«Denunciamos a 35 inmobiliarias por publicar anuncios que incumplen la regulación de alquileres​»

El Sindicat de Llogateres ha registrado hoy una denuncia ante la Agencia Catalana de Consumo contra inmobiliarias y particulares que se anuncian en portales inmobiliarios por incumplir de manera sistemática la regulación de alquileres. La organización ha documentado 50 anuncios de pisos en barrios de Barcelona como Horta-Guinardó, Eixample y Gràcia que vulneran el Decreto Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de contención de rentas. Los anuncios analizados no incluyen información obligatoria como el precio de referencia del índice, el contrato anterior o la condición de gran tenedor. En total se han denunciado 35 inmobiliarias y 5 particulares, aunque el Sindicat advierte que se trata de una muestra muy limitada y que los incumplimientos son sistemáticos en la mayoría de los anuncios. Estas infracciones evidencian que una de las vías para eludir la regulación de los alquileres es desinformar a los inquilinos que buscan vivienda sobre el precio al que debería alquilarse legalmente.

Multas de hasta 90.000 euros por saltarse la regulación

La falta de información obligatoria en los anuncios —como el precio de referencia del índice de alquiler, el precio del contrato anterior y la condición de gran tenedor— no es un simple descuido, sino una acción deliberada para ocultar a los potenciales inquilinos información necesaria para defender sus derechos. Se trata de un incumplimiento grave de la normativa catalana de contención de rentas, regulada por el Decreto Ley 1/2025 y por la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda. Este marco legal obliga a todas las personas físicas y jurídicas que comercializan viviendas situadas en áreas declaradas como mercado residencial tensionado a informar de manera transparente sobre estos tres elementos, que permiten al inquilino saber si el precio anunciado respeta el límite legal.

Según el artículo 118 de la Ley 18/2007 y el régimen sancionador establecido por el Decreto 7/2024, la omisión de esta información puede considerarse una infracción grave o muy grave, con multas que oscilan entre 9.001 y 90.000 euros, especialmente en casos de reiteración o afectación colectiva. Además, la Ley estatal por el derecho a la vivienda (12/2023) refuerza la competencia de la Generalitat para sancionar estos incumplimientos, que recaen bajo la supervisión de la Agencia Catalana de Consumo, competente para iniciar y resolver expedientes sancionadores contra portales inmobiliarios, empresas y grandes tenedores que desinformen o vulneren la regulación de rentas.

Si el gobierno no controla a las inmobiliarias, seguirán actuando al margen de la ley

Mientras el Sindicat de Llogateres ha hecho el trabajo de detectar, recopilar y denunciar estos incumplimientos, el gobierno aún no ha impuesto ninguna sanción desde que el régimen sancionador entró en vigor en febrero. Si la administración no controla de forma proactiva el cumplimiento de la regulación, está enviando un mensaje a las inmobiliarias y rentistas de que pueden actuar impunemente al margen de la ley.