20.000 viviendas públicas, limitar el alquiler y la turistificación: las medidas de IU Sumar Equo para garantizar el acceso a la vivienda en Castilla y León

Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, agrupados en la coalición “En Común”,  han defendido este viernes que garantizar el acceso a la vivienda debe ser una prioridad política si se quiere revertir la dinámica de despoblación que desde hace décadas afecta a Castilla y León. La candidatura considera que uno de los principales obstáculos con los que se encuentra hoy la ciudadanía, especialmente joven, para desarrollar su proyecto de vida en la comunidad es la creciente dificultad para acceder a una vivienda digna.

“Cuando hablamos del orgullo de quedarnos en nuestra tierra debemos partir de una realidad evidente: cada vez es más difícil acceder a una vivienda”, ha señalado la coalición en un comunicado. La organización apuesta por desarrollar políticas públicas que garanticen que la vivienda sea un derecho y no un negocio.

La coalición, encabezada por IU, señala que otras comunidades autónomas como Asturias, Navarra o Cataluña ya están aplicando medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la limitación de precios del alquiler, la regulación de los pisos turísticos o la ampliación del parque público de vivienda. A su juicio, estas experiencias demuestran que el problema de la vivienda también puede abordarse en Castilla y León si existe voluntad política.

Entre las principales medidas señaladas por la coalición destaca la creación de una Sociedad Pública de Vivienda de Castilla y León, un instrumento que permitiría movilizar hasta 20.000 viviendas públicas durante la próxima legislatura y ampliar de forma significativa el parque público de vivienda en la comunidad. Dentro del plan público de vivienda, la formación propone que al menos 5.000 viviendas se reserven específicamente para zonas rurales.

En el comunicado, la formación propone la declaración de zonas tensionadas, al amparo de la ley estatal de vivienda, con el objetivo de limitar los precios del alquiler en aquellas áreas donde el acceso a la vivienda se haya vuelto especialmente difícil.

En el programa electoral, las formaciones plantean frenar la turistificación mediante la creación de un cuerpo autonómico de inspección encargado de detectar y sancionar los pisos turísticos ilegales. También proponen impulsar medidas fiscales dirigidas a los grandes tenedores para penalizar la vivienda vacía y desincentivar la acumulación de inmuebles en pocas manos. Las organizaciones defienden transformar las actuales “Oficinas Anti-Ocupación” en Oficinas de Vivienda Digna, que ofrezcan asesoramiento a inquilinos.

Juan Gascón ha reaccionado a la información publicada sobre la descalificación de viviendas protegidas en la urbanización Villa Gaviota, en Castilla y León, pese a informes técnicos negativos.

“Decisiones de este tipo alimentan la sensación de que en Castilla y León es más fácil acceder a una vivienda si se tienen vínculos con el Partido Popular que si se es simplemente un joven que quiere quedarse a vivir en su tierra”, ha denunciado Gascón.