Exigen al Gobierno que en la nueva Ley de Secretos Oficiales no restringa la desclasificación de documentos de la dictadura relativos a la Iglesia Católica y a Juan Carlos de Borbón

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) reclama al Gobierno que minimice las restricciones en el texto de la nueva Ley de Secretos Oficiales cuya aprobación se lleva a cabo en el Consejo de Ministros de hoy y se trasladará para su votación al Congreso de los Diputados.

La ARMH espera que no existan restricciones a temas como el papel de la Iglesia Católica en la dictadura; la documentación relativa a los días en que Juan Carlos de Borbón fue jefe del Estado de la dictadura, por baja por enfermedad de Franco, y por lo tanto ocupó el puesto de dictador; o importantes materias militares que han permanecido ocultas durante décadas, como los archivos secretos del Ministerio de Defensa relativos a las relaciones entre España y la Alemania nazi sus vuelos aéreos y sus intercambios de material entre 1936 y 1945.

La ARMH lleva muchos años tratando de localizar toda la documentación relativa al estudio de todos los enterramientos del Estado, relacionados con la guerra y la represión, que se elaboró previamente a la decisión de exhumar fosas comunes en diversas provincias españolas para trasladar esos restos al Valle de los Caídos. Para Emilio Silva, presidente de la ARMH”: “Esa información, elaborada en la década de los años cincuenta, es el mejor mapa de fosas comunes al que puede acceder hoy la sociedad, cuando se plantea una desclasificación de documentos tan tardía, cuando apenas quedan testigos vivos que puedan señalar los lugares en los que los pistoleros falangistas enterraron los cadáveres de sus víctimas”.

El colectivo quiere que se dé acceso público a los listados que tienen que ver con confidentes del régimen, con apropiaciones de todo tipo de bienes a punta de pistola; de pequeñas propiedades o grandes empresas y de quiénes eran y cómo se beneficiaron empresarios y adeptos al franquismo que sin escrúpulo alguno hicieron negocio con las consecuencias de la violencia.

Asimismo, la ARMH espera que se haga un esfuerzo en recopilar toda la información relativa a los negocios de la familia del dictador Francisco Franco para enriquecerse desde su posición alcanzada mediante el uso de la violencia y mantenida y sostenida a través de una terrible represión.

Para Silva es fundamental “que se permita el acceso a toda la documentación relativa a asesinatos extrajudiciales, fusilamientos, desapariciones forzadas, aplicaciones de leyes de fuga e informes relacionados con la represión sin que haya restricción de ninguna clase en los documentos, ni se oculten los nombres de los perpetradores pues es el único modo de poder acercarse a la verdad, que se compone de los violaciones de derechos humanos que llevaron a cabo los verdugos y de las vidas y el padecimiento de las víctimas”.

La ARMH le reclama al Gobierno un informe que evalúe la masiva destrucción de documentos que se llevó a cabo bajo la dirección de Rodolfo Martín Villa entre los años 1976 y 1978. En una sesión a puerta cerrada en el  Senado el entonces Ministro de Gobernación explicó a los grupos parlamentarios que que quemaban las fichas policiales de los que habían sido presos políticos para dejar su expediente limpio en democracia pero lo que se hizo realmente fue ocultar pruebas de violaciones de derechos humanos y esconder a nuestra sociedad numerosa documentación acerca de de todo tipo de violencias utilizadas por la dictadura para someter y aterrorizar a la ciudadanía.

 “Exigimos la urgente digitalización de todo ese material para facilitar que sea estudiado, investigado y difundido después de décadas de democracia en las que una ley de secretos oficiales firmada por Franco ha sobrevivido en los mismos términos de una dictadura para su uso en una democracia”, concluye Silva.

La ARMH guardó durante seis años una copia de la única documentación que se conoce en la que el Gobierno franquista reconocía el asesinato del poeta Federico García Lorca y las razones políticas y morales por las que los golpistas de 1936 decidieron asesinarlo. La Asociación pudo sacar el documento a la luz en el año 2015 de una forma que quizá sería sancionable con algunas de las líneas del proyecto de ley que ha avanzado el Gobierno;

Documento sobre el asesinato del poeta García Lorca