Financiación autonómica: desequilibrada e insuficiente

Cuando se habla de financiación autonómica, todo el mundo piensa que la cosa va de la pelea entre territorios por ver cuáles se llevan una parte mayor de la tarta de los ingresos que el Estado obtiene por los impuestos. Inmediatamente, cuando se presenta un modelo, surgen los agravios: quienes ganan tienden a sentirse satisfechos, mientras que los que pierden claman contra su supuesta marginación. Cuando, además, entra en juego el enfrentamiento entre partidos -en estos tiempos, brutal-, incluso entre los ganadores, si gobiernan una autonomía de signo contrario al del gobierno central, hay protestas y acusaciones de favorecer, por razones político-electorales, a comunidades determinadas.

Muy poco se menciona que la financiación autonómica sostiene las escuelas, los hospitales, las residencias de mayores, las carreteras regionales, la atención a la dependencia y los programas sociales. Es decir, las bases del Estado del Bienestar, cuyas competencias de gasto residen en las comunidades autónomas. En este marco, la lógica nos dice que la sanidad o la educación de la gente de Reus tienen que alcanzar unos índices de calidad que no anden muy alejados de los que disfrutan quienes viven en Cuenca o Tordesillas. Esos servicios se financian con impuestos, y éstos se establecen en función de las rentas y el patrimonio de las personas. Es decir, han de garantizarse tanto la suficiencia de las prestaciones como su equilibrio territorial.

Dicho lo cual, vemos qué coordenadas definen el proyecto de financiación autonómica presentado por el gobierno tras su pacto con Esquerra. Entiendo que se trata de una propuesta desequilibrada en la que, en lo fundamental, se benefician las regiones con mayor capacidad económica. Y esto es fácil de entender: si se produce la cesión a las autonomías de un porcentaje mayor de los dos principales impuestos, IVA e IRPF (que pasan respectivamente al 56% y 55%), las más prósperas recaudarán más que el resto. Es decir, habrá más recursos, en origen, en algunas arcas autonómicas, pero también menos en la cesta común y, por consiguiente, menor capacidad redistributiva y de compensación interterritorial, lo que perjudicará a las más vulnerables. También se resentirán las inversiones del Estado y sus gastos esenciales en pensiones o desempleo, a no ser que se emita más deuda o se incrementen los impuestos. Es esto último lo que habría que hacer para nutrir esa caja común, de modo que, a pesar de que las comunidades con mayor renta se queden con una parte más amplia de su recaudación, existan suficientes recursos compensatorios para apoyar a las menos favorecidas.

Y aquí radica uno de los aspectos que suelen eludirse en todo este asunto de la financiación autonómica: la fragilidad del sistema tributario del Estado por una insuficiente captación fiscal. Efectivamente, para equipararnos con la eurozona en ingresos de las administraciones respecto del PIB, nos faltan unos 60.000 millones de euros(sin contar los más de 100.000 millones de fraude fiscal). Pero el gobierno de coalición, incumpliendo su acuerdo programático en este ámbito, no ha acometido la prometida reforma fiscal que nuestro sistema de protección social necesita imperiosamente para sobrevivir. En las grandes empresas y patrimonios, así como en el capital financiero, hay cantera más que suficiente para obtener esos recursos.

La otra cuestión a abordar es el de la ausencia de armonización fiscal entre las autonomías, es decir, el dumping fiscal en el que están inmersas algunas de ellas, fundamentalmente las gobernadas por la derecha, que con la intención de atraer patrimonios e inversiones han bonificado impuestos cedidos al 100%, como los de patrimonio y herencias, además de reducir las retenciones en el tramo autonómico del IRPF. Por estas rebajas, la comunidad autónoma de Murcia deja de ingresar unos 400 millones de euros anuales (900 millones en Madrid), en beneficio de los más adinerados y en perjuicio del gasto social. Este comportamiento es profundamente insolidario porque priva de recursos al conjunto del sistema, que no penaliza estos regalos fiscales que algunos gobiernos regionales han institucionalizado en favor de las rentas más elevadas. Precisamente estas prácticas han llevado a los técnicos de Hacienda a calcular que, a los 21.000 millones de más (respecto del actual modelo de financiación)que recibirán todas las CCAA, habría que sumar 16.000 millones si se produjera aquella equiparación tributaria entre ellas.

La última controversia hace referencia al llamado principio de ordinalidad, según el cual una comunidad no puede recibir menos de lo que aporta, lo que va en contra de la progresividad fiscal. Precisamente el apoyo que la izquierda en el gobierno va a prestar a este modelo presentado por la ministra -y futura candidata andaluza-Montero se fundamenta en que ese criterio no se va a aplicar. Pues bien, ha sido ella misma la que ha asegurado que, al menos en el caso de Cataluña, se cumplirá.

Estamos, pues, ante una idea -de momento no es ley- asimétrica, donde unos territorios ganan(los del eje mediterráneo, sobre todo Cataluña y Andalucía)y otros pierden(el noroeste del país, principalmente). También insuficiente, porque a nuestro gasto público le faltan esos 60.000 millones que esa conjunción de reforma y armonización fiscal proporcionaría a las arcas públicas. Pero no creo que eso sea posible en el actual marco neoliberal. Hay que trascenderlo, pues.

joseharohernandez@gmail.com