El desahucio de Paca Blanco se suspende gracias a la presión social y mediática

La presión social y la organización colectiva han logrado paralizar el desahucio de Paca Blanco, histórica activista social, ecologista y feminista. Esta suspensión supone una victoria fruto de la movilización y del respaldo de más de 150 organizaciones y colectivos de todo el Estado, pero no pone fin al conflicto: Paca sigue en riesgo inminente de desahucio.

Paca Blanco, militante histórica de Ecologistas en Acción y Anticapitalistas, recibió una orden de desahucio por parte del Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), pese a llevar años solicitando la regularización de su situación mediante la subrogación del contrato y habiendo abonado el alquiler durante el último año. La paralización del desahucio no puede interpretarse como una solución, sino como una tregua arrancada por la movilización que nos da fuerza para seguir luchando. Por ello, las organizaciones firmantes advierten de que seguirán organizándose y movilizándose hasta que se reconozca definitivamente el derecho de Paca a permanecer en su hogar, con un alquiler social adecuado a sus ingresos.

Además, a lo largo de los días, la información que ha recibido Paca a través de Servicios Sociales, Juzgados y la Empresa Municipal de Vivienda ha sido contradictoria e insuficiente. La propia paralización no se ha recibido por escrito, sino que los escritos judiciales en los que se afirma la suspensión han sido enviados a periodistas a la vez que se negaba el acceso a los mismos a la persona que reside en la vivienda. Esto es una muestra de un maltrato institucional flagrante.

Mientras tanto, los desahucios siguen produciéndose a diario. Gobiernos estatales, autonómicos y municipales continúan protegiendo este modelo injusto, como se ha visto recientemente en el desahucio de cerca de un centenar de personas de un bloque propiedad de la SAREB en Villalba. Un nuevo ejemplo de cómo las instituciones priorizan los intereses inmobiliarios frente al derecho a una vivienda digna.

El intento de desahucio de Paca Blanco tiene además una enorme carga social y simbólica. El amplio apoyo social recibido demuestra que el caso de Paca no es una excepción, sino la expresión de una política estructural que expulsa a las clases populares de sus barrios y convierte la vivienda en un negocio al servicio de unos pocos. A sus 77 años y con un estado de salud delicado, se pretende expulsar de su casa a una mujer que ha dedicado toda su vida a la defensa del territorio, del medio ambiente y de los derechos colectivos. Su trayectoria vital está marcada por la lucha social, la precariedad y la represión, desde el internamiento forzoso en instituciones del franquismo como el Patronato de Protección a la Mujer hasta la persecución por su oposición a proyectos especulativos como el resort de lujo Marina Isla de Valdecañas.

Defender a Paca Blanco es defender el derecho a la vivienda de toda la clase trabajadora. Se exige la retirada definitiva del desahucio, el reconocimiento de su derecho a la subrogación del contrato y el acceso a un alquiler social justo. La vivienda no puede seguir siendo un privilegio ni un instrumento de expulsión: es un derecho fundamental que seguirá defendiéndose en las calles y en los barrios.