Los últimos residentes de los pisos para mayores de San Francisco, a punto de ser desalojados por el Ayuntamiento de Madrid

Dos de los cuatro últimos residentes de los Apartamentos Municipales para Mayores San Francisco —un equipamiento público asistencial situado en el barrio de La Latina (Distrito Centro)— podrían ser forzosamente desalojados en los próximos días. Ellos son Alejandro Ibáñez y V.M., vecinos que se han negado a abandonar sus casas ante lo que consideran una “injusticia social” y un proceso opaco con falta de garantías sociales, y que recientemente han recibido una notificación del Juzgado de lo Contenciosos-Administrativo que autoriza la entrada en sus domicilios.

Los hechos comenzaron en junio de 2024, cuando los 61 mayores de entre 70 y 91 años que hacían uso de estas instalaciones recibieron una carta de la Dirección General de Arquitectura, informando de la necesidad de abandonarlas. El motivo, la necesidad de acometer obras de “mejoras y mantenimiento”. Desde entonces, la mayor parte de los residentes han terminado marchándose, a pesar de que las alternativas habitacionales ofrecidas eran deficientes: muy alejadas de su barrio, poco accesibles, y mucho más caras. Todos, salvo Alejandro, V.M y otros dos residentes más, quienes se negaron a irse en las condiciones propuestas por el consistorio. Ahora, la notificación recientemente recibida pone en peligro su resistencia y vida en el barrio. 

“Tengo 81 años. Llevo 15 viviendo en estos apartamentos y muchos más disfrutando de la vida en este barrio. Desde hace dos años, cada mes recibo una carta. Llevan mucho tiempo intentando desahuciarme”, explica Alejandro, quien asegura no entender por qué no se han podido iniciar las obras. Este residente, que ha vivido durante décadas en el Barrio de la Latina, asegura que muchos de sus compañeros han perdido sus pertenencias en este proceso, y que algunos están en malas condiciones en sus nuevos destinos. “Yo solo quiero que vuelvan y que empiecen las obras, porque no creo que sea cierto que nos tengamos que ir para que puedan hacerlas”.

Cronología de las obras: lo que sabemos y lo que no

Según afirman desde la Asociación Vecinal La Chispera, desde el primer momento, estas obras han estado revestidas de opacidad y falta de transparencia, que ha imposibilitado el diálogo entre el Ayuntamiento y los vecinos y vecinas de La Latina. A continuación, se expone punto por punto lo que sí se sabe del proceso: 

1.- Mayo de 2024: Un acuerdo marco de reformas municipales. Unos meses antes de que los residentes de los Apartamentos de San Francisco recibieran la primera notificación, se aprobaba un acuerdo marco por el que se destinaban 122 millones de euros para arreglar edificios municipales con un adjudicatario único, Ferrovial Construcción S.A. Los inmuebles de La Latina estaban incluidos en el Lote 1 de este acuerdo marco. 

2.- Junio de 2024: Los residentes de San Francisco reciben la primera comunicación sobre las obras. La carta, de la Dirección General de Arquitectura, les trasladaba la necesidad de abandonar el edificio a causa de unas obras de “mejoras y mantenimiento”, que tendrían una supuesta duración de 14 meses. 

3.- Septiembre de 2024: La Junta de Gobierno, a través del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, autoriza el contrato de obras en “apartamentos tutelados San Francisco”. Tal y como recoge el punto 31 del BOAM, se autorizaba el gasto plurianual de 3.764.293,65 € para lo que se describía como “obras de subsanación de patologías”. La narrativa pública al respecto de las obras había cambiado: ya no eran “obras de mejora y mantenimiento”, sino “problemas y patologías que afectaban a la seguridad estructural”. Este contrato se puede ver también en la Plataforma de Contratación del Ayuntamiento de Madrid. 

4.- Febrero de 2026: Notificación de entrada en vivienda a los últimos residentes. Después de más de un año en el que las obras han permanecido paralizadas, dos de los últimos cuatro residentes han recibido una notificación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid, que autoriza la entrada en su domicilio por resolución judicial.

En este tiempo, el Ayuntamiento no ha publicado ni facilitado a los vecinos ningún informe técnico que justifique la necesidad de desalojo para acometer las obras por partes.En lenguaje técnico, ‘patologías’ engloba desde humedades o deficiencias en instalaciones hasta problemas estructurales; por sí solo, no significa que exista un riesgo de inseguridad ni que las obras no puedan ejecutarse por fases con parte del edificio ocupado. Ante esta falta de respuestas e información, consideramos que es un desalojo injustificado que pone en peligro, injustamente, a nuestros vecinos.

Por otra parte, la única alternativa habitacional que se dio a los residentes del edificio conllevaba que tuvieran que renunciar a su autonomía al plantearles su traslado a residencias de mayores. Esto constituye un daño irreparable a las personas que se fueron, y no se habría planteado en el caso de otros grupos sociales. El Barrio de Palacio está lleno de edificios de apartamentos de alquiler temporal o turístico. El Ayuntamiento podía haber explorado la opción de alojar en estos edificios a los mayores temporalmente, lo cual habría permitido que mantuvieran su autonomía y permanecieran en el barrio donde tienen sus redes y amistades.

Falta de alternativas dignas y asequibles

Desde el verano de 2024, la mayor parte de los residentes han abandonado sus apartamentos. Algunos, buscando opciones por su cuenta o realojándose con familiares; otros, haciendo uso de las alternativas proporcionadas por el Ayuntamiento, lo que ha significado marcharse a complejos residenciales alejados de sus barrios y considerablemente más caros. Mientras en los apartamentos municipales destinaban entre el 10 % y el 15 % de su pensión, en las residencias propuestas el copago oscilaba entre el 80 % y el 86 %. En la práctica, esto implica incrementos de hasta un 70 % en el coste mensual soportado. 

Es necesario tener en cuenta que las personas de edad avanzada son muy vulnerables a los cambios, especialmente si implican pérdida de autonomía y de arraigo social. El traslado de estas personas de sus barrios les priva de sus vínculos sociales más básicos, lo que puede afectar negativamente su salud y su capacidad para valerse por sí mismos. Además, hasta el momento desde Asuntos Sociales no se han molestado en valorar lo que supone un desarraigo de estas personas, que están en una clara situación de vulnerabilidad al verse trasladadas, en algunos casos, a más de 50 km de sus casas. Traslados que se han producido, además, prometiéndoles unos plazos que el Ayuntamiento no está cumpliendo.

Por todo ello, los vecinos y las asociaciones vecinales demandan la paralización de cualquier orden de desalojo inminente; el fin de la opacidad en el proceso, facilitando el documento técnico de la obra. Este informe ha vuelto a ser solicitado, a fecha 2/03/2026, por la Asociación Vecinal La Chispera; garantía de retorno de todas las personas expulsadas de sus apartamentos en las mismas condiciones, a todos los niveles, incluido el económico, en las que se han visto forzadas a abandonarlos; garantía de que el edificio va a seguir teniendo el mismo uso, es decir, apartamentos públicos y asistenciales para mayores, y el comienzo inmediato de las obras por partes, en tanto no exista una justificación real de la imposibilidad de este proceso, compatibilizando la vida en su interior de los cuatro residentes que todavía viven en los apartamentos.