Qué es y cómo funciona la ley de Segunda Oportunidad

Aunque la ley de Segunda Oportunidad ya existe desde el 2015 en nuestro país todavía es poco conocida. La existencia de la Ley 25/2015 supone tanto para particulares como para autónomos la posibilidad de renegociar las condiciones que tenían con sus acreedores y conseguir incluso la cancelación total de la deuda.

No es de extrañar por tanto que esta ley haya ganado popularidad a raíz de la pandemia cuando las condiciones laborales y económicas de muchas personas quedaron gravemente perjudicadas. Así, quienes se encuentran sobreendeudados por unos motivos o por otros ahora pueden ajustar el pago de la deuda a sus posibilidades y llegado el caso, si fuera necesario, solicitar una cancelación total de la misma.

Claro que para poder acogerse a los beneficios de esta favorable ley es necesario cumplir con una serie de requisitos como demostrar que efectivamente no se puede hacer frente a la deuda o que la misma no supere los 5 millones de euros entre otras muchas condiciones.

Requisitos y funcionamiento

Para poder acogerse a lo que ofrece la ley de Segunda Oportunidad, los autónomos y personas físicas que lo necesiten tienen que cumplir una serie de requisitos:

• Lo primero, antes de iniciar el proceso para la cancelación de las deudas, se ha tenido que celebrar un intento de acuerdo extrajudicial con los acreedores.
• Hay que demostrar la buena fe por parte de la persona deudora.
• No haber solicitado la Ley de Segunda Oportunidad en los 10 años anteriores.
• Estar libre de condenas por delitos contra el patrimonio, falsedad documental, Hacienda Pública, Seguridad Social o derechos de los trabajadores. Se tendrán en cuenta los últimos 10 años. En el caso de los autónomos, el deudor no debe haber sido declarado culpable por delitos económicos o sociales.
• Demostrar que no se ha rechazado una oferta de empleo considerada adecuada a las capacidades de la persona deudora durante los últimos 4 años.
• No disponer de patrimonio para hacer frente a las deudas o que este ya se ha liquidado.
• Por último, la obligación total de las deudas no puede superar los 5 millones de euros.

Si se cumple con todos los requisitos anteriores se podrá dar inicio al procedimiento, el cual comienza con el intento de acuerdo extrajudicial. En dicho proceso se celebra una reunión entre la persona deudora y la parte o partes acreedoras para proponer un plan y un calendario de pagos que se ajuste a las posibilidades del deudor.

El acuerdo será tutelado por un juez y contempla la posibilidad de que intervenga un mediador concursal los cuales negociarán por un plazo máximo de dos meses. En caso de no llegar a un acuerdo durante dicho plazo, da comienzo la fase del concurso consecutivo durante la cual el juez a petición del deudor puede conceder la exoneración total de la deuda.

Esta decisión judicial, también conocida como BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) supondría la cancelación de la deuda a menos que los acreedores soliciten su revocación si detectan hechos que la justifiquen. Hay que aclarar en este punto que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social quedaban excluidas, pero gracias a una sentencia del Tribunal Supremo ya pueden ser eliminadas.

Las deudas que se hayan generado posteriormente al inicio de las negociaciones tampoco se incluyen en el proceso, y lo mismo ocurre con la pensión alimenticia en caso de divorcio, que no quedaría exonerada con esta ley. En el caso de las hipotecas, la dación de pago implicaría la cancelación total de la misma.

Por último, hay que aclarar que para que las deudas desaparezcan de forma definitiva han de pasar cinco años desde la resolución judicial. Este lapso de tiempo de cinco años implica que los acreedores pueden solicitar la revisión del caso si detectan que las condiciones del deudor han cambiado para mejor y en ese momento sí que puede hacer frente a dichas deudas.

También pudiera darse el caso de que la parte deudora no hubiera obrado de buena fe y se detectara durante este periodo de tiempo, de ahí que se mantenga este tiempo prudencial abierto a revisión para evitar posibles fraudes y situaciones de injusticia con respecto a los acreedores.

Esto implica que el deudor sigue apareciendo en las listas de morosos durante dicho periodo de tiempo y hasta que la cancelación de todas sus deudas sea definitiva. También es lógico que esto sea así para impedir que se siga endeudando y perpetuando el problema en el tiempo, un problema que supondría perjudicios tanto para la parte deudora como para los acreedores y que supondría un círculo vicioso difícil de resolver.