Medio centenar de personas se han plantado en las oficinas de Vandor para denunciar los colivings

Barcelona, 23 de enero.

Medio centenar de personas se han plantado en las oficinas de Vandor, una SOCIMI del fondo de inversión inglés Patron Capital que se dedica a convertir viviendas en colivings para alquilar habitaciones a precios ilegales. La consecuencia más grave es la expulsión de decenas de familias que viven en las viviendas que el fondo buitre ha adquirido desde hace años. Las inquilinas de siete bloques organizados con el Sindicato se han plantado hoy en la oficina ubicada en la calle Beethoven para exigir la renovación de sus contratos de alquiler. La empresa se ha vuelto a negar a sentarse a negociar con ellas. El Sindicato, por su parte, ha interpuesto hoy una denuncia contra la empresa por anunciar habitaciones por un precio superior al que permite la ley de regulación de habitaciones y alquileres de temporada, aprobada el pasado 18 de diciembre en el Parlament de Catalunya.

Expulsar a los inquilinos de 14 fincas para poner alquileres por encima de la ley

Inquilinas de 7 bloques de Barcelona en manos de Vandor están organizadas con el Sindicat de Llogateres para evitar ser expulsadas de sus hogares. El pasado junio denunciaron en rueda de prensa que Vandor ha adquirido 14 fincas con un total de 200 pisos con fines puramente especulativos y que está expulsando a las inquilinas a medida que vencen sus contratos de alquiler. Las inquilinas enviaron hace meses una carta firmada por todas las afectadas en la que reclamaban la retirada inmediata de todas las demandas judiciales y la renovación de los contratos de alquiler. Además, han visitado en varias ocasiones las oficinas para reclamar una negociación colectiva que dé solución a las vecinas, pero los responsables de Vandor siempre se han negado.

En la acción de hoy han denunciado, junto con inquilinas afectadas por otros fondos buitre, la especulación inmobiliaria basada en la compra de edificios para convertirlos en colivings o alquileres temporales mediante reformas irregulares. También han advertido que tanto Vandor como otros fondos buitre, como New Amsterdam Developers, están incumpliendo las órdenes administrativas emitidas por el Ayuntamiento de Barcelona, que obligan a revertir estas obras ilegales y a garantizar que las viviendas mantengan su uso residencial.

El filántropo Keith Breslauer, responsable del desahucio de las inquilinas de Vandor

A día de hoy, Vandor continúa publicitando el alquiler de habitaciones a precios por encima de la ley a través de la web de su marca Cotown. En 2024, Vandor ingresó más de 4,8 millones por arrendamientos de habitaciones y más de 590.000 por alquiler de viviendas, según La Directa. Para gestionar y comercializar los activos, en 2022 Patron Capital creó la marca Cotown y compró la gestora Vanguard Student Housing, a través de la cual tiene convenios con escuelas y universidades internacionales a las que alquila los pisos y habitaciones donde antes vivían inquilinos, a precios muy por encima del tope legal.

Vandor Real State es la sociedad de inversión del fondo británico Patron Capital, fundada y administrada por Keith Breslauer. Este neoyorquino llegó a Londres de la mano de Lehman Brothers para adentrarse en el sector inmobiliario en plena crisis y desde entonces ha hecho negocios vinculados a la especulación inmobiliaria. Paradójicamente, Breslauer se publicita a sí mismo como una persona filántropa, donando a numerosas organizaciones benéficas, como la Royal Marines Charity y el Prince’s Teaching Institute, mientras es responsable de la expulsión de las inquilinas de Vandor.

Hay que perseguir a quienes incumplen la ley para hacer valer la regulación y evitar más expulsiones

Hace un mes dimos el primer paso para acabar con la estafa de los alquileres de habitaciones en el Parlament de Catalunya. Ahora, la suma de las habitaciones no puede superar el precio que marca la regulación, pero vemos cómo Vandor está incumpliendo la ley y continúa alquilando habitaciones a 800 o 900 euros, es decir, por encima del tope. Es imprescindible que el gobierno ponga en marcha cuanto antes el cuerpo de inspectores de vivienda y que las administraciones responsables persigan a los fondos buitre y arrendadores que están especulando con la vivienda y saltándose la ley.

Además, desde el Sindicat, somos conscientes de que es necesario dar un segundo paso para acabar con estas estafas. El próximo febrero se votará una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que servirá para blindar la regulación catalana frente a los intentos de partidos como el PP y de la patronal inmobiliaria de tumbarla en el Constitucional. Esta reforma incluye también una prórroga de 3 años de los contratos de alquiler para proteger a las inquilinas de Vandor y a muchas otras frente a las expulsiones.