El Sindicat de Llogateres advierte al President: la huelga de alquileres en los bloques de La Caixa llegará a Lleida y otros municipios si no hay soluciones pronto

Barcelona, 23 de noviembre.

No podemos seguir esperando soluciones que no llegan. Este ha sido el mensaje claro que el Sindicat de Llogateres ha trasladado en su primera reunión con el presidente de la Generalitat.

El discurso de Salvador Illa se ha centrado casi desde el inicio de la legislatura en la vivienda, que es la principal preocupación de la ciudadanía y el mayor factor de desigualdad. Se han sucedido anuncios de nuevas adquisiciones de vivienda protegida que se está descalificando, el pacto para regular los alquileres temporales y de habitaciones, el proyecto para prorrogar las calificaciones de protección oficial o la intención (anunciada ayer en el Parlament) de estudiar la limitación de la acumulación de viviendas por parte de grandes tenedores. Pero ante las promesas de soluciones que nunca llegan, las inquilinas pierden la paciencia.

Sobre la mesa se ha puesto la huelga de alquileres, que más de un centenar de personas protagonizan contra la Fundación La Caixa desde el mes de abril, y medidas que la Generalitat debería activar de inmediato para regular el mercado de la vivienda. Por eso, en la comitiva del Sindicat estaban Águeda Amestoy y Toni Cañizares, inquilinas en huelga de Banyoles y Sentmenat respectivamente, junto con Carme Arcarazo, Enric Aragonès y Aldo Reverte, portavoces y militantes del Sindicat.

Crece el conflicto contra la Fundación La Caixa por la vivienda pública: la huelga llega a Lleida

InmoCaixa (propiedad de la Fundación La Caixa) tiene unos 1.400 pisos protegidos en Cataluña que están perdiendo su calificación y de los que la entidad quiere desalojar a las familias que viven allí para venderlos vacíos. Tras años de lucha y ante la falta de voluntad de la Fundación para negociar, en abril se inició una huelga de alquileres que acumula ya 230.000 € retenidos por un centenar de personas mientras reclaman que las viviendas pasen a manos públicas y se detengan los desalojos.

Dos de estas personas son Águeda y Toni, que han comunicado al president que la huelga está a punto de crecer: el pasado domingo, dos promociones de Lleida con más de 100 viviendas decidieron por unanimidad sumarse a la huelga de alquileres. En las próximas semanas, inquilinas de otros municipios también celebrarán asambleas para adherirse a la huelga en los próximos meses.

La huelga y sus reivindicaciones cuentan con un amplio apoyo social. Así, las huelguistas han entregado al president el manifiesto firmado por federaciones y organizaciones como CCOO, UGT, CONFAV, Òmnium Cultural, Affac, la ANC o la XES. También le han hecho llegar las 13 mociones municipales que ayuntamientos y un consejo comarcal han aprobado pidiendo que la administración pública adquiera los bloques.

Las huelguistas han insistido en la urgencia de blindar la protección de todas las promociones de vivienda de La Caixa, traspasándolas al parque público y, más allá, detener los procesos de descalificación que están afectando a más de 40.000 viviendas protegidas en Cataluña. El acuerdo político alcanzado el pasado 8 de abril contemplaba la prórroga de estas calificaciones en zonas tensionadas, pero todavía no ha llegado al Parlament.

Las viviendas son para vivir: regulación de alquileres temporales y colivings y límites a la compra especulativa

Las manifestaciones del curso pasado dejaron claro un mensaje: el derecho a la vivienda y la especulación son contradictorios e incompatibles. Fue justo después de una enorme movilización que se cerró un acuerdo para regular los alquileres de temporada y de habitaciones entre PSC, ERC, Comuns y CUP. Más de medio año después, sin embargo, la norma aún no ha entrado en vigor. El Sindicat ha pedido al president el compromiso de que este proyecto de ley se vote en el próximo pleno del Parlament, previsto para los días 4, 5 y 6 de noviembre. Durante estos seis meses de espera, miles de hogares se han visto desprotegidos ante esta brecha legal que permite esquivar la regulación de precios.

Esta no es, sin embargo, la única solución que el Sindicat ha puesto sobre la mesa. La delegación inquilina ha entregado un dossier con seis medidas (adjunto) para regular el mercado privado de vivienda, reforzar el parque público y reconocer la organización inquilina.

La más destacada: poner límites legales a las compras especulativas de vivienda. El Sindicat propone que solo se pueda comprar vivienda si es para vivir en ella, no para especular. Hace pocas semanas, un informe del jurista Pablo Feu mostraba que esta medida es viable legalmente y, justo ayer, el president se comprometió a estudiarla. Sin medidas que frenen las prácticas especulativas y la acumulación de viviendas en pocas manos, de nada sirve prometer la construcción de miles de viviendas: no servirán para que la gente viva en ellas a precios asequibles.