El gobierno mantiene a más de un millón de inquilinos en riesgo de expulsión mientras refuerza el paraíso fiscal del rentismo

Hoy hay más de un millón de inquilinas en riesgo de ser expulsadas de sus viviendas por sus caseros. El negocio del rentismo consiste precisamente en expulsar a un inquilino para alquilar de nuevo un 30% o un 50% más caro. Este modelo es extremadamente rentable para los rentistas, y la bonificación del IRPF no va a frenar esta dinámica. Por ello para proteger a los inquilinos y garantizar la estabilidad de sus contratos, es imprescindible que se lleven a cabo medidas encaminadas a que los contratos de alquiler sean indefinidos tal como sucede en países como Alemania, Suecia, Francia, Dinamarca, Noruega o Austria.

Las bonificaciones son un regalo para los caseros que no protegerá a los inquilinos.

Con los alquileres en máximos históricos, el Gobierno propone premiar fiscalmente a los caseros por mantener precios abusivos. Congelar alquileres que la gente ya no puede pagar no resuelve el problema: hace falta bajarlos, no recompensar a quienes los mantienen. Además, la medida no es obligatoria y permite al casero elegir entre la bonificación o subir la renta o expulsar al inquilino. Mientras quienes trabajan pagan impuestos, los caseros reciben bonificaciones por cobrar alquileres, haciendo que paguemos no solo el 60 o 70% del sueldo, sino también una parte vía impuestos. Esto convierte el mercado del alquiler en un paraíso fiscal para el rentismo, mientras millones viven con miedo a perder su casa. Hace un año, Sánchez anunció una medida similar que sí incluía bajadas según el índice oficial; los rentistas no pueden seguir siendo un sector privilegiado al margen de las normas comunes.

Regular los alquileres temporales y de habitaciones y ampliar las medidas de protección a los inquilinos: una demanda necesaria de los sindicatos que se votará en el Congreso.

Una parte considerable de las medidas de las propuestas en el RDL que hoy plantea Sánchez ya están en la ley que los Sindicatos de Inquilinas presentaron hace un año y medio y que se votará en el Congreso este febrero, tal y como nos ha asegurado el Gobierno de Sánchez esta misma mañana. Esta ley se trata de una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que incluye la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones que quedaron fuera de la Ley Vivienda, y una batería de medidas para proteger a las inquilinas frente a subidas de alquiler y otras estafas. Además, se incorpora una prórroga de tres años a los contratos ubicados en zonas tensionadas, una medida imprescindible para protegerlos frente a las expulsiones provocadas por el aumento de los colivings y los alquileres de temporada pero que solo afectaría a Catalunya, Euskal Herria, Galicia y Asturias y que dejaría fuera a muchos hogares. 

La ley registrada por los Sindicatos de Inquilinas sigue su curso y cuenta con el compromiso del PSOE y el PNV, que se sumaron el pasado noviembre, y de los partidos que ya se habían posicionado a favor —ERC, Bildu, Sumar, Podemos y BNG—. Solo harían falta los votos de Junts para que sea aprobada. Por ello, exigimos alejar esta ley de la batalla partidista y de los giros de guión efectistas. 

La realidad es que estas medidas, ya sea a través de la ley presentada por los sindicatos o del Real Decreto-ley anunciado por Sánchez, sólo se aprobarán con una mayoría en el Congreso de los Diputados. Por eso, las próximas semanas serán clave para lograrlo. Instamos a todos los partidos y entidades a hacer todo lo posible para que así sea.