Desahucian a las inquilinas de Argumosa 11, emblema de resistencia a la especulación en Lavapiés

A pesar de que decenas de personas trataron de impedir la ejecución del desahucio, la policía ha ejecutado esta mañana el lanzamiento de cuatro desahucios en el edificio dictaminados por tres juzgados distintos. El caso de Argumosa 11 ha sido objeto de revisión incluso por parte de Naciones Unidas que instó a las autoridades españolas a no ejecutar el desahucio al suponer una violación de los derechos fundamentales de las inquilinas afectadas.

La policía irrumpe en el edificio de Argumosa 11 / FRAVM

Las vecinas del bloque de viviendas de la calle Argumosa 11 en el céntrico barrio madrileño de Lavapiés, han sido finalmente desahuciadas. Tras más de un año resistiendo, las inquilinas de este bloque han sido expulsadas de sus hogares por la policía, a pesar de los esfuerzos de los vecinos y las plataformas contrarias a la especulación inmobiliaria por impedirlo por enésima ocasión.

El caso de Argumosa 11 ha sido representativo tanto por ser un ejemplo “de manual” de las práctica depredadoras del parque de viviendas de las grandes ciudades por parte de empresas de especulación inmobiliaria. En el año 2017, el bloque, que albergaba a una veintena de familias en régimen de alquiler, fue adquirido por Gestión Integral de Proindivisos, una compañía dedicada al sector inmobiliario que cuenta con tan solo un socio. El objetivo manifiesto de la empresa era expulsar a los actuales inquilinos, reformar el edificio y sacarlo al mercado de alquiler triplicando el precio.

Desde principios del pasado año, cuando los contratos de alquiler vencieron, los inquilinos del bloque se negaron a aceptar los hechos derivados de las prácticas leoninas de la empresa. El caso fue elevado incluso al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que en varias resoluciones instó a las autoridades españolas a impedir este desahucio y otros similares por suponer un atentado directo contra el derecho a la vivienda, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al no contar con ninguna alternativa habitacional ni motivos objetivos para la realización del desahucio, al margen de aumentar el lucro económico.

Unos hechos muy presentes entre los manifestantes que han tratado en vano, por séptima vez, de impedir que la policía ejecutase los desahucios. Ataviados con unos cascos azules, en a alusión a los uniformes de las fuerzas militares en misiones de paz amparadas por la ONU, los activistas han recordado a las fuerzas policiales que estaban cometiendo un atropello directo contra derechos fundamentales.

El caso ha sido también especialmente sangrante por las características de las resoluciones judiciales. Tres juzgados diferentes han dictaminado los lanzamientos el mismo día, a la misma hora y con resoluciones con el mismo tenor literal. Un fenómeno absolutamente inaudito de coordinación entre las distintas salas que hacen sospechar de una coordinación respondiendo a unos intereses muy específicos.

Siete personas detenidas

Junto a la ejecución del desahucio, la policía ha detenido a al menos siete personas que lo intentaban impedir bajo acusaciones de desobediencia y resistencia a la autoridad. Algunas fuentes cercanas al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid indican que podrían ser más.

En un auténtico despliegue de justicia y labor por garantizar los derechos humanos, este viernes Pepi Santiago, Rosi, Juani, Mayra y sus familias han sido privadas de sus hogares por parte de las autoridades, mientras personas que de forma solidaria trataban de impedir este atropello, se encuentran bajo arresto.

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