Un olvido que es una condena: la memoria histórica hoy, estado de la cuestión

Cualquier Estado que hubiera sufrido una dictadura, no ya de cuatro décadas sino mucho menos extendida temporalmente, habría intentado realizar políticas de memoria para paliar los muy negativos efectos sociales que la represión, que es inherente a tales regímenes, causan sobre la colectividad.

Muchos ejemplos hay al respecto, pero no es el caso de España. Aquí no tuvimos una revolución, como en Portugal o una presión nacional o internacional poderosas como en Latinoamérica, o incluso no perdimos ninguna aventura bélica (obviemos el caso del Sáhara, por no extendernos demasiado); el proceso español fue muy distinto y, en gran medida, cosmético.

Incluso muchos de los más acérrimos defensores del régimen entendieron que, tras el descabezamiento de la línea dura franquista (asesinato de Carrero Blanco) mantener el franquismo iba a ser más bien complicado.

Así, nada menos que un ministro secretario general del movimiento, apaciguaría al «bunker» comenzando conversaciones con una oposición hasta entonces dominada exclusivamente por la vía represiva.
No quiero aquí dejar de hacer un recuerdo a tantos antifranquistas que se dejaron la piel por traer la democracia liberal a España. Los más elementales derechos en este tipo de regímenes políticos y que no teníamos aquí serían un objetivo suficiente, olvidándonos, ya para siempre, de maximalismos revolucionarios.

Este fue el nuevo pacto no escrito: los vencedores de la Guerra, dueños absolutos del poder, permitirían, también por su propio beneficio obviamente, la llegada de una reforma política que, cuarenta años después, asentaría una restauración prometida por los militares golpistas allá por los años 30 eso sí, a cambio del olvido y el silencio impuestos que habrían de convertirse en «reconciliación» aparente e impunidad real. Lo consiguieron, al fin y al cabo tenían la sartén por el mango y la han mantenido hasta ahora.

Las 200 familias de las que hablaba Ansón que mandaron antes, durante y después de la República.
En estos cincuenta años, tras la muerte del dictador, nunca se ha condenado al franquismo en sede parlamentaria, quizás porque tal acción conllevaría unas consecuencias temidas por unos y por otros.

Negar absolutamente la legitimidad del régimen, reconocer que los delitos cometidos durante y después de la guerra fueron de lesa humanidad, deberían llevar a devoluciones de patrimonio, juicios y otras muchas consecuencias de las que los partidos «de gobierno» no quieren ni oír hablar.

Así el gobierno de González dio alguna pequeña indemnización por día de encarcelamiento, nada curiosamente, por ejecución, ya que el posible perceptor no podría beneficiarse de ella. Hasta 2007, tras la «segunda transición» no aparecería una ley de farragoso nombre que, muy ecuménicamente, pretendía ser tan escandalosamente equidistante que no satisfizo a nadie.

Había que recordarle al Gobierno que casi sesenta años después los muertos que seguían sin desenterrar eran los que habían defendido a la República, de hecho los franquistas disponían de una ley al respecto que se hacía cargo de las exhumaciones de los asesinados por las «hordas rojas» desde 1940 y seguía vigente. Eso sí, algunas subvenciones llegaron por fin a las asociaciones memorialistas. El Estado seguía sin hacer su trabajo pero quienes sí lo hacían recibían ese apoyo que nunca habían tenido. Algún mérito tuvo.

No fue hasta la ley de 2022 que se consiguió, a nivel estatal, el reconocimiento a muchas reivindicaciones de los memorialistas. Ciertamente se hablaba de la creación de un banco de ADN, de la protección de los lugares de memoria, de la persecución del negacionismo y las ofensas a las víctimas del franquismo, o de la prohibición de la exaltación de la dictadura y la permanencia de monumentos u homenajes franquistas, entre otras muchas exigencias, que no protegió nunca la vieja ley de 2007 asfixiada, por supuesto, por todos los gobiernos de la derecha española que no le otorgaron nunca ni «un euro» de subvención, según se jactaba el propio presidente del Gobierno.

