Un juzgado de Tarragona da la razón al Sindicat de Llogateres: no se puede repercutir el IBI al inquilino en viviendas de protección oficial

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2024, 29 familias de las promociones de viviendas de protección oficial de la Fundació La Caixa en Salou y El Vendrell devolvieron los recibos de su alquiler. Esta acción se enmarca en el inicio de la huelga de alquileres y como protesta contra años de abusos: expulsiones, cláusulas abusivas, precios inflados, falta de mantenimiento, etc. Concretamente, las familias en huelga exigían la devolución de las cantidades cobradas en concepto de IBI, que la Fundació La Caixa repercutía a los inquilinos.

A pesar de que las viviendas ya no son propiedad de La Caixa (pasaron a ser de Incasòl en enero de 2025), La Caixa interpuso una demanda de reclamación de cantidades contra los inquilinos, reclamando los dos meses de impago. Concretamente, las rentas de alquiler ascienden a unos 380 € por hogar y mes (varían en función de la promoción), lo que supone un impago de unos 760 € por hogar y un total de unos 20.000 € impagados. Por su parte, los inquilinos argumentaron ante el juzgado que el impago de las rentas respondía al cobro indebido del IBI durante años. El IBI supone 25 € mensuales, o 300 € de gasto anual para los inquilinos de Salou. Por lo tanto, un inquilino que lleve 15 años viviendo allí habría pagado hasta 4.500 € en concepto de IBI.

Pero el juzgado de primera instancia número 6 de Tarragona, que ha hecho pública la primera sentencia de estos procedimientos, lo deja claro: no existe ninguna normativa catalana que permita repercutir el IBI al arrendatario en las viviendas de protección oficial. Como consecuencia, reduce la cantidad correspondiente al IBI de las cantidades que los inquilinos deberían pagar a la Fundació La Caixa. Aunque esta sentencia solo se aplica a un caso concreto, es el primer pronunciamiento judicial sobre el planteamiento que el Sindicat de Llogateres ha defendido durante años respecto al IBI, y lo hace dándole la razón.

Los tribunales podrían fallar para que La Caixa tuviera que devolver más de 10 millones de euros en concepto de IBI

El Sindicat de Llogateres tiene abiertos dos procedimientos judiciales contra La Caixa por abusos inmobiliarios que podrían tener consecuencias tanto cuantitativas como cualitativas.

En primer lugar, una demanda colectiva por el cobro indebido del IBI interpuesta por el Sindicat de Llogateres y las inquilinas en huelga. Esta demanda, admitida a trámite en mayo de 2025 por el juzgado de primera instancia núm. 35 de Barcelona, reclama, por un lado, que la cláusula que repercute el IBI a los inquilinos sea considerada una condición general de contratación en todos los contratos de alquiler de Inmocriteria en Cataluña y que sea declarada nula por vulnerar la normativa aplicable a la Vivienda de Protección Oficial. Por otro lado, se reclama la devolución con intereses de las cantidades cobradas indebidamente de forma individual a cada una de las personas demandantes adheridas a la demanda. Aunque la demanda se interpuso inicialmente con unas sesenta familias, a fecha de diciembre de 2025 se han adherido un total de 105 hogares, todos afiliados al Sindicat, de las promociones de Sitges, Banyoles, Sentmenat, Terrassa, Barcelona, Palau-solità i Plegamans, Mataró, Lleida, L’Hospitalet de Llobregat y Sant Just Desvern. Reclaman la devolución de 594.874,33 €, aunque la cifra podría seguir aumentando, ya que el Sindicat tiene identificadas 1.850 viviendas. Además, si el juez fallara favorablemente a las inquilinas, se generaría jurisprudencia sobre la nulidad de la cláusula de cobro del IBI en los contratos de Vivienda de Protección Oficial y se reforzaría esta primera sentencia del juzgado de Tarragona.

En segundo lugar, una demanda colectiva de cesación para lograr la nulidad de 16 cláusulas abusivas incorporadas en los contratos de alquiler de Inmocriteria que afectaban —en el momento de interponerse la demanda— a 2.000 viviendas de 37 promociones en toda Cataluña. A día de hoy, y gracias a la huelga de alquileres impulsada por el Sindicat contra la descalificación de vivienda protegida, todos estos pisos ya forman parte del parque público de vivienda, y los nuevos contratos que se están firmando entre Incasòl y las inquilinas ya no contienen cláusulas abusivas, dado que han sido negociados colectivamente entre el Sindicat y el Incasòl. Una sentencia favorable en este procedimiento, sin embargo, generaría jurisprudencia a la hora de interpretar como abusivas las cláusulas denunciadas y podría beneficiar a todos los inquilinos que las sufren.

La huelga de alquileres continúa, a la espera de una solución definitiva para los vecinos de Collblanc en L’Hospitalet

Esta huelga fue la chispa y el precedente que posteriormente llevó a un total de 110 familias (de Sentmenat, Banyoles, Sitges, Terrassa, Lleida, L’Hospitalet y Barcelona) a llevar a cabo una huelga de alquileres contra la Fundació La Caixa, que ha retenido hasta ahora 344.753,71 € en concepto de rentas desde el mes de abril.

A día de hoy, la huelga de alquileres continúa, a pesar de que el Incasòl se ha comprometido a adquirir la mayor parte de las promociones de vivienda protegida de La Caixa. Las inquilinas en huelga decidieron el pasado 29 de noviembre que la huelga continuaba hasta garantizar que todas las inquilinas tuvieran la seguridad de poder quedarse en sus casas, en referencia a las familias de la promoción de Porta Nord, en L’Hospitalet, que no formaba parte del paquete de adquisiciones hecho público por el Incasòl en noviembre.