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Miserias de la Memoria

La dotación económica para este año 2019 es de 100.000 para toda Andalucía. Poco puede hacerse con eso. Poco más de lo que se ha hecho. Poco más de un euro por victima al año. Vergonzoso.

Dos años se han cumplido recientemente desde que se aprobara la ley de Memoria Histórica de Andalucía. Una ley que nació con grandes aspiraciones teóricas pero que en la práctica, carente de dotación económica, ha sido, en mi opinión, decepcionante.

La principal actividad que debería haber afrontado es la exhumación de víctimas y sin embargo la intervención de fosas comunes ha sido ínfima en estos dos años.
Un  número total de  fosas intervenidas insuficiente , de las que se han recuperado poquísimas  víctimas. Fosas de pequeñas dimensiones, en las que se buscaban a un número reducido de víctimas. Y sin actuar en ninguna de las grandes fosas sepultadas en las ciudades andaluzas.
Y todo ello con un presupuesto total anual  de cerca de 1.600.000 €.
 Las intervenciones que se han llevado a acabo pueden verse en las huellas de la tierra, anuario de 2016_2017 del periodista Juanmi Baquero
 Tan sólo un 6% del presupuesto total va destinado a la que debería ser la actividad prioritaria. El resto del dinero presupuestado se destinaba a sostener el entramado burocrático que administración andaluza creó entorno al proyecto de Memoria Democrática.

Los familiares siguen falleciendo sin recibir respuesta por parte de una administración a la que se le ha llenado la boca diciendo estar a su lado pero, realmente han sido palabras vacías para aquellos que se han quedado esperando, y que aún a día de hoy, siguen haciéndolo.
La dotación económica para este año 2019  es de 100.000 para toda Andalucía. Poco puede hacerse con eso. Poco más de lo que se ha hecho. Poco más de un euro por victima al año. Vergonzoso.
E imagino que lo poco que se haga repetirá el esquema de contratación seguido hasta ahora, perpetuando la precariedad de los profesionales que intervienen en los proyectos de excavación y exhumacion.
Hace dos años, el compañero de San Fernando Jorge Cepillo, sacaba a la palestra este tema. Poco ha cambiado desde entoces el panorama. Técnicos subvencionando intervenciones de exhumación con su trabajo y esfuerzo. Pagando cuotas de autónomo e impuestos, adelantando dinero para pagar material como si de empresas se tratasen, soportando trámites y burocracia que restrasan el cobro de las facturas durante meses. ¿Quién es responsable de esta situación, la administración que lo fomenta o los profesionales que lo permitimos? Ambas partes deberíamos reflexionar.

Por otro lado está la cuestión del ADN. Para este año 2019 hay presupuestados más de 350.000€ para análisis de ADN. Una cantidad nada desdeñable. Sin embargo el porcentaje de identificaciones puede no responder a la cantidad de dinero destinada. Una política efectiva de toma de muestras y de identificación requiere de una importante labor previa. Investigación documental y esencial, búsqueda de familiares. Esta labor fundamental es la que han estado las asociaciones de familiares durante años. Casi veinte años que llevan trabajando y luchando contra las adversidades por recuperar los restos de sus seres queridos.
Una política de identificación que pretenda ser eficaz necesariamente debe contar con las asociaciones que son las que han desarrollado y desarrollan el contacto y la búsqueda de familiares. No se puede, ni se debe, desarrollar un plan de Memoria sin contar con los familiares directamente. ¿O acaso va a hacer la administración la labor que hasta ahora han estado haciendo las asociaciones? Difícilmente. Llevan años de ventaja, de trabajo y afortunadamente, en no pocas ocasiones, tejiendo redes entre distintos puntos del país para intercambiar información o prestarse ayuda. No es menos cierto que existen diferencias de criterios entre unas y otras, lo cual hace que el movimiento pierda fuerza. Esto hace que el objetivo principal se pierde vista.
Una verdadera política de Memoria debe estar al servicio de las familias y no que sean éstas las que tengan que estar mendigando lo que les corresponde por legítimo derecho.
Ni políticos, historiadores, técnicos... podemos eregirnos en adalides de esta causa. Nuestra obligación es estar detrás de las familias, aportando nuestro conocimiento y capacidades, pero siempre un paso por detrás de las víctimas.

* Arqueóloga. AREMEHISA.

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