Adelante Andalucía lleva al Parlamento el “pelotazo urbanístico” de Santa María de Ordás en Sevilla, y pide su paralización

Adelante Andalucía ha denunciado públicamente el proyecto de construcción de un edificio de hasta ocho plantas en la calle Santa María del Robledo, junto a Santa María de Ordaz, tras mantener en el día de ayer un encuentro con vecinos y vecinas de la zona, quienes trasladaron su profunda preocupación por las consecuencias urbanísticas, sociales y de seguridad que acarrearía esta actuación.

El portavoz andalucista en Sevilla, Javier Montes, ha sido tajante: “Nos encontramos ante un nuevo ejemplo de urbanismo de despacho, impuesto sin contar con el barrio, donde se utiliza la vivienda protegida como excusa para justificar lo injustificable”.

Durante la reunión, los residentes alertaron de problemas graves derivados del proyecto, como la reducción drástica de la distancia entre bloques —que en algunos puntos quedaría en apenas tres o cuatro metros—, la pérdida de luz y ventilación, el riesgo estructural para edificios antiguos, la eliminación de espacios de convivencia y aparcamiento, así como el aumento de la saturación en una zona ya tensionada.

Pero más allá de los impactos inmediatos, Adelante Andalucía señala el origen político del problema. “Este proyecto no cae del cielo”, ha explicado Montes, “es consecuencia directa del decreto de vivienda aprobado por el Gobierno de Juanma Moreno, que abre la puerta a incrementar edificabilidad y densidad en nombre de la vivienda protegida. Lo que no dicen es que esa puerta también la están aprovechando promotoras privadas para hacer negocio”.

La promoción, impulsada por una empresa privada, se articula a través de un estudio de detalle, una figura urbanística que, sin modificar formalmente el planeamiento general, permite introducir cambios sustanciales en la práctica. “Es decir”, señalan desde la formación, “no cambian las reglas del juego, pero sí cómo se aplican. Y casualmente, siempre en beneficio de los mismos”.

Adelante Andalucía pone el foco también en la falta de transparencia sobre la titularidad y el recorrido del suelo. “Queremos saber cuándo se adquirió ese terreno, en qué condiciones y con qué expectativas. Porque mucho nos tememos que aquí hay quien ha comprado sabiendo perfectamente lo que venía después”, ha apuntado el portavoz andalucista.

En este sentido, la formación no cuestiona la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública, pero sí el modelo elegido: “No se puede hacer vivienda protegida a costa de empeorar la vida de quienes ya viven en el barrio. Eso no es política social, eso es urbanismo agresivo con barniz social”.

“Resulta cuanto menos curioso —ha añadido Montes— que quienes hablan constantemente de seguridad jurídica y planificación, estén promoviendo actuaciones que generan rechazo vecinal, dudas legales y conflictos urbanos evidentes. Pero claro, cuando se trata de hacer caja, parece que todo encaja mejor”.

Por todo ello, Adelante Andalucía exige la paralización inmediata del proyecto, la apertura de un proceso de diálogo con el vecindario, la revisión del uso del suelo y del instrumento urbanístico empleado y transparencia total sobre la titularidad y operaciones vinculadas al solar.

La formación a través de su diputada Begoña Iza ha llevado una batería de preguntas al Parlamento de Andalucía para que la Consejería de Vivienda se posicione sobre este nuevo proyecto y ha anunciado que estudiará posibles acciones legales si se confirman irregularidades en su tramitación.