La justicia obliga a Airbnb a pagar los 64 millones de euros previstos en la multa que le impuso Consumo

Madrid, 23 de marzo de 2026.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado la solicitud de medidas cautelares solicitadas por Airbnb para paralizar la sanción que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impuso en diciembre de 2025 a esta plataforma online de alquiler de alojamientos turísticos por infracciones en la publicación de anuncios de este tipo de viviendas. Por lo tanto, Airbnb tendrá que pagar los 64.055.311 euros previstos en la multa del ministerio que dirige Pablo Bustinduy.

Consumo identificó infracciones en un total de 65.122 anuncios publicados por Airbnb, que este mismo ministerio ya consiguió que fueran retirados de su plataforma en julio de 2025. Las infracciones identificadas por Consumo y que dieron lugar a la multa firmada por Pablo Bustinduy fueron:

1.    Prácticas comerciales desleales con personas consumidoras y usuarias (infracción en la letra M del artículo 47.1 del TRLGDCU, texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios):

●    Publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo así las obligaciones impuestas en la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.

●    Publicar anuncios de alojamientos turísticos indicando un número de licencia o registro que no se corresponde con la numeración utilizada por los registros, o por publicar anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, incurriendo así en una práctica de publicidad engañosa.

Por estos primeros motivos, el Ministerio de Consumo impuso una sanción por infracción grave, cuyo importe asciende 63.980.311 euros, el equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde el apercibimiento formulado por parte del Ministerio hasta su retirada por la plataforma. Las otras infracciones que se identificaron fueron:

2.    Incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia (infracción en la letra T del artículo 47.1 del TRLGDCU) como omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento de uso turísticos que se publicita en esta plataforma. Infracción leve sancionada con 10.000 euros.

3.    Obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección (infracción en la letra I del artículo 47.1 del TRLGDCU), ya que la plataforma no ofreció respuesta a los requerimientos de Consumo durante la instrucción de este expediente. Infracción leve sancionada con 10.000 euros.

4.    Incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales dictadas por el órgano instructor con el fin de evitar la producción o continuación de riesgos o lesiones para los consumidores y usuarios durante la tramitación del expediente (infracción en la letra O del artículo 47.1 del TRLGDCU). Infracción grave sancionada con 55.000 euros

Airbnb recurrió esta sanción a la justicia, lo que suspendió temporalmente la obligación de hacer frente al pago de la multa. Ahora, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza su solicitud de medidas cautelares, por las que pedía la suspensión del pago de la multa hasta que dictara sentencia. Tras esta decisión del TSJ de Madrid, la empresa puede presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal.

FRAMV: «La sentencia contra Airbnb, una buena noticia que debería impulsar a ayuntamientos como el de Madrid a cerrar los miles de pisos turísticos ilegales que siguen abiertos»

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que lleva nueve años luchando contra la expansión descontrolada de las viviendas de uso turístico (VUT), aplaude el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) conocido esta mañana que obliga a Airbnb a pagar una multa de 64 millones de euros por anunciar VUT ilegales. La empresa había solicitado la suspensión de esta sanción, impuesta el pasado mes de diciembre por el Ministerio de Consumo ante diversas infracciones en la publicación de anuncios de pisos turísticos, hasta que no se produjese una sentencia firme, y ahora el TSJM ha rechazado esa solicitud de medidas cautelares.

Aunque la compañía puede presentar un recurso de reposición, el auto del tribunal supone un interesante aviso a navegantes, del que otras administraciones como las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberían tomar nota y proceder al cierre de las decenas de miles de viviendas turísticas ilegales que hoy siguen operando. La FRAVM insta al consistorio de la capital, uno de los municipios de España con mayor volumen de VUT, a intensificar sus labores de inspección, control y sanción para sacar de la circulación los miles de pisos turísticos ilegales que tiene la ciudad. Aunque el equipo de José Luis Martínez-Almeida nos trate de deslumbrar cada poco tiempo con anuncios de cierre de VUT ilegales, la realidad es que el número de este tipo de negocios que ha clausurado hasta el momento resulta irrisorio para la magnitud del problema.

La FRAVM saluda la iniciativa del Ministerio de Consumo de restauración de la legalidad al imponer al gigante de las viviendas turísticas la citada multa, y le pide que intensifique esta línea de actuación, con el fin devolver al parque residencial viviendas que nunca deberían de haber salido de ahí. Una mayor restricción de las VUT y la persecución del alquiler de temporada fraudulento (hoy muy en boga en ciudades que han impuesto límites razonables a la expansión los pisos turísticos), junto a otras medidas como la prórroga de los contratos de alquiler, resultan esenciales y urgentes para enfrentarnos al problema más grave de nuestro tiempo, el acceso a una vivienda digna. Es imprescindible, más aún si atendemos a la crisis económica que puede provocar la Guerra de Irán, ampliar la oferta de vivienda disponible, y eso pasa por garantizar la permanencia de las familias en sus hogares y en recuperar inmuebles residenciales que hoy se usan para el negocio turístico, y que, además de provocar problemas de convivencia (por ruidos, suciedad, inseguridad y un uso incorrecto de las zonas comunes de los edificios en los que se ubican) contribuyen a incrementar los precios de la vivienda, expulsando muchas veces a la población autóctona con menos recursos.