La compra especulativa de tres fincas de Second House amenaza a las inquilinas con expulsiones

Barcelona, 5 de marzo

Las inquilinas de los bloques de la calle Salou 7 (Sants), Cortines 10 (Santa Caterina) y Tapioles 15 (Poble Sec), todos propiedad de Second House SL, se han organizado con el Sindicat de Llogateres, el Grup d’Habitatge de Sants y el Sindicat de Barri del Poble Sec para evitar la expulsión de sus hogares ante la negativa sistemática de renovación de los contratos.

El conflicto con Second House no es un caso aislado sino la expresión de un modelo especulativo que compra fincas enteras con inquilinas dentro, intenta expulsarlas y vende los pisos uno a uno a precios inflados. La empresa está dirigida por Elena Hernández de Cabanyes y vinculada a Renta Corporación, y forma parte de un entramado familiar que opera desde hace décadas en el negocio rentista en Barcelona.

Hoy, las inquilinas han reclamado en rueda de prensa la renovación de los contratos de alquiler, han denunciado las malas prácticas en la finca de Cortines donde se están realizando reformas y han advertido de la necesidad de aprobar una ley contra las compras especulativas que sea efectiva y proteja a todas las personas que viven de alquiler frente a las expulsiones.

Salou 7: la última operación de flipping que pone en riesgo a familias de toda la vida

En Salou 7, Second House compró la finca con ocho viviendas (dos de ellas bajos) en 2024 sabiendo que vivían familias, algunas con más de 30 y 40 años de arraigo. Un año después, solo quedan dos contratos en vigor, uno de ellos de renta antigua. De las 7 familias que vivían en la finca desde la compra de Second House, dos se marcharon dejando los pisos vacíos; tres familias se han organizado con el Sindicat y resisten (dos de ellas fuera de contrato y una tercera con un contrato de renta antigua pendiente de subrogación este verano) y dos familias más también están en riesgo, una con contrato y la otra sin él. De las tres viviendas vacías que quedaron, dos (bajo 1ª y segundo 1ª) ya han sido vendidas sin ninguna reforma, y otra (primero 1ª) está vacía y en venta por 295.000 €, para reformar. Todas las inquilinas que quedan tienen algo en común: un burofax donde se les comunica que deben marcharse cuando se les acabe el contrato.

El mensaje de Second House ha sido claro: marcharos. A Yolanda, una de las inquilinas que vive allí desde hace 26 años y paga 610 euros, le dieron otra opción: “Nos ofrecieron comprar el piso por 240.000 euros sin reformar o marcharnos”. Una finca vieja y unos pisos con necesidad de reforma inmediata. Esta misma semana a Yolanda se le cayó el techo del baño.

Lo que Second House está haciendo en la finca de Sants es el conocido flipping: compra, expulsión de inquilinas, venta y grandes beneficios. Las inquilinas, sin embargo, lo tienen claro: no se marcharán. Por eso se han organizado con el Sindicat y exigen la renovación inmediata de los contratos y que la propiedad asuma las reparaciones y el mantenimiento de la finca. Hay precedentes de victoria frente a Second House; por eso, hoy en la rueda de prensa estaban también algunos de los inquilinos de otras fincas de esta misma propiedad que ya han conseguido ganarle la batalla a la especulación.

Tapioles 15 y Cortines 10: dos fincas que consiguieron la renovación de los contratos pero que siguen en lucha

En los bloques de Tapioles 15 y Cortines 10, propiedad de Second House desde 2022, las inquilinas iniciaron una lucha conjunta cuando la propiedad adquirió las fincas y les comunicó que no les renovaría los contratos. Durante más de dos años, con el apoyo del Sindicat, negociaron, realizaron acciones de presión y denuncia y finalmente, en diciembre de 2024, consiguieron la renovación de todos los contratos vencidos, impidiendo la expulsión de 9 familias de las dos fincas.

Pero un año y tres meses después de haber conseguido este acuerdo, vuelven a surgir problemas. En Cortines, la empresa debe realizar obras estructurales y los informes técnicos indican que hay que realojar a las inquilinas mientras se llevan a cabo, ya que es necesario apuntalar toda la finca. La realidad es que la empresa tiene todas las zonas comunes del edificio llenas de puntales, y ha estado presionando a las vecinas en primer lugar para poder hacer las obras con ellas viviendo allí y apuntalando sus viviendas por dentro, y después presionándolas para realojarlas sin aportar la información y documentación necesarias con las características del realojo (lugar, duración, condiciones de retorno).

En Tapioles, Rodrigo, vecino que lleva 14 años viviendo en el mismo piso, tiene otro problema: “Mi contrato finalizó hace un mes y la propiedad no quiere renovarlo. Mientras tanto, mi piso, aún habitado, se ha anunciado a la venta por 380.000 €, un precio 100.000 € por encima de la tasación de mercado”. Él reclama que le renueven el contrato, tal y como hicieron con sus vecinas hace un año y medio.

La propuesta de ley contra las compras especulativas no protegería a las inquilinas de Second House
El caso de Second House ejemplifica la necesidad de acabar con las compras especulativas: adquirir edificios enteros con inquilinas dentro, expulsarlas y revenderlos con grandes plusvalías. La paradoja es que la propuesta de ley contra las compras especulativas que se negocia en el Parlament, fruto del pacto PSC-Comuns, no prohíbe prácticas como el flipping inmobiliario ni garantiza la renovación de contratos en caso de compra de un bloque entero. Si entrara en vigor hoy mismo, no protegería a las inquilinas de las fincas de Second House.

Las inquilinas de Salou, Tapioles y Cortines reclaman la renovación inmediata de todos los contratos sin subidas, es decir, a precios regulados, y que Second House ejecute las obras de mantenimiento con los realojamientos pertinentes para las inquilinas de Cortines. Al mismo tiempo, reivindican una ley realmente efectiva y sin agujeros contra las compras especulativas, que prohíba prácticas como el flipping inmobiliario, garantice contratos automáticos en bloques comprados por fondos y asegure que los pisos sean para vivir y no solo un activo financiero.

La propuesta presentada por PSC y Comuns, tal como denuncia el Sindicat de Llogateres, deja grietas que permitirían a empresas como Second House seguir expulsando inquilinas y revender los pisos a precios inflados. El texto tiene limitaciones serias que pueden convertirse en vacíos legales para que la ley no acabe aplicándose y no logre el objetivo que tiene. Es necesario prohibir específicamente el flipping inmobiliario; garantizar que si alguien compra un bloque entero donde viven inquilinos se les hagan contratos nuevos con bajadas de precio; y no dejar en manos de cada ayuntamiento decidir si aplicará o no esta limitación ni el control de los incumplimientos. Por todo ello, el Sindicat de Llogateres está trabajando para que la propuesta que se vote en el Parlament sea una ley útil, eficaz y sin agujeros.