Sindicat de Llogateres de Catalunya: «La ley catalana contra las compras especulativas no puede estar llena de agujeros»

Barcelona, 19 de febrero.

Después de meses de movilizaciones, el PSC se ha visto obligado a admitir lo que ya es un consenso social: las viviendas son para vivir en ellas, y no para especular. Hoy, PSC y Comuns hacen público un pacto que presentan como una prohibición de las compras especulativas. Pero seamos claros. La ley anunciada restringiría los supuestos bajo los cuales las empresas y grandes tenedores pueden comprar vivienda. Esto podría frenar la acumulación de pisos en pocas manos y asegurar que estos se destinen a vivir en ellos (en lugar de mantenerlos vacíos, destinarlos al alquiler de temporada o instalar colivings).

Ahora bien: el texto anunciado tiene limitaciones serias que pueden convertirse en agujeros para que la ley no acabe aplicándose y no consiga el objetivo que tiene.

1. La propuesta no prevé ningún mecanismo para evitar la práctica especulativa más habitual: comprar edificios y revenderlos al poco tiempo a un precio más alto. Una práctica conocida como flipping inmobiliario y que suele implicar la expulsión de los inquilinos. Es necesario prohibir específicamente esta práctica.
2. El texto está descafeinado respecto al informe inicial y permite que los pisos sueltos puedan comprarse sin destinarlos a uso propio, sino para ponerlos en alquiler (en un plazo de 12 meses), en caso de que lo hagan arrendadores con menos de cinco propiedades. La limitación debe ser clara: solo se debe poder comprar un piso si es para vivir en él.
3. En cuanto a los bloques, no se aplican garantías que den estabilidad a los inquilinos y bajen los precios. Si realmente debe ser una ley contra la especulación, se tiene que garantizar que si alguien compra un bloque entero donde viven inquilinos se les hagan nuevos contratos con bajadas de precio en ese momento. Solo así se puede evitar que la compra de un bloque por parte de un fondo implique la expulsión de quienes viven en él.
4. Deja en manos de cada ayuntamiento decidir si aplicará o no esta limitación, así como el control de los incumplimientos. Esto significa que para aplicarlo en las zonas con mercado residencial tensionado se deberían hacer nuevas planificaciones urbanísticas en cada uno de los 271 municipios declarados. En cambio, un plan director urbanístico impulsado desde la Generalitat podría aplicar esta limitación automáticamente en todo el territorio. Por otra parte, ya hemos visto hasta ahora cómo incluso los ayuntamientos más grandes, como el de Barcelona, no aplican con diligencia el control de la normativa urbanística.

Lo que hemos conocido hoy es un pacto entre dos partidos. Esta propuesta de ley, sin embargo, todavía no tiene mayoría en el Parlament para aprobarse. Estamos a tiempo de evitar una nueva norma llena de agujeros. Necesitamos una ley que se pueda aplicar, que no deje resquicios y que acabe, de una vez por todas, con la especulación con la vivienda.