La ARMH exige al Gobierno que sancione a la Iglesia Católica por oficiar misas de exaltación a Franco

Este 20 de noviembre se han repetido diversas misas católicas, en diferentes poblaciones del Estado, en las que se ha llevado a cabo una exaltación de la figura del dictador Francisco Franco y por lo tanto de menosprecio y humillación a sus víctimas. Año tras año, en esa misma fecha, numerosos lugares de culto católico ofician ritos de homenaje y enaltecimiento del dictador, hechos que deberían ser sancionados con la máxima gravedad por parte del Gobierno, puesto que se trata de una de las organizaciones que tiene más trato de favor por parte de todos los Gobiernos desde la recuperación de la democracia. 
Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de un desaparecido asesinado por la represión franquista «es incomprensible que en todo el texto de la Ley de Memoria Democrática no se mencione a la Iglesia católica que fue parte del aparato represivo de la dictadura, participó activa y masivamente en la represión y disfrutó de enormes privilegios durante la dictadura por legitimar al dictador y convertir el sistema educativo en un lugar de maltrato y acuartelamiento». 
En el artículo 38.1 de la Ley de Memoria Democrática se explica que  «Sin perjuicio de derecho de reunión pacífica y sin armas, regulado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, se considerarán actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial«.

Por esas razones, exigimos a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que realice un informe en el que se recopilen las misas católicas que se han celebrado en ese día para exaltar la figura del dictador Francisco Franco y se interpongan las sanciones máximas puesto que se trata de una organización religiosa que recibe subvenciones de diferentes instituciones del Estado lo que la hace administradora de recursos públicos.Silva califica de lamentables las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, en las que ha afirmado esta semana que las políticas de memoria polarizan a la sociedad. «Se trata -considera- de una estrategia que han mantenido en desde que comenzó la búsqueda científica de desaparecidos por la represión franquista y por primera vez las instituciones comenzaron a debatir sobre nuestros desaparecidos. La Iglesia católica sigue recibiendo un trato de favor y todavía no se ha disculpado pública y notoriamente de su connivencia con los crímenes del franquismo e incluso por los religiosos que escribieron en algunos pueblos las listas de los republicanos que tenían que ser asesinados por los pistoleros falangistas». Y concluye: «Lo que sí polariza es que con total impunidad esta organización religiosa haya abusado de 400.000 menores, según el informe del Defensor del Pueblo, y siga recibiendo dinero del Estado para seguir educando menores. Y con respecto a los mártires de la guerra jamás han mencionado a los cientos de religiosos que murieron bajo los bombardeos franquistas o los sacerdotes que fueron detenidos ilegalmente en el módulo específico para curas que la dictadura habilitó en la cárcel de Zamora. Simulas equidistancia pero siguen ayudando a ocultar los crímenes del franquismo».