«Su negocio, nuestras vidas»: movilización social ante la crisis de la vivienda en Sevilla

La ciudadanía de distintos territorios del Estado sigue alzando la voz en defensa del derecho a una vivienda digna, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de garantizar este derecho fundamental. La actual crisis de la vivienda ha alcanzado niveles socialmente inasumibles y no encuentra respuesta real en la simple construcción de nuevos inmuebles, ya que incluso la vivienda protegida presenta precios inaccesibles para una familia trabajadora.

El encarecimiento acelerado de la vivienda no frena las operaciones inmobiliarias, sino que las impulsa como mecanismo de inversión especulativa. Casi la mitad de las hipotecas concedidas en el Estado español se destinan a inversión y no a residencia habitual, consolidando un modelo que expulsa a amplios sectores sociales del acceso a la vivienda. En este contexto, el mercado del alquiler se ha convertido en un espacio de vulnerabilidad estructural, donde miles de personas se ven obligadas a compartir habitaciones, retrasar su emancipación o regresar al domicilio familiar a edades cada vez más avanzadas.

Este modelo económico, que se presenta como crecimiento y prosperidad, beneficia fundamentalmente a rentistas, fondos de inversión, especuladores del turismo y grandes intereses inmobiliarios, mientras la mayoría social queda desprotegida ante una dinámica de acumulación basada en la mercantilización de un derecho básico.

El caso de la Calle Verdad (Palmete, Sevilla)

La dimensión concreta de esta crisis se refleja en situaciones como la que viven 11 familias de la Calle Verdad, en el barrio obrero de Palmete (Sevilla). Estas familias afrontan un proceso de apropiación especulativa de sus viviendas que podría culminar en desahucios. El edificio afectado está compuesto íntegramente por Viviendas de Protección Oficial (VPO), cuya calificación permanece vigente hasta el año 2043.

Pese a ello, la transmisión del inmueble se habría realizado incumpliendo la Ley Andaluza de Tanteo y Retracto, que obliga a comunicar este tipo de operaciones para permitir la intervención de las administraciones públicas. La propiedad pasó a una entidad vinculada al Banco Santander y posteriormente al fondo de inversión internacional Altamira, adjudicándose el edificio completo por 532.000 euros, una cifra muy inferior a su valor real.

De este modo, una promoción de vivienda pública, construida con fondos públicos y con función social protegida por ley, regresa al circuito especulativo, ignorando su finalidad social y comunitaria.

Desde distintos colectivos se señala que la solución justa y coherente sería la adquisición del edificio por parte de Emvisesa, garantizando la permanencia de las familias en sus viviendas, una opción que no ha sido contemplada en el proceso institucional.

Respuesta social y movilización ciudadana

Ante esta situación, asociaciones vecinales, colectivos ecosociales, sindicatos y plataformas sociales, junto a las personas afectadas, han iniciado un proceso de organización y movilización. En este marco se convoca una manifestación en Sevilla el sábado 14 de febrero por la mañana, que partirá desde Gran Plaza y finalizará en la Consejería de Vivienda, bajo el lema: «SU NEGOCIO, NUESTRAS VIDAS».

La movilización pretende visibilizar una crisis estructural que no solo afecta a casos concretos, sino a amplias capas de la población, y denunciar un modelo urbano y económico que prioriza el beneficio privado frente al derecho a habitar la ciudad.

El caso de las familias de la Calle Verdad, sometidas a años de trámites, notificaciones, procesos judiciales, cortes de suministros y una permanente amenaza de desahucio, se ha convertido en símbolo de un sistema que facilita la acción de intereses especulativos bajo el amparo de marcos legales e institucionales ineficaces.

El Comité de Apoyo a Calle Verdad, integrado por más de 25 entidades sociales de Sevilla y respaldado por colectivos de otras ciudades del Estado, ha expresado públicamente su solidaridad, subrayando que esta lucha representa una realidad que puede afectar a cualquier persona:

«Las VPO son un bien público que hay que proteger. Cuando las instituciones no actúan, los fondos buitre avanzan».

Por el derecho a la vivienda

La convocatoria del 14 de febrero se enmarca en una defensa colectiva del derecho a la vivienda digna, frente a un modelo basado en la especulación inmobiliaria, la turistificación y la financiarización de los barrios.

Por la vivienda digna, Sevilla vuelve a las calles el 14 de febrero.