Ultimátum a La Caixa: las huelgas continúan si no se sienta a negociar

Sitges, 12 de marzo de 2025.

Hoy, en una rueda de prensa celebrada en Sitges, las inquilinas de La Caixa han anunciado su intención de continuar con las huelgas de alquiler si La Caixa y la Generalitat no se sientan a negociar y detienen la privatización de las viviendas protegidas gestionadas por InmoCriteria.

Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres, ha querido dejar claro que las huelgas no son solo por las inquilinas de La Caixa, sino que su objetivo final es defender la vivienda pública en Cataluña. Tras la huelga de dos meses en El Vendrell y Salou para recuperar el IBI cobrado ilegalmente por La Caixa durante años, las seis promociones de Sitges, Banyoles y Sentmenat llevan tres meses organizándose para iniciar su propia huelga. Hace solo una semana, retuvieron las rentas de alquiler durante unos días y, al reingresarlas, enviaron un mensaje claro a La Caixa: «Si no escuchas nuestras demandas, el mes que viene no verás ni un euro».

Cinco promociones de Sentmenat, Sitges y Banyoles, pioneras en la lucha contra la privatización

Las inquilinas de estas promociones han dado un paso adelante y han decidido ir a la huelga para exigir que el INCASÒL adquiera las viviendas en proceso de descalificación, que se ponga fin a las prácticas especulativas de La Caixa y que estos pisos pasen a formar parte del parque de vivienda pública. La demanda llega después de cuatro años en los que las inquilinas han reclamado el fin inmediato de los desalojos perpetuados por La Caixa, así como el fin de las cláusulas abusivas que imponen un sobreprecio en los alquileres, la falta de mantenimiento en los edificios y los abusos derivados del cobro ilegal del IBI.

Con la huelga de alquileres coordinada y colectiva, se adelantan a lo que ya ha ocurrido en muchas otras promociones de La Caixa, como la de Salou, donde la mitad de las familias han sido expulsadas y los pisos han quedado vacíos durante años. Las viviendas protegidas de La Caixa, construidas entre 2002 y 2012 con más de 25 millones de euros en subvenciones públicas, están siendo vendidas o dejadas vacías en lugar de garantizar el acceso a la vivienda. De las 36 promociones iniciales, quedan 27, ya que el INCASÒL ha comprado 9. Con los procesos de descalificación de la protección oficial, La Caixa ya no está obligada a alquilar los pisos y cientos de familias han sido desalojadas mientras muchas viviendas quedan vacías y sin uso.

Las huelgas funcionan en Salou y El Vendrell

La huelga de alquileres en Salou y El Vendrell, en la que participaron unas 33 familias y se retuvieron unos 25.000€, ha sido un éxito. Hasta ahora no se ha recibido ninguna demanda por impago y La Caixa no ha reclamado las cantidades retenidas. Estas huelgas ya han logrado frenar la venta de viviendas en paquete, una estrategia que La Caixa intentaba implementar. De hecho, la reacción de La Caixa ha sido tan desesperada que ha bajado el precio de venta de los pisos hasta un 40%, incluso ofreciendo financiación a personas con pocos recursos. La presión generada por las inquilinas en lucha ha sido clave en el proceso de adquisición por parte del INCASÒL, junto con otras seis promociones, lo que ha permitido evitar la privatización de medio millar de viviendas que estaban en proceso de descalificación.

El Incasòl no retira los procesos de desahucio

Aunque el cambio de titularidad de ocho promociones hacia el INCASÒL representa una victoria para las inquilinas y el Sindicat, dos meses y medio después todavía hay muchas incertidumbres y una clara inacción por parte de la administración. Las demandas judiciales contra las inquilinas siguen en marcha, ahora bajo el nombre del INCASÒL, y no se han firmado nuevos contratos con precios adecuados a los ingresos de cada familia, tal y como se comprometió la Generalitat. Tampoco se ha mejorado el mantenimiento de los edificios ni se ha garantizado la información y la transparencia necesarias para dar tranquilidad a las vecinas. Además, mientras algunas familias han recibido notificaciones sobre el pago del alquiler, otras cuyos contratos han expirado todavía no han recibido ninguna indicación sobre cómo pagar la renta.

«No necesitamos solo compromisos, necesitamos acciones concretas», ha declarado Kika, inquilina de Salou, en la rueda de prensa. «La vivienda protegida debe ser realmente pública y garantizar estabilidad para las inquilinas, sin las prácticas abusivas que hemos sufrido con InmoCriteria y que siguen sufriendo otras familias con empresas privadas que especulan con la vivienda protegida».

El modelo de vivienda pública por el que luchamos

La gran apuesta del gobierno de Illa es ampliar el parque de vivienda protegida, pero la experiencia nos dice que no servirá de nada si no se cambia el modelo bajo el cual se desarrollará. Asegurar el negocio privado para los grandes promotores es contradictorio con garantizar el derecho a la vivienda para la mayoría. Es imprescindible que se incorporen las siguientes medidas:

Parar las descalificaciones de vivienda protegida: No sirve de nada anunciar 50.000 nuevos pisos si antes de 2030 se perderán más de 43.000.

Gestión y titularidad 100% públicas: Las viviendas protegidas deben funcionar con un modelo de alquiler con protección indefinida.

Fin de las prácticas abusivas: No puede ser que en viviendas protegidas se haga pagar el IBI a los inquilinos o se apliquen condiciones propias del mercado libre.

Eliminar el mínimo de ingresos para acceder a una vivienda protegida: No tiene sentido exigir un nivel adquisitivo mínimo para acceder a un servicio público esencial. Es necesario reducir los precios y adaptarlos a los ingresos de cada familia.

Reconocimiento de la organización inquilina: Las comunidades de inquilinos deben poder tener representantes, espacios de decisión y mecanismos de negociación colectiva, tal y como se reclama en los bloques de Salou, otras promociones adquiridas y la Casa Orsola.

Un movimiento huelguista en defensa de la vivienda pública

Las huelgas de alquiler no son solo una demanda particular de las inquilinas afectadas, sino una lucha colectiva por la vivienda pública. Los ayuntamientos de Sitges, Sentmenat, Vilanova i la Geltrú, Mataró, Banyoles y, próximamente, Mollet del Vallès han aprobado mociones de apoyo a las reivindicaciones de las inquilinas e instado a que las promociones que aún son de La Caixa pasen a manos públicas. Asimismo, el martes 18 por la tarde, las huelguistas se reunirán con los grupos parlamentarios en el Parlament de Catalunya.

Además, junto con el Sindicato de Inquilinas de Madrid y la Fundación Coop 57, se ha creado una Caja de Resistencia para sufragar los gastos de las acciones logísticas, organizativas y jurídicas de las huelgas de alquiler, no solo la de La Caixa, sino también las que vendrán en todo el Estado español.

Pero la apuesta del Sindicat va mucho más allá: no solo se han creado comités de solidaridad con los huelguistas en distintos lugares del territorio, sino que se siguen articulando bloques en lucha y huelgas de alquiler a través de las brigadas inquilinas, que van puerta a puerta y edificio a edificio y en los últimos tres meses ya han hablado con miles de inquilinas que viven en bloques de grandes propietarios y que sufren abusos inmobiliarios.