obreras de Madrid proponemos un parque de viviendas de protección pública teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Características de la vivienda

Las viviendas de protección pública deben cumplir los requisitos y condiciones de habitabilidad, calidad, superficie, uso y precio o renta establecidos por su normativa de desarrollo. Serán promovidas, construidas, rehabilitadas y gestionadas por las administraciones públicas o por entidades privadas bajo supervisión pública. Los fondos públicos destinados a la vivienda protegida deberán aplicarse con criterios de priorización de los colectivos en situación de vulnerabilidad habitacional, asegurando que los recursos se destinen al incremento y mantenimiento del parque público de vivienda en alquiler. La calificación de las viviendas de protección pública será de carácter indefinido y no podrá ser descalificada en ningún caso, evitando su venta o transferencia al mercado libre.

Parque público de viviendas

El parque público de vivienda deberá aumentar de manera progresiva hasta cubrir al menos el 20% del total del parque inmobiliario en la Comunidad de Madrid. Para ello, las administraciones públicas adoptarán las siguientes medidas: Ampliación del suelo destinado a la construcción de vivienda de protección pública. Creación de cooperativas de vivienda y asociaciones sin ánimo de lucro que participen en la promoción y gestión del parque de vivienda pública. Movilización de las viviendas vacías, que serán incluidas en el parque público a través de acuerdos con sus propietarios.

Emergencia habitacional

Las viviendas de emergencia habitacional estarán destinadas a personas o familias en situación de extrema vulnerabilidad, como víctimas de desahucios, personas sin hogar o personas que han perdido su vivienda debido a catástrofes naturales o emergencias. Estas viviendas estarán integradas en el parque público de viviendas y serán gestionadas por las administraciones públicas en coordinación con entidades del tercer sector. La estancia en una vivienda de emergencia será temporal, pero garantizará el acceso a una vivienda adecuada mientras se busca una solución habitacional definitiva.

Acceso a la vivienda de protección pública

Este se realizará bajo criterios objetivos, transparentes y basados en la necesidad. Para garantizar la equidad en la distribución de viviendas protegidas, se creará un Registro Único.

Las administraciones públicas gestionarán programas de ayudas y subvenciones exclusivamente en régimen de alquiler, destinados a facilitar el acceso a la vivienda protegida a aquellas personas y familias que, aun cumpliendo con los requisitos de acceso, no puedan afrontar el coste total de la renta. Se dará prioridad en la concesión de ayudas a los colectivos en situación de vulnerabilidad habitacional, como personas con bajos ingresos, familias monoparentales, personas mayores, víctimas de violencia de género y personas con discapacidad.

Un derecho, no una mercancía

Por último, CCOO de Madrid está convencida de que nuestra región necesita una legislación integral en materia de vivienda, tal y como tienen la mayoría de las comunidades autónomas. Una ley de vivienda que esté fundamentada en la defensa de la función social de la propiedad, entendida como un derecho y no como una mercancía. Que recoja la creación de un parque de viviendas público y suficiente, con regulación del mercado de alquiler reforzando la protección de los derechos de la ciudadanía frente a las prácticas abusivas. Sin olvidar la sostenibilidad y la eficiencia energética como principios fundamentales.