La FRAVM reclama en sus alegaciones al Plan Estatal de Vivienda destinar entre el 1% y el 3% del PIB a políticas de vivienda

Ante la actual crisis de la vivienda, que impide el acceso a un techo digno a capas cada vez mayores de población, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), demanda al Gobierno central más ambición y recursos para afrontar este grave problema y que ponga su prioridad en los sectores más desfavorecidos. Con esta base, la entidad, que agrupa a casi 300 entidades de 51 municipios de la Comunidad de Madrid, ha presentado esta semana una batería de alegaciones al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

La más importante tiene que ver con el gasto que tiene previsto el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, absolutamente insuficiente para la magnitud del problema, a tenor de la FRAVM. Según datos del Ministerio, mientras en el anterior plan 2022-25 empleó 2.836,60 millones de euros en cuatro años, en el nuevo destinará 6.666M€ en cinco años, lo que equivale a dedicar 1.400M€/año a resolver el principal problema de la sociedad española, que vendría a ser el 0,08% del PIB de España en 2025. En opinión de la Federación Vecinal, «todo lo que no sea invertir entre el 1% y el 3% del PIB en políticas de vivienda, nos condena irremediablemente a no resolver el problema estructural de la vivienda en España».

Este gasto, además, debería dar prioridad a la vivienda pública y su blindaje, a la rehabilitación y, desde luego, a facilitar el acceso de los sectores de rentas más bajas y con mayores dificultades.

«Coincidimos en la necesidad de consolidar un parque de vivienda protegida permanente, en todas sus formas pero… no de cualquier forma. Dejando a un lado el mosaico de instrumentos financieros que se mencionan, nos parece más importante confirmar que la promoción de vivienda protegida no se produzca exclusivamente mediante la construcción que, siendo necesaria, no puede ser la única forma, ni necesariamente la primordial, de conseguir incorporar la mayor cantidad de viviendas al pretendido parque de vivienda protegida permanente. Ignorar o dar un peso menor a la compra, al retracto y la captación de viviendas para engrosar el parque de vivienda protegida permanente, sería ahondar en el problema estructural que se dice querer resolver», indica la FRAVM en su documento de propuestas.

Llama la atención que el análisis de la situación de la vivienda que incluye el Ministerio en el apartado III del Plan no menciona los más de 3 millones de viviendas vacías que reconoce el INE (97.000 en Madrid ciudad), aunque sí se menciona la existencia de viviendas vacías como un “uso alternativo”, «pero relacionándolo con su abundancia en el medio rural, viniendo a decir que están donde la gente no las quiere/necesita, o con sus condiciones mínimas de habitabilidad». Además, mezcla estas viviendas con otros «usos alternativos» como los pisos turísticos, las viviendas de alquiler temporal y de habitaciones, en una suerte de totum revolutum que induce a «justificar la necesidad de construir más mientras se mira para otro lado ante la retención especulativa de la vivienda vacía«.

La FRAVM también resalta que «el análisis tampoco da datos ni menciona el sinhogarismo, como tampoco se aportan sobre la precariedad de las familias vulnerables, aunque sí se las menciona para decir que se las atenderá, pero nada más. No se habla de fiscalidad, del régimen de cotización de los multipropietarios, a los que sí se menciona, ni de las sociedades tipo SICAV, COCIMI, o EDAV, que se elude mencionar. No se habla de la vivienda como objeto de inversión, ni de la compra de viviendas por parte de extranjeros y nativos para invertir en vez de para residir, o lo que viene siendo el viejo conflicto de la vivienda como bien de uso frente a la vivienda como bien de cambio. Son muchos los conflictos y muchas las carencias y necesidades que el análisis obvia», resume la organización ciudadana.

Para mejorar el acceso de las personas en desventaja social, la FRAVM propone un conjunto de mejoras al Plan, como la dedicación de la quinta parte del presupuesto de vivienda a «ayudas para reducir la tasa de esfuerzo, que sean destinadas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables». En la misma línea, sugiere cambios para que un conjunto de viviendas públicas de alquiler estén reservadas a «personas cuyos ingresos incluyendo los de todas las personas que constituyan la unidad de convivencia, no superen 3 veces el IPREM».

Ayudas a la rehabilitación y para jóvenes

Respecto a la rehabilitación, resulta sorprendente que el Plan no haga ninguna referencia al problema de la obligatoriedad de tributación de las ayudas públicas de los beneficiarios de rentas bajas, que ha originado casos de enorme injusticia social como el de las «viudas de Orcasitas«, que vieron retirados sus complementos de viudedad al contar como ganancia patrimonial las subvenciones a la rehabilitación que recibieron sus comunidades de vecinos. Para evitar que esto vuelva a producirse, la FRAVM propone que el Plan incorpore “que las ayudas a la rehabilitación de vivienda dejen de ser consideradas ganancias patrimoniales, evitando que, tal y como ocurre en la actualidad, las personas que perciban ayudas y subvenciones a la rehabilitación superiores a 1.600 € estén obligadas a declarar y que dichas ayudas puedan acarrear la pérdida o reducción de prestaciones o subsidios”.

Por otro lado, la FRAVM alerta en su escrito del peligro de que las ayudas al alquiler para jóvenes acaben siendo «más ayudas a los arrendadores que a los arrendatarios» y propone que los beneficiarios de las ayudas a la compra destinadas a jóvenes de municipios de menos de 10.000 habitantes estén obligados a usarlas como residencia habitual un mínimo de diez años (frente a los cinco que incluye el Plan), con el fin de evitar su adquisición con fines especulativos.

Por último, la Federación sugiere que se incluyan mecanismos claros para que el Estado pueda concertar acuerdos con administraciones locales u otras entidades en caso de que los gobiernos regionales se declaren en rebeldía contra el Plan o contra la Ley de Vivienda, así como «la inclusión del Consejo Asesor de Vivienda como cuarto órgano de cooperación administrativa en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030″. En ese consejo, de carácter técnico, asesor y consultivo, deberían participar «representantes del tercer sector, de federaciones vecinales, organizaciones sindicales y empresariales, asociaciones de propiedad urbana, entidades financieras, organizaciones profesionales, así como personas expertas del ámbito académico e investigador».

Documento completo de propuestas de la FRAVM