El Frente Popular: Noventa años de una victoria histórica que iba camino de transformar España, abortada por el golpe de Estado fascista y la guerra

Ayer se cumplieron noventa años de una de las jornadas más decisivas de la historia contemporánea de España. El 16 de febrero de 1936, el Frente Popular se alzó con la victoria en las urnas, devolviendo el poder a las fuerzas republicanas y obreras que habían impulsado, desde 1931, el programa de reformas sociales más ambicioso que el país había conocido hasta entonces.

La victoria del Frente Popular no fue solo un triunfo aritmético en las urnas, sino el reflejo de una sociedad deseosa de democracia y progreso tras un período de retrocesos. Aquel febrero supuso la recuperación de reformas sociales y políticas que habían sido limitadas en años anteriores y puso de aliviar la capacidad de movilización y la fuerza colectiva para transformar la realidad. Para millones de trabajadores, jornaleros y empleados urbanos, significó la posibilidad real de retomar un proyecto que había quedado interrumpido tras el bienio conservador (1933-1935). Aquella noche electoral, en barrios obreros de Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, la celebración no respondía solo a una afinidad política, sino a la expectativa concreta de recuperar derechos perdidos.

La República y la dignidad del trabajo

Desde su proclamación en abril de 1931, la Segunda República Española había situado el trabajo en el centro de su proyecto político. Por primera vez, el Estado reconocía de forma explícita que la estabilidad social dependía de garantizar condiciones dignas para quienes vivían de su salario.

El impulso reformista, liderado en gran medida por el socialista Francisco Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo, dio lugar a medidas que transformaron profundamente las relaciones laborales. Se establecieron los jurados mixtos, órganos paritarios que permitían a obreros y patronos negociar en condiciones más equilibradas, reduciendo el poder unilateral de los empresarios. También se reforzó la jornada laboral de ocho horas, se regularon los contratos y se establecieron mecanismos para evitar despidos arbitrarios.

Estas reformas supusieron un cambio histórico en un país donde, hasta entonces, amplias capas de la población trabajadora carecían de protección efectiva frente a la explotación o la precariedad.

El corazón de la reforma social

La cuestión agraria era, sin duda, el mayor desafío. Millones de jornaleros vivían en condiciones de extrema pobreza, especialmente en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, sometidos a la temporalidad, los bajos salarios y la dependencia absoluta de los grandes propietarios.

La legislación republicana introdujo medidas como la obligación de cultivar las tierras ociosas, el establecimiento de salarios mínimos agrícolas y la prioridad de contratación para trabajadores locales. Estas normas no solo buscaban mejorar las condiciones económicas, sino también otorgar dignidad y estabilidad a una clase social históricamente marginada.

La victoria del Frente Popular en 1936 abría la puerta a acelerar este proceso. Su programa incluía la readmisión de trabajadores despedidos por motivos políticos, la reactivación de la reforma agraria y el fortalecimiento de los derechos sindicales.

Un mandato popular para profundizar en la justicia social

El resultado electoral reflejaba una movilización extraordinaria. La participación fue masiva y el respaldo al Frente Popular fue especialmente fuerte en zonas obreras y rurales. El mensaje era claro: amplios sectores de la sociedad reclamaban la continuidad del proyecto reformista.

Figuras como Manuel Azaña entendieron la victoria como un mandato para consolidar el Estado social que había comenzado a construirse cinco años antes. La prioridad era estabilizar el empleo, reforzar la negociación colectiva y garantizar que el progreso económico no quedara limitado a las élites tradicionales.

Noventa años después, los historiadores coinciden en que el triunfo del Frente Popular representó uno de los momentos de mayor esperanza para las clases trabajadoras españolas. Fue la expresión democrática de un deseo de modernización, justicia social y equilibrio entre capital y trabajo.

Durante aquellos meses de 1936, antes del golpe militar de julio, se intentó retomar el impulso reformista con medidas orientadas a proteger el empleo, restituir derechos laborales y reforzar el papel del Estado como garante del bienestar colectivo.

