Reclaman al Gobierno que sancione a la familia Franco por apropiación indebida del Pazo de Meirás durante décadas

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha determinado que la propiedad del Pazo de Meirás es del Estado. El fallo ha sido adoptado por unanimidad de todos sus miembros. Pero la sentencia dicta que los descendientes del dictador Francisco Franco tienen derecho a ser indemnizados por los gastos “realizados en el inmueble durante el tiempo de su posesión, puesto que no habían sido poseedores de mala fe».

Pero lo que realmente ha ocurrido es que han ocupado durante décadas un bien que no era de su propiedad y ellos deberían ser sancionados por la ocupación y el uso de un recurso que no ha podido ser utilizado por el Estado y eso ha causado un perjuicio a las arcas públicas.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado por registro oficial una reclamación al Gobierno para que impulsen todas las medidas necesarias para que los descendientes del dictador Francisco Franco sean sancionados por la apropiación indebida de un bien público, como es el Pazo de Meirás, y por los perjuicios que ha causado al Estado no haber hecho uso de ese bien público durante décadas.

La ARMH exige además que se recurra ante la decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo de indemnizar a la familia del dictador lo que supone una vulneración del honor de las víctimas de la dictadura porque las somete a la humillante situación de tener que indemnizar a través de los presupuestos del Estado a la familia del responsable de una terrible dictadura, que disfruta de una enorme fortuna construida sobre la violencia y la corrupción política; una realidad que impide aceptar el argumento de la sentencia del Tribunal Supremo de que hicieron uso del Pazo de Meirás de buena fe. 
“Todo eso ocurre en un país en el que miles de sus víctimas siguen desaparecidas después de haber sido asesinadas y sus familias jamás han sido indemnizadas por el Estado”, explica Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de un desaparecido por la represión franquista. “Indemnizar a la familia del dictador atenta contra el honor de las víctimas del franquismo y las somete a una situación humillante. ¿Alguien imagina que una víctima del terrorismo tuviera que indemnizar a la familia de un terrorista”, añade. Y concluye: “El maltrato a las víctimas de la dictadura franquista no tiene límites y es perverso que tengan que indemnizar a través de sus impuestos a quienes disfrutan de una fortuna que tiene en su ADN inmensas violaciones de derechos humanos”.