El Gobierno y Comuns cierran acuerdos para combatir la emergencia habitacional, mejorar los servicios de salud y avanzar en energía renovable

El grupo parlamentario de Comuns y el Gobierno de la Generalitat han anunciado hoy un acuerdo que incluye nuevas medidas para combatir la emergencia habitacional, mejorar los servicios públicos de salud e impulsar proyectos de energía renovable. El acuerdo permitirá sacar adelante los dos decretos ley de suplemento de crédito que ha aprobado el Govern, que incrementarán el gasto de la Generalitat en cerca de 3.500 millones de euros . La presidenta de Comunes en el Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach y la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero , comparecieron hoy para explicar los detalles del acuerdo.

Albiach ha destacado el buen acuerdo poniendo énfasis en las políticas para combatir la crisis habitacional: » Quiero destacar los acuerdos en materia de vivienda porque como sabéis nosotros hemos convertido el acceso a la vivienda en el tronco central de esta legislatura y con este negociación damos un salto cualitativo en los recursos destinados a políticas de esta materia «

«Estamos satisfechos porque la mayor parte del acuerdo encaja muy bien en el plan de Gobierno y va en la línea de nuestras prioridades en ámbitos como la vivienda, las renovables o el fortalecimiento del sistema de salud», ha subrayado Romero.

Emergencia habitacional

Dentro de este apartado, se prevé destinar 850 millones de euros de recursos propios de la Generalitat a políticas de vivienda , lo que permitirá, junto a los 600 millones en créditos aportados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), alcanzar los 1.450 millones , la cifra más alta invertida por la Generalitat de Catalunya. En este sentido, se priorizará la construcción de vivienda de protección oficial indefinida , la compra por tanteo y retracto (a la que se destinarán hasta 88 millones), el impulso al alquiler social con administraciones públicas y promotores sociales, el fomento de la vivienda cooperativa (con 3 millones) y la rehabilitación del parque inmobiliario existente.

En segundo lugar, el Gobierno ampliará en 60 efectivos, antes del 30 de junio, el cuerpo de inspectores que debe velar por el cumplimiento de la ley de contención de rentas del alquiler y la aplicación de su régimen sancionador, con la voluntad de alcanzar los 100 efectivos antes de finalizar 2025 . Además, se implementará una estrategia de colaboración y coordinación con los inspectores de la Agencia Catalana del Consumo para que también velen por la protección de las familias inquilinos.

Por último, se prevé poner en marcha, el próximo mes de septiembre, una unidad específica de prevención y actuación contra los desahucios (dotada con un mínimo de 50 personas) para proteger a las familias vulnerables y garantizar el derecho a la vivienda. También se ha acordado evaluar las discriminaciones en el acceso a la vivienda por parte de la Oficina de No Discriminación durante 2025, con el fin de promover actuaciones para evitar prácticas discriminatorias.

Más recursos para la salud mental y bucodental

Se destinarán 13 millones al despliegue de la ley de Salud Bucodental , con el objetivo de:

• Desarrollar la cartera de servicios en personas con discapacidades intelectuales superiores al 33% y aquellas en situación de vulnerabilidad económica y social.
• Reforzar la aplicación de tratamientos conservadores y ordenar los espacios de referencia para realizar las endodoncias.

Además, el acuerdo prevé financiar con 10 millones la implementación del Pacto Nacional para la Salud Mental para mejorar la detección precoz de los trastornos del neurodesarrollo, especialmente en niños y jóvenes.

20 millones para proyectos de energía renovable

En materia energética, se prevé una dotación de 20 millones de euros para que La Energética les destine al desarrollo de proyectos de generación de energía renovable para abastecer a los servicios públicos -especialmente a la adquisición de parques solares de pequeño tamaño y medio distribuidos en todo el país-, así como a la inversión en proyectos de distribución ya la implantación de una red pública de energía.