El resultado electoral no solo supuso un cambio político, sino también un giro inmediato en las condiciones laborales de miles de personas. El Ejecutivo entendía que la estabilidad social dependía, en gran medida, de garantizar empleo, salarios dignos y mecanismos de negociación que equilibraran las relaciones entre trabajadores y empresarios;

Readmisiones masivas y fin de las represalias laborales

Una de las primeras decisiones fue la readmisión obligatoria de trabajadores despedidos por motivos políticos o sindicales durante el periodo anterior. Miles de obreros recuperaron sus puestos en fábricas, talleres, ferrocarriles y explotaciones agrícolas.

La medida no solo tuvo un impacto económico directo, al devolver ingresos a numerosas familias, sino que también restableció el principio de seguridad laboral. Para muchos trabajadores, significó el reconocimiento institucional de que el empleo no podía depender de la afiliación política o la participación sindical.

La negociación colectiva volvió al centro del sistema laboral

El gobierno restauró plenamente los jurados mixtos, órganos formados por representantes de trabajadores y empresarios que regulaban salarios, jornadas y condiciones laborales. Estos organismos, impulsados durante la primera etapa republicana por el entonces ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, permitían resolver conflictos mediante negociación, reduciendo la arbitrariedad empresarial.

Su reactivación tuvo efectos inmediatos. En numerosos sectores se aprobaron subidas salariales, se regularon horarios y se establecieron condiciones mínimas que debían respetarse en todos los centros de trabajo.

Este sistema representaba un cambio profundo respecto a la etapa anterior, en la que los trabajadores carecían de mecanismos efectivos para defender sus derechos.

Mejora de los salarios y condiciones en el campo

El ámbito agrario fue uno de los principales focos de actuación. Millones de jornaleros vivían en condiciones precarias, con empleo estacional y salarios insuficientes.

Tras la victoria electoral, se reforzaron medidas que obligaban a los propietarios a respetar salarios mínimos y a contratar preferentemente a trabajadores locales. Estas decisiones contribuyeron a aumentar los ingresos en zonas rurales y a reducir el desempleo agrario.

Además, se impulsó con mayor intensidad la reforma agraria, que permitió el asentamiento de miles de campesinos en tierras hasta entonces improductivas. El acceso a la tierra ofrecía una alternativa a la dependencia del trabajo temporal y representaba una transformación estructural del sistema laboral rural, y fue, quizás, el principal detonante de la nueva intentona golpista fascista. Se expropiaron grandes fincas improductivas; Se asentaron campesinos en tierras redistribuidas; Se entregaron tierras a miles de familias jornaleras.

Amnistía y reorganización sindical

La amnistía aprobada tras las elecciones permitió la liberación de trabajadores encarcelados por su participación en conflictos sociales. Su regreso facilitó la reorganización de sindicatos y la recuperación de estructuras de representación laboral.

Esto fortaleció la capacidad de negociación de los trabajadores y contribuyó a consolidar el papel de los sindicatos como interlocutores reconocidos dentro del sistema.

El objetivo: consolidar un nuevo modelo laboral

Las medidas impulsadas entre febrero y julio de 1936 formaban parte de un proyecto más amplio de modernización social bajo la Segunda República Española. El objetivo era construir un marco laboral en el que el Estado actuara como garante de derechos básicos, limitando los abusos y promoviendo la estabilidad.

La combinación de readmisiones, subidas salariales, negociación colectiva y reforma agraria supuso una mejora tangible en las condiciones de vida de amplios sectores de la población trabajadora.

Un proceso interrumpido por el golpe de estado fallido y la guerra

Este proceso reformista quedó interrumpido por el golpe militar del 18 de julio de 1936, que puso fin al desarrollo de muchas de estas medidas. Sin embargo, durante aquellos meses, el gobierno surgido de las urnas logró restablecer derechos laborales y sentar las bases de un modelo más equilibrado en las relaciones entre capital y trabajo.

Noventa años después, aquel periodo sigue siendo objeto de estudio como uno de los intentos más significativos de transformar el mundo laboral español mediante reformas democráticas.