El administrador del fondo Urbe Enginova, investigado penalmente por acoso inmobiliario contra los inquilinos de Concòrdia 41

Barcelona, 26 de enero.

El Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia colectiva presentada por las inquilinas de la calle Concòrdia 41 junto con el Sindicat de Llogateres y el Col·lectiu Ronda contra el fondo buitre Urbe Enginova. Se trata de la segunda denuncia penal colectiva por acoso inmobiliario en todo el Estado español. Las vecinas de la finca interpusieron la denuncia por acoso a mediados de noviembre, después de haber estado 39 días sin el ascensor operativo. Este hecho imposibilitó que varias de ellas, con movilidad reducida, pudieran salir de su vivienda durante este período. Las inquilinas llevan ya un año organizadas con el Sindicat de Llogateres y el Sindicat de Barri de Poble Sec, desde que supieron que este fondo había comprado el bloque entero y quería expulsarlas de sus casas lo antes posible.

En la denuncia por acoso, las inquilinas señalan la falta de responsabilidad respecto al mantenimiento de la finca y el abandono de los deberes legales que corresponden a la propiedad, como responder a los correos de las vecinas, el mantenimiento de la limpieza y las reparaciones. Toda una estrategia deliberada por parte de Urbe Enginova para expulsar a las inquilinas, a la que se suma la contratación de una empresa de “desokupación” para presionar e intimidar a las vecinas y provocar el abandono de sus viviendas en contra de su voluntad.

39 días sin poder salir de casa

El 6 de octubre se averió el ascensor de la finca, lo que impidió la movilidad de las personas mayores y de las personas con dificultades de movilidad. Cuando se estropeó, las inquilinas solicitaron a la propiedad su reparación, pero ante la falta de respuesta contactaron ellas mismas con la empresa de mantenimiento. Esta envió el 8 de octubre un presupuesto de 2.000 € a la propiedad, con las vecinas en copia, asegurando que la avería podría resolverse en quince días. Tras dos semanas sin respuesta, las inquilinas enviaron un burofax reclamando explicaciones. La propiedad solo respondió 35 días después de que el ascensor dejara de funcionar, alegando que se estaba realizando un cambio de empresa de mantenimiento, información que las vecinas contrastaron con la empresa original y que no constaba como cierta.

En un bloque donde prácticamente la mitad de las viviendas forman parte de la bolsa de alquiler social del Ayuntamiento, es decir, donde las familias atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y social, la situación en los últimos meses se volvió insostenible. La salud física y mental de las inquilinas se ha visto perjudicada, con cancelaciones de vacunaciones o visitas médicas para el seguimiento de enfermedades crónicas. La denuncia incorpora los informes correspondientes de los médicos de cabecera de muchas de las vecinas del bloque que acreditan este daño, ante el cual la propiedad no ha mostrado más que indiferencia. El ascensor volvió a funcionar el 25 de noviembre, después de cincuenta días, una vez la demanda ya había sido interpuesta.

Poner fin a las expulsiones y al acoso con una ley en el Congreso

El caso de Concòrdia pone de relieve la necesidad de proteger a quienes viven de alquiler frente a las expulsiones y el acoso de los arrendadores. En este sentido, en febrero se votará un decreto en el Congreso de los Diputados que incorpora una prórroga obligatoria de tres años en los contratos y que sería determinante para garantizar la estabilidad de las inquilinas de Concòrdia. Además, el decreto incorpora una medida clave para hacer frente al abandono de los deberes legales de la propiedad en materia de mantenimiento: la posibilidad de que las inquilinas ejecuten las reparaciones y descuenten los costes del alquiler. Estas medidas garantizarían que situaciones como la de Concòrdia no dejen a personas vulnerables sin servicios básicos ni derechos reconocidos.

Esta denuncia penal presentada colectivamente por un caso de acoso inmobiliario es la segunda admitida a trámite en todo el Estado español, después de que un juzgado de Madrid aceptara un caso similar en la calle Tribulete. Esto es una muestra de cómo las inquilinas son cada vez más conscientes de la necesidad de organizarse y plantar cara a los especuladores que han creado la actual crisis habitacional en nuestras ciudades.