«Una ley para el mercado, no para la ciudadanía»: FACUA critica la falta de enfoque social de la futura Ley de Vivienda de Andalucía

FACUA Andalucía muestra su rechazo al Anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía presentado ante el Consejo Económico y Social (CES), manifestando su preocupación por el enfoque mercantilista de la norma y la falta de medidas eficaces para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.

En el seno de de este consejo no se ha logrado alcanzar un consenso en torno a esta propuesta legislativa, por lo que el dictamen emitido refleja los distintos posicionamientos expresados por las organizaciones sindicales, la patronal y FACUA Andalucía.

Entre sus aportaciones, la organización de consumidores subraya la necesidad de replantear la norma desde una perspectiva de derechos y no desde una lógica de mercado.

La federación denuncia que la ley, desde su propia denominación, revela una concepción de la vivienda como un bien de mercado y no como un derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución. Por ello, echa en falta referencias a la «función social» que tiene la vivienda.

Además, critica que la tramitación por vía de urgencia ha limitado de forma significativa los cauces de participación social y ciudadana. «Se trata de una legislación que afecta directamente a los consumidores, que acceden a la vivienda a través de contratos con inmobiliarias o entidades bancarias, y que sin embargo no ha contado con una participación adecuada por parte de los colectivos que representamos a los consumidores y usuarios», advierte la organización.

Fomento de la especulación

Uno de los aspectos que más preocupa a FACUA Andalucía es la flexibilización del régimen de protección de la vivienda protegida, una medida que abre la puerta a la especulación inmobiliaria y a la privatización indirecta de recursos públicos. La Ley deja al arbitrio de los planes de vivienda cuestiones clave como la duración del régimen de protección y el procedimiento de descalificación, sin establecer límites claros que garanticen la función social de estas viviendas.

La federación propone que la Ley establezca un régimen mínimo de protección, y que éste sea indefinido y permanente, especialmente en los casos en que las viviendas estén promovidas con financiación pública o construidas sobre suelo cedido por una administración pública. La organización también reclama la prohibición de descalificar estas viviendas para evitar que pierdan su carácter social y se conviertan en objeto de especulación.

Falta de respuesta a los retos sociales

FACUA Andalucía advierte también que el anteproyecto de ley ignora retos clave como el impacto del envejecimiento poblacional y el riesgo de despoblación rural. No se contemplan medidas específicas para fomentar la creación de vivienda en municipios en declive demográfico ni se prevén incentivos suficientes para la rehabilitación de viviendas en zonas rurales o para adaptar la oferta residencial a las necesidades de una población envejecida.

Exclusión social encubierta

En relación con el tratamiento de la ocupación, FACUA Andalucía rechaza que se equiparen sanciones administrativas con condenas penales a la hora de excluir a determinadas personas del acceso a vivienda pública. Esta equiparación resulta desproporcionada y podría suponer una exclusión injusta de personas en situación de vulnerabilidad, precisamente aquellas que más necesitan protección social.

En definitiva, la organización de consumidores reclama una revisión profunda de la norma para que responda verdaderamente a las necesidades de la ciudadanía andaluza y sitúe el derecho a la vivienda como eje vertebrador de la política pública, en lugar de seguir reforzando un modelo que prioriza el mercado y los intereses privados.