La PAH Santander exige que se prohíban los desahucios de fondos buitre

Desde la PAH avisan de una campaña de presión al gobierno regional para que intervenga en los casos donde existe riesgo de dejar en la calle a personas en situación de vulnerabilidad para que los fondos buitre especulen con la vivienda.

Tras el reciente intento de desahucio a una persona vulnerable en Bezana por parte del fondo buitre Zeus Real Estate el pasado 4 de septiembre, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reclama que el gobierno regional, competente en materia de vivienda, intervenga y paralice todos los casos de desahucio por parte de los fondos buitre en la comunidad. Más en concreto la PAH señala que el gobierno puede y debe intervenir en materia de vivienda, utilizando el derecho de tanteo y retracto para adquirir de manera preferente inmuebles que pretenden ser usados con fin especulativo, y usar estas viviendas bajo la fórmula del alquiler social.

En el caso concreto del intento de desahucio del pasado día 4 – paralizado gracias a la presión ciudadana, pero establecida nueva fecha de lanzamiento el 6 de noviembre – el fondo buitre Zeus Real Estate adquirió la vivienda por poco más de 50.000 euros, y se sospecha que desea venderla por entre 160.000 y 170.000, en una operación claramente especulativa.

La PAH reclama además que, a través de esta fórmula de adquisición preferente, se aumente de manera muy significativa el número de viviendas sociales, que actualmente se cifra en 402 para más de 1.400 solicitudes. Esta situación da lugar a una lista de espera de años, lo que provoca que en muchas ocasiones se estén ejecutando desahucios sin dar alternativa habitacional. Algunas familias que han acudido a la Plataforma se han visto en esta situación, incluso con menores a cargo, y otros casos llevan esperando hasta 5 años sin una respuesta.

Por último la PAH señala la hipocresía del gobierno regional cuando habla del derecho a la vivienda pero sin dotar de medios económicos. Así mientras el presupuesto para Vivienda de la comunidad no llega a los 27 millones de euros – menos de un 1% del total de presupuesto global –

el gobierno ha aprobado rebajas fiscales para los más ricos por valor de 85 millones anuales. Ante esta situación, la Plataforma revindica el derecho a la vivienda y anuncia una campaña de presión para que el gobierno regional situé este derecho humano como una prioridad política y se deje de palabras vacías.