El cumplimiento de esta ley actual es mínimo: la fundación Francisco Franco (y no es la única admiradora de la dictadura) continúa con sus labores conservando, además, archivos que deberían haber sido siempre de dominio público; las manifestaciones falangistas continúan no siendo ya castigadas económicamente, en aplicación de la citada ley, sino protegidas por la policía que sí manda a antifascistas a la cárcel en aplicación de la nunca derogada «ley mordaza»; las exhumaciones siguen sin ser asumidas oficialmente así como la recopilación de las historias de todos los ciudadanos y ciudadanas desaparecidos por la acción de los militares golpistas y sus secuaces.

Hoy hablamos de los 50 años de libertad, del país de las 6.000 fosas pero lo que no se dice es que no se trata de las fosas, la cuestión son los 114,226 ciudadanos y ciudadanas asesinados que siguen en esas fosas, con sus historias silenciadas, con sus familiares recurriendo a las asociaciones porque el Estado, como si debía, no se ha preocupado nunca de saber que fue de ellos. De los 8.941 cuerpos desenterrados solo se ha identificado a 70 (cifras oficiales) ese es el grado de compromiso para con los defensores de la República, los antifascistas. Y la sociedad, ignorante de todos estos extremos y estas cifras escandalosas.
Los homenajes y calles a los franquistas siguen estando a miles en nuestro Estado sin que se haya hecho nada serio para evitarlo. Hasta hay pueblos con nombres franquistas, como el que exalta la figura de un criminal de guerra confeso, que han tenido alcaldía socialista. Nuestra asociación, de hecho y por ejemplo, en compañía de ciudadanos de Huesca, tuvo que llevar a juicio al Ayuntamiento para que cumpliera la ley que aprobó su partido en 2018. Yo he tenido que escuchar de políticos, supuestamente socialistas, si aún seguía con «estas cosas» de la memoria histórica…es así de triste y, luego, muchas palmaditas en la espalda, acciones muy mediáticas (cuando conviene políticamente), pero tomarse en serio la cuestión, con auténticas políticas estatales de memoria el trauma que supuso para nuestra sociedad tantas décadas de represión, de adoctrinamiento, de eso nada de nada. Y así nos va, con un 20% de la población que cree que Franco «no fue tan malo»; con miles de jóvenes, casi todos varones, votando a un partido ultraderechista que admira el franquismo sin rubor alguno. Con una derecha que tuvo como fundador a un franquista de la línea dura, que luchó contra las medidas reformistas que los políticos de «centro» querían introducir durante la transición. Lo cierto es que en admiración del régimen franquista la derecha extrema y la extrema derecha se dan la mano, como en tantas otras cosas.

Así que, resumiendo: el estado actual de la Memoria democrática (antes histórica) y que yo pretendo llamar antifascista, es penoso.

Primero: nunca se condenó al franquismo en sede parlamentaria, por lo que sus decisiones judiciales, expropiaciones y demás resoluciones injustas, han seguido y siguen vigentes.
Segundo: el Estado, que debió recuperar la memoria de los ciudadanos asesinados, ha obviado esta obligación dejándola en manos de asociaciones que no han dispuesto de medios ni de método para afrontar esta labor fundamental para un estado democrático.
Tercero: no se ha perseguido seriamente a los exaltadores del franquismo a los tergiversadores y negacionistas que siguen hoy en día ofendiendo la memoria de los que asesinó un régimen genocida.
Cuarto: no se ha dedicado un esfuerzo significativo para luchar contra el adoctrinamiento de cuarenta años que ha sabido crear entre propaganda, educación y terror, un «franquismo sociológico» que aún perdura en nuestra sociedad.
Quinto: los currículos educativos deberían haber hecho hincapié en la enseñanza, a las nuevas generaciones, de lo que fue el franquismo para la sociedad española, de resultas de lo cual, los jóvenes creen que todas las libertades de las que ahora gozan vienen «de serie» y no están en peligro, sin saber todo el esfuerzo y la sangre que se invirtió para recuperarlas.
Sexto: los monumentos que aún perduran, que exaltan a próceres del régimen de Franco, no son considerados importantes, pero la derecha agrede y destruye siempre que puede aquellos dedicados a los que murieron por la libertad, la única respuesta: indiferencia social e inacción institucional.

