España hacia una sociedad digital que no deje a nadie atrás

Hace apenas unas semanas, durante un coloquio organizado por Ethic e ING sobre bienestar digital, varios expertos coincidieron en que el país vive la mayor democratización del conocimiento de la historia. La frase suena rotunda y los datos parecen respaldarla.

El 96,8% de los hogares españoles ya dispone de acceso a internet de banda ancha, fija o móvil, según la última encuesta TIC del INE publicada en noviembre de 2024. Además, la cobertura 5G alcanza al 96% de la población, y a ocho de cada diez vecinos en zonas rurales, de acuerdo con el informe de cobertura presentado por el Ministerio para la Transformación Digital en junio de 2025.

Esa infraestructura, combinada con la madurez del comercio electrónico (más de 84.000 millones de euros en facturación y un 16,3% más que el año anterior, según la CNMC), se refleja en hábitos de consumo tan diversos como el streaming ultradefinido o la creciente moda de comprar cajas misteriosas. Este fenómeno, que nació en foros y redes sociales como un juego de azar digital, se ha viralizado como experiencia de ocio interactivo: el usuario no solo paga por un producto, sino por la expectativa y la emoción del descubrimiento. Al igual que un sorteo exprés, la revelación del contenido genera conversación en redes, retos entre amigos y hasta canales especializados en mostrar “unboxings” en directo.

El reto que persiste

Sin embargo, la conexión por sí sola no garantiza inclusión. España ocupa el séptimo lugar de la UE en competencias digitales, con un 66,2% de la población que posee al menos habilidades básicas. Es decir, cerca de un tercio de los ciudadanos sigue sin las destrezas necesarias para desenvolverse con solvencia en línea, según datos de Eurostat.

La brecha es territorial, aunque el 5G rural se ha triplicado desde 2021, un 16% de esa España vaciada vive aún en la “zona gris” de la conectividad ultrarrápida, y competencial, especialmente pronunciada entre mayores, mujeres de entornos rurales y trabajadores con baja cualificación.

Estos contrastes explican tanto la preocupación de organizaciones como la Fundación Cibervoluntarios como la proliferación de iniciativas públicas, Generación D, Kit Digital, programa UNICO, que intentan armonizar infraestructuras y capital humano. Al mismo tiempo, el debate sobre derechos digitales cobra fuerza dentro y fuera de las instituciones.

La conversación trasciende la esfera tecnológica y se entrelaza con la salud colectiva. La paradoja, por tanto, no reside en la falta de redes, sino en la capacidad efectiva de la ciudadanía para convertir esos gigabits en oportunidades reales.

Competencias y bienestar digital: de la infraestructura a las personas

El termómetro que mejor retrata la madurez digital de un país ya no es la velocidad de descarga, sino la capacidad de su gente para traducir los gigabits en progreso social. España avanza con paso firme, pero aún queda trecho.

En 2023 el 66,2% de la población dominaba al menos competencias digitales básicas, más de diez puntos por encima de la media comunitaria, según el Digital Decade Country Report de la Comisión Europea. La propia UE fija el listón en un 80% para 2030.

El Gobierno se impuso una meta idéntica para 2025 en el Plan Nacional de Competencias Digitales, respaldado por 3.750 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Para acercarse a ese objetivo, el Ministerio para la Transformación Digital ha desplegado iniciativas tan dispares como Generación D, que combina cursos presenciales y microcredenciales en línea.

Los últimos datos oficiales hablan de casi 1.810.933 personas formadas y otras 321.827 en proceso de capacitación. Este impulso público se completa en la esfera empresarial con el Programa Kit Digital, cuyas nuevas bases facilitan bonos de hasta 6.000 euros para que micro-pymes adopten soluciones de ciberseguridad o comercio electrónico.

El tejido asociativo es muy importante allí donde el Estado no alcanza. La Fundación Cibervoluntarios, por ejemplo, ha reforzado su presencia rural con 14 Campamentos Digitales en La Rioja y talleres YoConecto orientados a mayores que temen la banca online o la cita sanitaria electrónica.

Segundo sua coordinadora, Andrea Tarraso, formar a la ciudadanía es urgente para que nadie quede fuera. Esa misma urgencia se percibe en los claustros. Universidades públicas y privadas ultiman titulaciones cortas sobre inteligencia artificial aplicada, mientras los institutos adaptan el currículo de Tecnología para que el alumnado gestione de forma crítica la IA generativa.

Aun así, persisten bolsas de exclusión. El informe ONTSI muestra que más del 40% de las personas mayores de 65 años precisa ayuda para realizar gestiones básicas en línea, lo que explica la apuesta por figuras de acompañamiento digital en ayuntamientos y bibliotecas.

Entre los colectivos gitanos la brecha se agranda por la precariedad de dispositivos y la escasez de referentes formativos, como apunta un reciente informe del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Y en el mercado laboral la desigualdad de género no termina de corregirse.

Las mujeres representan solo el 19% de los especialistas TIC contratados en 2024, pese a las campañas de mentoría STEM. La Carta de Derechos Digitales, impulsada por un amplio consorcio universitario, dota de paraguas jurídico a estos esfuerzos al reconocer la accesibilidad, la alfabetización mediática y la protección frente a sesgos algorítmicos.

Ese marco refuerza la presión sobre plataformas y bancos para simplificar interfaces, ofrecer contenidos accesibles y garantizar canales alternativos, telefónicos o presenciales, para los usuarios con menor autonomía.

Bruselas evaluará la ejecución de fondos asociados a la Década Digital, y el Consejo de Ministros prepara un paquete legislativo en ciberseguridad. Si las metas se cumplen, España no solo exhibirá redes ultrarrápidas, sino también una ciudadanía capacitada para navegar con seguridad, crear valor y defender sus derechos en la esfera digital.