100 días en huelga de alquileres por la vivienda pública: ante las amenazas de La Caixa, las 68 familias siguen firmes

Barcelona, 9 de julio.

Los pisos que habitan forman parte de las 38 promociones de vivienda protegida que La Caixa construyó con ayudas públicas y, a menudo, en suelo público a través de la Obra Social . Durante años, estas familias han denunciado precios inflados, cláusulas abusivas , falta de mantenimiento, acoso y inmobiliario . Ahora, La Caixa, a través de su inmobiliaria InmoCriteria, quiere echarlas para vender los pisos al mejor postor.

Desde el mes de abril, las familias han dejado de pagar a La Caixa y depositan las rentas en una cuenta común. A día de hoy, ya han retenido más de 120.000 € , una cifra que no piensan entregar hasta que la entidad no se siente a negociar. La Caixa no responde con diálogo, sino con acoso sistemático a las huelguistas: decenas de correos y cartas amenazantes, llamadas a todas horas, incluso de madrugada.

Exigencias claras: ni un desahucio más y vivienda protegida para siempre

Los huelguistas tienen tres demandas claras: detener todos los desalojos y procesos judiciales contra las inquilinas, abrir una mesa de negociación con La Caixa y que la Generalitat adquiera los pisos a través del Incasòl y los incorpore al parque público.

Denuncian que, mientras el Govern del PSC promete 50.000 nuevas viviendas protegidas, en 10 años se habrán perdido 40.000 . Por eso quieren que toda la vivienda protegida en manos de La Caixa pase a ser pública para siempre. Gracias a su lucha, en agosto del año pasado se anunció la adquisición de 8 de las 38 promociones por parte del Incasòl, después de 3 años de movilizaciones y acciones coordinadas entre las inquilinas de diversas promociones. Las inquilinas, sin embargo, están dispuestas a luchar hasta que el 100 % de las viviendas protegidas de La Caixa pasen a titularidad pública.

La huelga sigue creciendo y recibe apoyos por todo el territorio

Durante estos cuatro meses, la huelga ha seguido sumando hogares y ha recibido un amplio apoyo social e institucional. A finales de junio, más de 3.600 entidades sociales, vecinales, sindicales y juveniles hicieron público un manifiesto bajo el título “En defensa de la vivienda protegida”, en el que exigían al Govern que actúe para evitar su privatización. También más de una decena de ayuntamientos , entre ellos el de Barcelona, han aprobado mociones de apoyo a las huelguistas y han reclamado al Govern que compre los pisos para incorporarlos al parque público. Además, la enorme solidaridad se refleja en la caja de resistencia creada gracias a un convenio de colaboración con la Fundació Coop57, que ya reúne más de 35.000 € en donaciones que se destinarán a cubrir gastos legales y llevar a La Caixa a juicio. En los últimos meses también se han organizado una quincena de actos de apoyo en todo el territorio, la última de ellos en colaboración con el Consell de Joventut de Barcelona y con la participación de artistas de renombre del panorama musical catalán.

La huelga también se ganará en los tribunales

Ante la inacción y las prácticas abusivas de La Caixa, las huelguistas y el Sindicat de Llogateres han interpuesto diversas acciones legales. La última, una demanda colectiva presentada en el juzgado de Barcelona, reclama la devolución del IBI cobrado indebidamente y la anulación de esta cláusula abusiva . La demanda, que ya cuenta con 68 hogares adheridos, podría alcanzar hasta 1.850 familias y 10 millones de euros reclamados.

100 días de huelga y más fuertes que nunca

La Caixa puede enviar todas las amenazas que quiera: las huelguistas no tienen miedo. Son 100 días de lucha para defender un principio fundamental: la vivienda protegida debe ser pública y protegida para siempre.