CCOO: «La reforma de la Renta Valenciana de Inclusión asume postulados de extrema derecha y recorta derechos sociales»

Lejos de reforzar el carácter garantista de la RVI, esta reforma introduce un endurecimiento generalizado de los requisitos de acceso que tiene un claro objetivo: restringir el acceso a la prestación y excluir a las personas más vulnerables, especialmente la población migrante y la juventud en riesgo de exclusión.

Comisiones Obreras ya advirtió en sus alegaciones de que la reforma incorpora medidas que dificultan el acceso de forma injustificada.

Se incrementan los requisitos de residencia, pasando a exigir 15 meses de empadronamiento continuado, endureciendo fundamentalmente el acceso a personas en situación de movilidad, precariedad residencial y/o migrantes. Se refuerzan exigencias como el arraigo «histórico-cultural», introduciendo criterios ambiguos que pueden derivar también en discriminación encubierta hacia personas migrantes. Se endurecen condiciones para la juventud, exigiendo acreditar períodos de vida independiente muy difíciles de cumplir en el actual contexto de acceso a la vivienda.

Estas medidas no buscan mejorar la inclusión, sino reducir el número de beneficiarios mediante obstáculos administrativos y sociales.

Se establece la obligatoriedad del Plan de atención individual (PAI) para toda la unidad de convivencia, con riesgo de pérdida de la prestación incluso por situaciones que afectan a menores. Se introducen mecanismos sancionadores desproporcionados, como la expulsión del sistema durante tres años por situaciones vinculadas a la exclusión residencial, criminalizando a quienes no tienen vivienda. Se penaliza incluso a las personas beneficiarias por posibles incumplimientos administrativos de la propia Administración.

Retroceso inaceptable en igualdad y violencia de género

CCOO PV alerta de un aspecto especialmente grave al diluir la reforma el reconocimiento de la violencia de género, sustituyéndola por conceptos genéricos como “violencia intrafamiliar”, lo que supone un retroceso político e institucional inaceptable en la protección de las mujeres. Un cambio ideológico que responde a postulados que niegan la especificidad de la violencia machista. Además, en la reforma se establece la posibilidad de la externalización de funciones clave, lo que debilita la gestión pública directa.

Por tanto, Comisiones Obreras exige la rectificación, mediante la retirada de los elementos regresivos introducidos en la reforma. La recuperación del enfoque más garantista e inclusivo para las personas. El respeto a los principios de igualdad, especialmente en materia de violencia de género. El refuerzo urgente de los servicios sociales públicos. La Renta Valenciana de Inclusión no puede convertirse en una herramienta de exclusión y sospecha. Las políticas públicas deben proteger a las personas más vulnerables, no señalarlas ni expulsarlas.