No sé si ya estamos fuera de plazo, me temo que los errores y omisiones se han producido durante tanto tiempo que casi no nos queda más que seguir persistiendo para no dejar que toda esta tragedia caiga en el olvido.
Hay cuestiones concretas que aún deberían afrontarse:

Primero: un banco estatal de ADN suficientemente dotado, con una potente campaña para llenar sus archivos.

Segundo: una campaña real de exhumaciones ambiciosa y con recursos para la identificación de las personas rescatadas de las fosas.

Tercero: la creación de una oficina estatal que dé razón a toda la ciudadanía, historiadores y sociedad en general, de la suerte corrida por los ciudadanos y ciudadanas hechos desaparecer por el franquismo.

Cuarto: una exigencia curricular seria, para que toda la juventud sepa lo que el franquismo supuso realmente para la sociedad española y para luchar contra los bulos y blanqueamientos de la dictadura que hoy vivimos.

Quinto: la aplicación real de la ley, castigando las exaltaciones franquistas y las instituciones privadas que siguen ofendiendo las víctimas del franquismo; con un tratamiento penal similar al de las víctimas del terrorismo estamos seguros de que los familiares de esas personas estarían satisfechos.

Sexto: eliminación de todos los vestigios franquistas aún existentes mediante la aplicación de sanciones a los ayuntamientos recalcitrantes.

Séptimo: protección mediante su asunción en el catálogo estatal de lugares de memoria de todos aquellos que han quedado desprotegidos tras las últimas derogaciones de leyes autonómicas por la derecha y sus socios.

Octavo: mayor diálogo y colaboración con las asociaciones que llevan el peso de esta lucha por el recuerdo y la dignidad en solitario, sin apenas ayuda ni diálogo, intentando cubrir un vacío que los gobiernos democráticos no han afrontado seriamente.

Sí, hay muchas más reivindicaciones que aquí no aparecen, y sí, ha habido gestos e intenciones en los sucesivos gobiernos de izquierdas que no pueden dejar de ser apreciados, pero sin duda, las políticas a las que he hecho referencia a lo largo del artículo: políticas sistemáticas integrales de memoria, siguen siendo asignatura pendiente en el Estado español. No haber tenido conciencia de lo que eso acarrearía para familiares de las víctimas y sobre todo para el futuro de la sociedad democrática, es un error tan grande que posiblemente no tenga ya solución.

Nosotros seguiremos luchando por subsanar estas injusticias que acarrean muy preocupantes consecuencias. Esperemos que quienes pueden ayudar a solucionarlo tomen por fin conciencia de ello y subsanen lo aún salvable. Ya llegamos tarde, insisto, pero también aseguro que por nosotros y mientras tengamos fuerzas, no habremos de parar.

El maestro que recibió, tras palizas brutales, un tiro en la nuca al amanecer solo por querer enseñar humanidad y progreso a sus alumnos nunca será olvidado.

La mujer que vio como robaban a su bebé, porque su compañero era de un sindicato, para luego ser fusilada para que no pudiera reclamar a la criatura, por mucho tiempo que pase, nosotros la vamos a recordar siempre.

Las mujeres y hombres, hacinados en condiciones espantosas, que muchas veces les llevaron a la muerte, solo por haber defendido unas ideas democráticas que no gustaban a los vencedores de la guerra deben ser recordadas por esta sociedad amnésica.

Las libertades hurtadas a millones de personas, que tuvieron que vivir toda su existencia sin un desarrollo personal decente, no pueden caer en el olvido.

Tampoco los y las luchadoras que combatieron para recuperar la democracia a costa de su libertad, sufriendo torturas, vejaciones, multas y persecución social, tampoco debemos, si tenemos algo de decencia y sensibilidad, ocultar sus historias y sí darlas a conocer.

Por todos y todas ellas, por una sociedad democrática que trabaje por un futuro mejor para todos, por todo esto nosotros seguiremos trabajando.

Es lo mínimo que una democracia, si quiere merecer ese nombre, les debe.

Enrique Gómez.
Presidente ARMHA.