La FRAVM denuncia que el Plan Vive excluye a millas de personas al imponer criterios elitistas y cláusulas abusivas y abre un buzón de personas afectadas

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) hace público hoy un informe detallado sobre el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, el programa estrella anunciado en 2019 por Isabel Díaz Ayuso para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias con ingresos medios. Seis años después, la federación vecinal denuncia que la iniciativa no solo no ha cumplido sus promesas —la previsión de construcción se ha reducido de 25.000 a 13.000 viviendas— sino que el modelo se ha consolidado como un sistema elitista, poco transparente y alejado del interés general.

El análisis señala que el acceso a estas viviendas resulta prohibitivo para amplias capas de la población, especialmente para jóvenes, personas que viven solas y colectivos vulnerables como el de personas con algún tipo de discapacidad que demandan una vivienda accesible. Alquilar una vivienda de un dormitorio en municipios como Madrid supone un desembolso mensual de mínimo 737 euros al añadirse el coste de los anejos obligatorios -garaje y trastero-, por lo que, debido a las estrictas condiciones de acceso impuestas por el Decreto 84/2020 de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid , las personas solicitantes deben demostrar unos ingresos netos mensuales de al menos 2.100 euros, en aplicación de la tasa de esfuerzo del 35% exigida para el acceso a estas viviendas.

Altos precios y costes añadidos: un modelo inaccesible para la mayoría

A la dificultad de acceso debido a los estrictos criterios económicos se suman costes adicionales como los gastos de comunidad -que pueden suponer hasta el 18% de la renta mensual-. Especialmente abusivos son los costes de los años obligatorios, que en algunos casos cuentan con mayor superficie que las viviendas a las que están vinculadas. Uno de los ejemplos más ilustrativos se encuentra en el municipio de San Sebastián de los Reyes , donde una vivienda de un dormitorio ofertada por la empresa concesionaria Sogeviso incluye, de forma obligatoria, una plaza de garaje por la que se cobra una renta mensual de 156,62 euros , una cifra que resulta al menos un 56% superior a la renta mensual del mercado libre en el municipio. A esta cantidad se le pueden añadir hasta un máximo de 28,19 euros por los gastos comunitarios que genere, lo que eleva el coste de una plaza de garaje a más de 180 euros mensuales.

Además del precio del inmueble, los contratos de arrendamiento obligan a las personas inquilinas a asumir el pago del IBI , tanto de la vivienda como de la plaza de garaje y trastero, una práctica que fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo en su sentencia 1391/2023 de 6 de noviembre, al contravenir la Ley de Arrendamientos Urbanos y la normativa específica de vivienda protegida.

Rechazos masivos y falta de transparencia: sólo un 1,86% de las solicitudes han sido asignadas

En el momento de elaboración del informe, los Lotes 1, 2 y 3 del Plan Vive han recibido más de 157.000 solicitudes, pero menos de 3.000 personas (el 1,86%) han firmado un contrato de arrendamiento. El 28,26% de las solicitudes ha sido rechazada por la empresa concesionaria o desistida por las personas solicitantes, mientras que el 67,81% de las solicitudes de vivienda permanecen en estado “creada”, un limbo que puede eternizarse a la espera de adjudicación.

A los elevados costes y las leoninas condiciones contractuales se suman las denuncias por las malas calidades de construcción y las numerosas deficiencias en las promociones entregadas en municipios como Alcalá de Henares y Getafe, donde las personas inquilinas han denunciado en diversas ocasiones goteras, grietas, averías en los sistemas de climatización y cortes de luz, entre otros.

La FRAVM crea un buzón de personas afectadas y exige mejoras a la Comunidad de Madrid

Con la finalidad de recabar los testimonios de personas que han estado afectadas por los múltiples problemas que está provocando el modelo del Plan Vive, la FRAVM ha puesto en marcha un buzón ciudadano. A través del sitio web fravm.org/afectados-plan-vive cualquier persona puede enviar su caso e informarse de los datos clave que demuestran el fracaso del que estaba llamado a ser el plan estrella del Gobierno regional en materia de vivienda pública.

A su vez, la Federación Vecinal ha propuesto una serie de mejoras para cauzar la nefasta situación actual y garantizar el acceso a este parque público de viviendas a la mayoría social. Entre ellas se encuentran:

• La Comunidad de Madrid, como impulsora y financiadora del Plan Vive, debe gestionar de manera directa los principales asuntos determinantes de dicho plan, asumiendo la gestión de al menos los siguientes temas:
  • Centralizar en un canal único el proceso de solicitud, publicidad, cauces de comunicación y resolución de reclamaciones a través del sitio web institucional de la Comunidad de Madrid y de un servicio telefónico de atención e información.
  • La resolución de las quejas de las personas inquilinas del Plan Vive, requiriendo a la empresa concesionaria la adopción de para solucionar las incidencias que se notifiquen o, en su caso, realizándolas por ejecución sustitutiva para garantizar la funcionalidad y habitabilidad de las urbanizaciones y las viviendas.
  • Proteger los derechos e intereses de las personas inquilinas del Plan Vive, especialmente en aquellos asuntos que puedan suponer un incumplimiento de las condiciones de la concesión, iniciando de oficio los trámites necesarios para resolver las situaciones denunciadas.
• Exigimos a la Comunidad de Madrid que adaptamos los pliegos de adjudicación y rechace las cláusulas de los contratos de arrendamiento presentadas por las empresas concesionarias que repercutan el pago del IBI o cualquier otro tributo a las personas inquilinas, en cumplimiento de la Disposición Adicional primera de la Ley de Arrendamientos Urbanos y siguiendo la doctrina jurisprudencial marcada por la sentencia de 23 de diciembre de 2020, dictada por la Sección Primera de la Sala. de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (STSJ AR 1392/2020).
• Desvincular los anejos de trastero y garaje de la vivienda obligatorios y asignarlos a petición y en función de las necesidades reales y la capacidad económica de la unidad familiar con el fin de impedir que las concesionarias se lucren de forma desmedida y fomentar la movilidad activa y el uso del transporte público.
• La cuota mensual de la suma de vivienda, anejos y gastos de comunidad debe limitarse en función de la tasa de esfuerzo máximo y adaptarse a los ingresos netos de la unidad de convivencia de las personas inquilinas, con el fin de garantizar el acceso de toda la ciudadanía a las viviendas construidas bajo este plan.
• Exigimos la necesaria transparencia en un plan de estas características, mostrando mediante datos abiertos el número, coste y características detalladas de las viviendas ofertadas, el número de demandantes de viviendas del plan, el número de viviendas que en cada momento están sin asignación, el número de viviendas asignadas, el número de solicitudes rechazadas, en tramitación, distribuidas por cada promoción, etc.
• Permitir el acceso prioritario de las personas inquilinas a las listas de solicitud para permitir cambios en la tipología de su vivienda y aumentar o reducir el número de dormitorios en función de su situación familiar.
• Establecer cauces para que las personas inquilinas puedan decidir sobre las empresas de limpieza, mantenimiento, conserjería, jardinería y gestoría energética de sus urbanizaciones de forma democrática y transparente.