Instancia para que Collboni aplique el 30% a 17 colivings ilegales de Vandor que expulsan a vecinas de sus casas​

Comunicado

Barcelona, 12 de marzo.

Las inquilinas de Vandor y el Sindicat de Llogateres hemos presentado hoy una instancia ante el Ayuntamiento de Barcelona para denunciar las infracciones urbanísticas que ha cometido Vandor en cuatro fincas y pedir al consistorio que las compruebe, las corrija y interponga las sanciones correspondientes. Los informes emitidos por las inspecciones municipales realizadas determinan que en estos edificios se han llevado a cabo grandes rehabilitaciones que deberían haber activado la aplicación de la medida del 30% de vivienda protegida.

El Sindicat denuncia que es especialmente alarmante que el Ayuntamiento no haya actuado a pesar de disponer de toda la información y saber que esta empresa opera con 13 fincas en la ciudad, provocando expulsiones sistemáticas de los inquilinos y dejando actualmente a tres familias en riesgo de desahucio. Si se aplicara esta normativa, 17 viviendas que hoy operan como colivings deberían destinarse a vivienda protegida, lo que permitiría evitar los desahucios y proteger las viviendas de la especulación.

Las inquilinas podrían quedarse en casa si se aplicara el 30%

La aplicación de la medida del 30% permitiría recuperar al menos 17 viviendas protegidas en las fincas de Nàpols 206, Consell de Cent 538, Rocafort 219 y Entença 69, donde se han llevado a cabo grandes rehabilitaciones. Esta situación afecta directamente a varias inquilinas que hoy afrontan procesos judiciales para ser desahuciadas ante la negativa de Vandor a renovarles el contrato.

Elisabeth, vecina de Consell de Cent 538, afronta un desahucio previsto para el 16 de abril después de 28 años viviendo en el mismo piso con su familia. En esta finca de 28 viviendas se reformaron 13 en 2023 y Vandor solo presentó un comunicado diferido y dos “assabentats”. La inspección municipal realizada en febrero de este año determinó que las obras llevadas a cabo constituyen una gran rehabilitación. Si se cumpliera el 30%, tal como establece la normativa, 8 de las viviendas quedarían protegidas y Elisabeth podría quedarse en su casa.

La situación de Rosario es posiblemente la más ilustrativa. Vive en la finca de Entença 69 y es la última inquilina que queda en un edificio que Vandor compró en 2021. Después de rehabilitar 10 de los 11 pisos y convertirlos en colivings, la empresa ha demandado a Rosario, que lleva 27 años viviendo en la finca con su hijo. Si se aplicara el 30%, tres viviendas deberían ser protegidas y Rosario podría seguir viviendo en su casa.

Por último, Wendy, vecina de Concòrdia 12, que lleva 26 años viviendo en la finca con su madre, su hermana y su sobrino, quien tiene una discapacidad de más del 40%. Su desahucio está actualmente suspendido gracias a las acciones de presión de las inquilinas.

A pesar de que tanto Wendy como Rosario han recibido ofertas de Vandor para ser realojadas en otras fincas con pisos más pequeños, ambas, junto con decenas de inquilinas de la misma propiedad, exigen que se renueven los contratos de alquiler de sus viviendas para poder seguir viviendo en sus casas y evitar que las fincas acaben llenas de colivings.

Permisividad absoluta ante la voracidad de los buitres del coliving

Durante los últimos años, la empresa Vandor ha adquirido hasta 13 fincas con 236 viviendas solo en Barcelona, expulsando a las vecinas y transformando los pisos en colivings destinados principalmente a estudiantes internacionales. Según diversas inspecciones municipales, la empresa ha realizado grandes rehabilitaciones sin los permisos reglamentarios, utilizando comunicados de obra menor o “assabentats” para ejecutar reformas estructurales que permiten multiplicar el número de habitaciones y adaptar los pisos a este modelo de negocio.

Estas actuaciones deberían haber activado la medida del 30% de vivienda protegida, que obliga a reservar una parte de las viviendas resultantes de grandes rehabilitaciones a alquiler asequible. Sin embargo, Vandor ha esquivado esta obligación y hoy estos pisos operan como colivings con precios muy superiores a los del alquiler residencial.

El Sindicat denuncia que la falta de control urbanístico del Ayuntamiento y la ausencia de sanciones generan un marco de absoluta impunidad para los fondos buitre que vienen a especular con las viviendas de Barcelona. Mientras el Ayuntamiento es consciente de todas las ilegalidades que se cometen, opta por mirar hacia otro lado y no aplica las herramientas jurídicas que tiene a su disposición. Mientras tanto, Vandor continúa vaciando edificios enteros, provocando cientos de desahucios y agravando la crisis de la vivienda